(WPFC/IFEX) – Lo que sigue es una carta del WPFC con fecha del 27 de marzo de 2009: Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración Cámara de Representantes Asamblea General de Uruguay Palacio Legislativo Montevideo, Uruguay A la atención de los Representantes Javier Salsamendi, Beatriz Argimón, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari, Diego Cánepa, Luis Alberto […]
(WPFC/IFEX) – Lo que sigue es una carta del WPFC con fecha del 27 de marzo de 2009:
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
Cámara de Representantes
Asamblea General de Uruguay
Palacio Legislativo
Montevideo, Uruguay
A la atención de los Representantes Javier Salsamendi, Beatriz Argimón, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari, Diego Cánepa, Luis Alberto Lacalle, Alvaro Lorenzo, Edgardo Ortuño y Jorge Orrico.
Distinguidos Representantes:
El Comité Mundial de Libertad de Prensa ( http://www.wpfc.org ) – una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo – expresa su gran preocupación ante el estancamiento del proyecto de ley de eliminación de las leyes de desacato y despenalización de las de difamación, ya aprobado por el Senado de la República, sobre todo ahora que la iniciativa está a punto de perder su vigencia parlamentaria.
El proyecto, presentado en julio por el Presidente Tabaré Vázquez, eliminaría los delitos de desacato, ya fueran por escrito o hablados, y afirma expresamente que nadie será castigado por manifestar su discrepancia con la autoridad. Asimismo, se eliminarían los delitos de insultos contra los símbolos patrios y los atentados contra el honor de un jefe de estado extranjero.
Correctamente, el proyecto asimismo despenalizaría los delitos de difamación e injurias cuando las manifestaciones se refieran a «asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público».
La iniciativa también respeta el concepto de la real malicia como baremo fundamental para evaluar estos conflictos, lo cual protegería incluso las afirmaciones inexactas, al «ubicar sus alcances en la voluntad de agraviar o de vulnerar la vida privada de una persona».
El proyecto es resultado del acuerdo amistoso finalizado en septiembre de 2007 entre el Estado Uruguayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la condena de difamación penal contra el periodista Carlos Dogliani, iniciado en su país en marzo de 2004 por el alcalde de la ciudad de Paysandú.
El caso llegó a la Corte Suprema, la cual dictaminó que el derecho al honor de una persona limita el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, los magistrados dictaron que la base fáctica de la información no era una defensa relevante y que incluso una información precisa puede constituir una difamación.
El sistema interamericano correctamente acordó que el Sr. Dogliani fue víctima de una gran injusticia y tras un largo proceso, el Estado Uruguayo accedió a reformar profundamente sus leyes de acuerdo con las directrices de la Comisión.
Han pasado cinco años desde que este lamentable proceso empezó, y las promesas de reforma del Estado siguen estancadas en su ilustre Cámara de Representantes.
Las leyes de desacato constituyen una efectiva arma de intimidación y represión contra el libre flujo de ideas y expresiones. Estas normas son legados de pasados coloniales o autocráticos que encuentran su origen en el Imperio Romano, el cual las creó para proteger al emperador de las críticas del resto de la población.
Las leyes de difamación penal constituyen una espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas de los periodistas uruguayos, quienes arriesgan su libertad y su patrimonio por el mero hecho de cumplir con su obligación de informar al público, tal y como ocurrió con el Sr. Dogliani.
Ambos conjuntos de leyes constituyen un claro desafío a las recomendaciones y jurisprudencia del sistema interamericano de justicia, el cual ha dispuesto que las leyes de desacato deben eliminarse por completo de las legislaciones de estados miembros y que las de difamación deben integrarse en el ámbito civil, y nunca en el penal.
Por tanto, Sres. y Sra. Representantes, les instamos – antes de que el proyecto pierda su vigencia parlamentaria – a que se apruebe el proyecto lo antes posible para que Uruguay se integre al creciente conjunto de países democráticos que ven en estas leyes un desafío cierto contra la libertad de expresión y prensa, sólo superado por las amenazas o ataques físicos contra los medios de comunicación.
Respetuosamente,
E. Markham Bench
Director Ejecutivo
Comité Mundial de Libertad de Prensa
