Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 28 de septiembre de 2021. Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo, determinar si el periodista fue objeto de represalia por su labor, y enjuiciar a los responsables del crimen, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, […]
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 28 de septiembre de 2021.
Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo, determinar si el periodista fue objeto de represalia por su labor, y enjuiciar a los responsables del crimen, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 19 de septiembre, en la occidental ciudad de Tuluá, un sujeto no identificado armado con pistola entró a un establecimiento donde Montalvo hablaba con un amigo y le disparó cuatro veces al periodista en el pecho, según versiones de prensa e imágenes captadas por una cámara de seguridad. El sicario no robó el establecimiento, sino que huyó de inmediato en una motocicleta, según las versiones citadas.
Montalvo, de 68 años, había trabajado para periódicos y radioemisoras locales, así como para el diario El País, de la cercana ciudad de Cali, desde los años 70. En los últimos años, publicaba casi todas sus informaciones en su página personal de Facebook, la cual cuenta con unos mil seguidores, según su sobrino, Mauricio Altamirano, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.
“Las autoridades colombianas deben hacer todo lo que esté en sus facultades para investigar exhaustivamente el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo, determinar si fue objeto de represalia por su labor, y enjuiciar a las personas responsables del crimen”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben dejar bien claro que se toman en serio los asesinatos de periodistas, pues de lo contrario el ciclo de violencia contra la prensa continuará”.
Altamirano declaró al CPJ que Montalvo informaba con frecuencia sobre denuncias de corrupción y mala gestión que implicaban a funcionarios del Gobierno de Tuluá, y también había escrito sobre los actos de grupos del crimen organizado, como el Cartel del Cilantro, una banda local que presuntamente extorsionaba a vendedores de verduras de la ciudad.
En 2019, un sujeto que montaba una motocicleta golpeó a Montalvo con el casco y le advirtió al periodista que dejara de informar sobre temas delicados, señaló Altamirano.
Altamirano agregó que Montalvo había recibido varias amenazas de muerte por Facebook este año por causa de sus publicaciones. En un caso, un usuario de Facebook no identificado lo amenazó con que “si seguía publicando pendejadas no descansaría hasta que estaba muerto”.
De acuerdo con Montalvo, el periodista no se tomó las amenazas lo suficientemente en serio como para denunciarlas a la Policía.
Durante una visita que el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, realizó a Cali el 20 de septiembre, el funcionario declaró a la prensa que el asesinato “podría estar relacionado” con las denuncias de Montalvo sobre la corrupción en el ámbito político, según versiones de prensa.
El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, frecuente blanco de las críticas de Montalvo, tuiteó que “lamenta profundamente” el asesinato. El CPJ llamó a la Alcaldía, pero nadie contestó la llamada.
Clara Luz Roldán, gobernadora del departamento de Valle del Cauca, al que pertenece Tuluá, anunció una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (USD 26.000) por información que lleve a la captura de los responsables, según versiones noticiosas.
El CPJ le envió un mensaje de texto a la Fiscalía General de la Nación, con sede en Bogotá, la cual está a cargo de investigar el caso, y al comandante de la Policía de Valle del Cauca, pero no recibió respuesta.
