Octubre de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En octubre se produjeron importantes victorias en la batalla contra la impunidad, una histórica conferencia anti-SLAPP en Estrasburgo y la adopción de una nueva ley de “desinformación” que amenaza la libertad de expresión en Turquía. En el mismo mes también se otorgó el Premio Nobel de la Paz a Ales Bialiatski, defensor encarcelado de los derechos bielorrusos.
La lucha contra la impunidad
Mientras que el 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en octubre se produjeron avances positivos en los esfuerzos por llevar ante la justicia a los involucrados en dos de los ataques violentos contra la prensa más mediatizados de Europa.
El 24 de octubre, un tribunal de Francia condenó a Ali Riza Polat a cadena perpetua por complicidad en el ataque terrorista islamista de 2015 contra la revista satírica Charlie Hebdo. Amar Ramdani, por su parte, recibió una sentencia de 13 años de prisión por conspirar con los atacantes. Ambos hombres habían estado apelando sus condenas de 2020. Hasta la fecha, un total de 14 personas han sido condenadas por su implicación en el ataque a la sede de la revista en París, que dejó 12 muertos y 11 heridos.
El 14 de octubre, un tribunal de Malta condenó a los hermanos Alfred y George Degiorgio a 40 años de prisión cada uno por el asesinato en 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. Otras cinco personas han sido procesadas en relación con el crimen y actualmente están en espera de juicio. Entre las mismas se encuentra el empresario Yorgen Fenech, a quien se acusa de ordenar el asesinato.
Si bien tanto IFEX como otros grupos de libertad de expresión recibieron con beneplácito la noticia de las condenas de los hermanos Degiorgio, nos vimos igualmente obligados a plantear nuestras preocupaciones en el quinto aniversario del crimen, por el hecho de que el gobierno maltés no implementó las recomendaciones de la histórica Investigación Pública sobre el asesinato de Caruana Galizia, y por la exclusión de la consulta pública estructurada sobre propuestas de reformas legales relacionadas con la seguridad de los periodistas y Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP por su sigla en inglés).
El 20 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución haciéndose eco de estas preocupaciones.
El movimiento europeo anti-SLAPP
Daphne Caruana Galizia fue uno de los objetivos más destacados de Europa de las SLAPP (demandas abusivas destinadas a silenciar las voces críticas). Se enfrentaba a aproximadamente 47 demandas activas por difamación en el momento de su muerte en 2017, el año en que comenzó el movimiento europeo anti-SLAPP.
Varios grupos de libertad de expresión, incluidos miembros de IFEX, participaron en este impulso por una legislación anti-SLAPP desde el principio y, en 2021, se lanzó la Case Coalition contra las SLAPP. En abril de 2022, la Comisión Europea propuso una directiva Anti-SLAPP y una recomendación a los Estados miembros. Esta directiva propuesta también se conoce como «ley de Daphne».
Este mes, el 19 de octubre, Case Coalition y el Centro Europeo para la Prensa y la Libertad de los Medios organizaron una histórica y primera conferencia anti-SLAPP [VIDEO] en Europa.
Entre las personas que se presentaron estuvieron la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, la Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, y el Director de la Fundación Daphne Caruana Galizia, Matthew Caruana Galizia.
Después de la conferencia, Case Coalition emitió un llamado a la acción contra las SLAPP, instando a los gobiernos de toda Europa a tomar medidas legislativas y prácticas inmediatas para proteger a los y las periodistas y otras personas consagradas a la vigilancia pública sobre la creciente amenaza de estos juicios abusivos. Puedes ver una lista completa de recomendaciones para la UE, los Estados miembro del Consejo de Europa y los organismos internacionales aquí.
[ Traducción: #HiloLargo Gracias a todos los asistentes a la conferencia europea Anti-SLAPP en Estrasburgo organizada por @CASECoalition y @ECPMF. Preparé una línea de tiempo de eventos que conducen al primer movimiento europeo Anti-SLAPP. Lo comparto aquí para quienes estén interesado/as.]
Si bien los y las periodistas son los objetivos más frecuentes de las SLAPP, es oportuno señalar, antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) de noviembre, que las personas que se dedican al activismo ambiental también se enfrentan regularmente a juicios destinados a silenciarles.
Abundan los ejemplos: en marzo de 2022, una agroindustria en España demandó a Greenpeace España por difamación después de que el grupo ecologista denunciara la contaminación del agua y el suelo causada por una gigantesca granja industrial de vacas; en septiembre de 2020, Valérie Murat, una activista contra los pesticidas en Francia, fue demandada por denigración por parte de la organización interprofesional de vinos de Burdeos después de publicar hallazgos sobre residuos tóxicos de pesticidas en sus productos; En junio de 2020, Kelkos Energy, con sede en Austria, presentó demandas por difamación contra Shpresa Loshaj y Adriatik Gacaferi, activistas ambientales en Kosovo, después de que expresaron su preocupación por el impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos.
Libertad de expresión amenazada antes de las elecciones
Uno de los acontecimientos más inquietantes en Turquía este mes fue la adopción de la llamada «ley de desinformación» (muy seguido denominada «ley de censura»). Esta nueva legislación, que consta de 40 artículos que modifican varias leyes, tipifica como delito la “difusión de información falsa” con penas de hasta tres años de prisión.
Los miembros de IFEX y otros grupos de libertad de prensa han condenado la nueva ley que, en el período previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2023, amenaza con acabar con las críticas en línea, aumentar la autocensura y negar a los ciudadanos el acceso a la información. Los grupos de derechos han señalado cómo el sistema judicial fuertemente politizado de Turquía podría abusar de la ambigüedad en la definición de “información falsa”.
Según entrevistas realizadas por Bianet, varias personas periodistas pretenden seguir ejerciendo su profesión a pesar de todo. Como dijo İzel Sezer, editor jefe de İleri Haber: “Si es necesario, nos comunicaremos a través de señales de humo, pero continuaremos buscando la verdad”.
Es bien conocido el abuso por parte de las autoridades turcas de la legislación antiterrorista para atacar a periodistas y activistas. El 25 de octubre, once periodistas kurdos fueron detenidos en redadas en cinco ciudades como parte de lo que, según las autoridades, era una “operación antiterrorista”.
[ Traducción: El periodista Berivan Altan está entre las numerosas personas arrestadas ayer, incluyendo a los periodistas de Jin News con quienes ha trabajado PEN Noruega. Turquía está ignorando su ley de prensa y las disposiciones constitucionales para la libertad de expresión de la prensa. Estos son arrestos discriminatorios y selectivos de kurdos.]
La mayoría de los detenidos (siete) eran mujeres periodistas. Según la Coalición para la Mujer en el Periodismo (CFWIJ), Turquía actualmente lidera el mundo en la detención de mujeres periodistas: desde principios de año, 28 mujeres periodistas han sido detenidas, un 27% más que la cifra de 2021.
El 14 de noviembre, PEN Noruega organizará un panel de discusión centrado en la resistencia de las mujeres al autoritarismo en Turquía. Los temas que discutirá el panel de mujeres incluyen: el papel de las mujeres que informan en los tribunales, el juicio de Gezi Park y los intentos del gobierno de cerrar las organizaciones contra el feminicidio en Turquía.
Un premio Nobel y sentencias draconianas
En reconocimiento a su trabajo de derechos humanos en Bielorrusia, el defensor de los derechos Ales Bialiatski recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre. Detenido en 2021 como parte de la “purga” de la sociedad civil del presidente Lukashenka, Bialiatski se encuentra actualmente tras las rejas y enfrenta entre siete y 12 años de prisión si es declarado culpable de cargos falsos.
[ Traducción: ÚLTIMAS NOTICIAS: El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el #PremioNobelDeLaPaz 2022 al defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski de Bielorrusia, la organización rusa de derechos humanos Memorial y la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties. #Premio Nobel ]
En octubre continuó el patrón de los últimos meses y varias personas periodistas fueron condenadas a penas de prisión draconianas únicamente por ejercer su profesión o por expresar críticas al régimen de Lukashenka.
El 26 de octubre, Siarhei Satsuk, redactor jefe del sitio web de noticias independiente Yezhednevnik, fue declarado culpable de aceptar un soborno, incitar al odio y abusar del poder o la autoridad: fue condenado a ocho años de prisión. A principios de mes, tres personas que trabajan y han trabajado para la agencia de noticias independiente BelaPAN fueron condenados a duras penas de prisión por una serie de cargos falsos: Andrei Aliaksandrau recibió 14 años, Dzmitry Navazhylau recibió seis años e Iryna Leushyna recibió cuatro años. La esposa de Aliaksandrau, Iryna Zlobina, recibió una sentencia de nueve años.
Actualmente hay más de 1.330 presos políticos en Bielorrusia. Dos de ellos, Maryna Zolatava y Liudmila Chekina (respectivamente editora en jefe y directora ejecutiva del medio de noticias independiente TUT.BY), se agregaron a la creciente lista de “terroristas” de la KGB el 20 de octubre.
La guerra de Polonia contra los derechos reproductivos
En Polonia durante el mes de octubre se cumplió el segundo aniversario del fallo del Tribunal Constitucional de 2020 que aprobó una prohibición casi total del aborto.
Al momento de la sentencia cientos de miles de personas –principalmente mujeres– salieron a las calles para protestar por este ataque a los derechos reproductivos de las mujeres. En muchos casos, la policía dispersó las manifestaciones utilizando la violencia. Desde entonces, los fiscales han presentado una acusación contra tres mujeres, Marta Lempart, Klementyna Suchanow y Agnieszka Czerederecka-Fabin de All-Poland Women’s Strike, quienes encabezaron las protestas. Las tres están acusadas de poner en peligro la salud pública y “causar una amenaza epidemiológica”.
Letta Tayler, de Human Rights Watch, publicó este mes un artículo en el que repasa los últimos dos años y describe lo que la UE debe hacer para presionar a Polonia para que “defienda el derecho a una atención integral de la salud sexual y reproductiva como parte de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales”.
Desde la sentencia de la Corte Constitucional, varias mujeres embarazadas han muerto porque hubo médicos que se negaron a practicar un aborto. Una encuesta reciente mostró que el 65% de la población en Polonia está a favor del derecho al aborto hasta la semana 12 de embarazo.
