“Condenamos que en Venezuela el gobierno siempre califique de campañas mediáticas y conspiraciones toda información que pueda ser crítica o que señale irregularidades,” dice la Sociedad Interamericana de Prensa.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 23 de abril de 2015.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las demandas judiciales de orden civil y penal que interpuso el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra varios medios nacionales por reproducir información publicada por un medio español.
La Asamblea Nacional aprobó el 21 de abril un informe de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación que rechazó una supuesta campaña mediática de medios nacionales e internacionales contra el presidente de ese cuerpo, Diosdado Cabello. El caso se refiere a las declaraciones de un ex jefe de Seguridad de Cabello, Leamsy Salazar, quien estaría colaborando con autoridades de Estados Unidos que investigan la supuesta implicación de Cabello con el grupo narcotraficante Cartel de los Soles. Esta información fue publicada el 27 de enero por ABC en España y replicada por varios medios venezolanos.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, expresó que “condenamos que en Venezuela el gobierno siempre califique de campañas mediáticas y conspiraciones toda información que pueda ser crítica o que señale irregularidades”. Mohme, director del diario La República de Perú, añadió que “en estos casos el gobierno debería investigar y esclarecer las presuntas denuncias, en lugar de descalificar a los medios y demandarlos por lo que reproducen”. Cabello demandó civil y penalmente a “accionistas, directores, consejo editorial y dueños” del periódico El Nacional, los portales digitales La Patilla y Tal Cual, así como al diario ABC.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, agregó que “esta acción es una muestra más de la facilidad que tiene el régimen para utilizar un aparato judicial condescendiente con la intención de acosar a medios y periodistas, y violar la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a saber los hechos”.
