IFEX-ALC se une a más de 100 organizaciones para denunciar que las medidas del gobierno salvadoreño ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y hostil que dificulta la labor de las defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado denunciamos que tras las medidas decretadas por el gobierno salvadoreño como respuesta a la crisis global de salud provocada por la pandemia de la COVID-19, las agresiones contra organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos en el país se han incrementado de manera notable. En especial, aquellas cometidas en el ámbito digital. Esto ha generado un entorno violento y hostil para las defensoras y ha dificultado la labor que desempeñan.
Durante el gobierno de Nayib Bukele ha sido notable el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta principal para transmitir información institucional. El presidente también se ha valido de los medios digitales para deslegitimar a quienes critican sus políticas, incluyendo mensajes que desacreditan a organizaciones de derechos humanos y el uso de lenguaje misógino.
De acuerdo con los datos del Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones Contra Defensoras (1), tras las medidas tomadas en el contexto de la COVID-19 se ha registrado un incremento de las expresiones y posiciones gubernamentales que ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a aquellas con presencia en medios y redes sociales.
Es especialmente preocupante el incremento de la violencia de género en el espacio digital. Lo anterior, según el registro del Sistema Regional de Monitoreo, ha supuesto un aumento en el número de mujeres defensoras que denuncian acciones de ciber-acoso, difamación, amenazas y descalificaciones públicas. Así, defensoras de derechos humanos y periodistas (principalmente aquellas que han denunciado de manera pública presuntas irregularidades o desacuerdos en la gestión gubernamental de la crisis) han expresado ser el blanco de campañas de desprestigio con alto componente de violencia de género. Además, señalan que en algunos casos los mensajes provienen de cuentas de redes sociales de funcionarios públicos, personas cercanas al gobierno actual o al partido oficial. (2)
Adicionalmente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el 3 de mayo su informe trimestral en el que da cuenta de 54 casos de vulneraciones a la libertad de prensa. Dicho informe indica que 39 de estas situaciones ocurrieron durante la emergencia de marzo-mayo y que al menos 9 de ellas fueron cometidas contra mujeres, identificándose entre las agresiones restricciones al quehacer periodístico, ataques digitales y bloqueos a la información pública.
Otras de las violaciones de derechos humanos que están siendo denunciadas de manera frecuente en el marco de la pandemia son los abusos de carácter policial y la exclusión de los servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos. Las mujeres defensoras no han sido ajenas a estas formas de violencia y desde la Red Salvadoreña de Defensoras se han documentado casos como el de Sara Yamileth Benítez y Ana Cristina Barahona, dos defensoras detenidas y acusadas de romper la cuarentena domiciliar cuando realizaban compras de alimentos y medicinas.
El papel fundamental que han venido desarrollado las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos y las garantías constitucionales en el país cobra especial importancia en el marco de la actual pandemia.
Por ello, exigimos a las autoridades salvadoreñas que, de forma inmediata, adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de derechos y el respeto de las garantías constitucionales y de derecho internacional.
Adicionalmente, y atendiendo a la importancia del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos, solicitamos:
- Al Presidente y a funcionarios del Ejecutivo, que se abstengan de publicar mensajes que estigmatizan y ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, así como mensajes que promuevan la discriminación contra las mujeres.
- Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y al Ministerio de Defensa, tomar medidas para impedir el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
- A la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), “investigar prontamente los hechos denunciados por distintas defensoras y periodistas, que podrían configurar delitos.
- Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), PDDH y a la Fiscalía General de la República, investigar la violencia y discriminación derivada de la defensa de derechos y del ejercicio de la libertad de expresión. así como los casos de detenciones arbitrarias a mujeres, algunas madres de familia, que salen de sus hogares para abastecerse de comida y medicinas, y cuyos menores se encuentran en una situación vulnerable al no tener a sus cuidadoras primarias en sus hogares.
- Que la Policía Nacional Civil responda a sus obligaciones en el marco de esta crisis con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de género y teniendo en cuenta que el trabajo de cuidado, defensa y protección comunitaria en situaciones de crisis, es usualmente liderado por mujeres.
Requerimos también a los organismos internacionales de derechos humanos que se mantengan vigilantes frente a este tipo de hechos y respondan frente a las graves vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en El Salvador.
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(1) Impulsado desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Salvadoreña de Defensoras de derechos humanos.
(2) Más información en: http://im-defensoras.org/es/ (Alertas por los casos de Montserrat Arévalo, Movimiento de mujeres eco-feministas de El Salvador, Camila Portillo, Bertha María DeLeón, Yaneth Estrada y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto)
