Enero de 2025 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Una elección presidencial en Bielorrusia; violencia misógina y ataques a la libertad de prensa en Turquía; abogados de Navalny encarcelados en Rusia; un veterano periodista condenado a diez años de prisión en Tayikistán; un periodista palestino-estadounidense detenido en Suiza y deportado; el vicepresidente de la BAJ agregado a listas de personas requeridas por la policía; un año de violaciones a la libertad de prensa en Ucrania; y un llamado a “defender a los caricaturistas y su derecho a crear sin miedo”.
Bielorrusia: los presos políticos en el centro de atención durante las elecciones
El 26 de enero se celebraron elecciones presidenciales en Bielorrusia. Dada la desarticulación por parte del régimen de cualquier tipo de oposición política viable y su continua represión de la disidencia nunca estuvo en duda que los comicios resultarían en la reelección del presidente Alexander Lukashenka.
En los meses previos a la votación de enero se intensificaron los ataques contra voces independientes. En su Informe Mundial 2025, Human Rights Watch (HRW) da cuenta del recrudecimiento de la persecución de los críticos por parte del gobierno de Lukashenka en 2024 y afirma que alcanzó “proporciones inéditas”. Entre las muchas violaciones de derechos que se cometen reiteradamente, HRW destaca la persecución (tanto en el país como en el exilio) de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y críticos de la invasión rusa de Ucrania, así como la tortura y malos tratos de presos políticos (que ascienden a unos 1.240).
En la segunda mitad de 2024 se produjeron varios hechos relacionados con presos políticos en Bielorrusia. Muchos de estos deberían verse como parte de la estrategia preelectoral del régimen de Lukashenka, con la que se buscaba perjudicar a sus detractores y enviar una señal de advertencia a cualquiera que estuviera pensando en postularse como candidato opositor:
- Entre julio y diciembre de 2024, las autoridades liberaron a 237 presos políticos. Al menos otros 20 fueron puestos en libertad en enero de 2025. Según HRW, muchos de ellos “fueron coaccionados para que firmaran una petición oficial de indulto, que incluía una admisión de culpabilidad”.
- A principios de enero, el excandidato presidencial encarcelado Viktar Babaryka fue visto por primera vez desde que fue arrestado en 2020. Desde su detención se encontraba recluido en régimen de incomunicación. El “avistamiento” fue a través de tres fotografías y un breve video en el que envió un saludo a su familia. Hubo un “avistamiento” similar de la líder de la oposición encarcelada Maria Kalesnikava en noviembre de 2024, aunque desde entonces no ha habido noticias de su situación.
- A mediados de enero, cuatro periodistas encarcelados de Radio Free Europe Radio Liberty (RFE/RL) –Yuras Zyankovich, Ihar Losik, Andrei Kuznechyk e Ihar Karnei– aparecieron como “entrevistados” en un programa de televisión estatal en el que se los acusó de “intentar incendiar Bielorrusia”. Las “entrevistas” fueron realizadas por un conocido propagandista del régimen que acompaña frecuentemente a agentes de seguridad del Estado en operativos de detención política. Los cuatro periodistas de RFE/RLse encuentran entre los más de 30 trabajadores de la prensa que a finales de 2024 aún estaban tras las rejas, lo que coloca a Bielorrusia entre los cuatro mayores encarceladores de periodistas del mundo, según el censo publicado recientemente por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Antes de las elecciones presidenciales, Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a Lukashenka de crímenes de lesa humanidad debido a la persecución sistemática de periodistas por parte de su régimen.
A principios de enero, miembros de IFEX conmemoraron el cuarto aniversario de la detención del periodista Andrei Aliaksandrau, quien actualmente cumple una sentencia de 14 años de prisión por cargos falsos. Para difundir su caso, Index on Censorship inició una acción en línea (#FreeAndrei) que incluía un poema escrito por el periodista.
A finales de mes, se informó que Barys Haretski, el exiliado vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ, por sus siglas en inglés), estaba requerido por la policía de Bielorrusia y de Rusia. No se conoce la naturaleza exacta de los cargos en su contra.
Turquía: un año desgarrador para mujeres y periodistas
Ataques a la libertad de prensa
En 2024, el gobierno de Turquía convirtió la vida de los periodistas en “un infierno”, según el Informe de seguimiento de medios publicado recientemente por Bianet.
El informe revela que al menos 25 periodistas y cinco medios de comunicación fueron atacados el año pasado y otros 82 trabajadores de los medios recibieron amenazas. La mayoría de estos ataques a la libertad de prensa fueron perpetrados por individuos y grupos vinculados al Partido Movimiento Nacionalista (MHP), de extrema derecha.
Según la investigación de Bianet:
- Al menos diez periodistas cumplían penas de prisión en 2024;
- Se detuvo a 57 periodistas, que “en muchos casos sufrieron violencia policial y fueron liberados con medidas de control judicial, como prohibiciones de viajar, comparecencias obligatorias o arresto domiciliario”;
- Se condenó a 36 periodistas por los delitos de “insultar a un funcionario público”, “insultar al presidente”, “atacar a efectivos de fuerzas antiterroristas”, “difundir propaganda terrorista” y “pertenecer a una organización terrorista”;
- Se bloqueó el acceso a 3.136 noticias y otros contenidos periodísticos;
- Se impusieron tres prohibiciones de transmisión.
También en enero el proyecto “Periodistas turcos libres”, del Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), publicó una hoja informativa muy útil sobre las violaciones de la libertad de prensa en Turquía cometidas en 2024.
Según datos recopilados por el IPI, al menos 378 periodistas fueron juzgados en 2024. Como en años anteriores, los cargos más comunes contra estos miembros de la prensa fueron los relacionados con terrorismo (38 %), difamación/calumnia (27 %) e “insultos al presidente” (7 %).
El IPI también destaca el preocupante papel desempeñado por la llamada ley de “desinformación” de Turquía (aprobada por el parlamento en 2022), que miembros de IFEX advirtieron que sería utilizada como arma contra los periodistas que trabajan en cuestiones de interés público. El año pasado se iniciaron seis investigaciones contra periodistas invocando esta ley, así como tres detenciones y una condena.
Eso no impidió que en enero parlamentarios del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) argumentaron que la ley de “desinformación” no es lo suficientemente dura, especialmente en lo que respecta a las amenazas a la seguridad cibernética. Este mes, presentaron un proyecto de ley de “seguridad cibernética” que busca tipificar como delito las denuncias sobre filtraciones de datos. Los críticos del proyecto de ley –que prevé penas de prisión de hasta cinco años para quienes sean declarados culpables de crear una “falsa percepción” de una filtración de datos– argumentan que esta norma de redacción ambigua podría utilizarse para atacar a los periodistas de investigación. Casualmente el proyecto de ley surgió tras revelaciones muy vergonzosas de una filtración masiva de datos en 2024 que planteó dudas sobre la capacidad del gobierno turco para proteger la información privada de sus ciudadanos.
Violencia misógina
El problema de Turquía con la violencia misógina también fue puesto de relieve este mes en el inquietante Informe anual de seguimiento de la violencia masculina publicado por Bianet. Las estadísticas correspondientes a 2024 son espeluznantes: el año pasado, agresores masculinos mataron a 378 mujeres, hirieron a 645 y obligaron a otras 772 a prostituirse. Según la investigación de Bianet, hay una mayor probabilidad de que los asesinos sean el marido o pareja de la víctima (70 %) o familiares (17 %). La mayoría de las mujeres (60 %) fueron asesinadas con armas de fuego.
Turquía tiene desde hace largo tiempo un grave problema de violencia misógina: en los casi 15 años transcurridos entre enero de 2010 y noviembre de 2014, al menos 4.179 mujeres murieron a manos de hombres y el número de mujeres heridas por agresores masculinos fue de 7.221. La respuesta de las autoridades al problema ha sido, en el mejor de los casos, inadecuada, y la mayoría de los agresores gozan de impunidad. Paradójicamente, las marchas de mujeres en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, se prohíben sistemáticamente, y las mujeres que marchan a pesar de la prohibición se arriesgan a ser detenidas: al menos 169 mujeres fueron arrestadas en Estambul en noviembre de 2024.
En 2021, Turquía se retiró del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (o Convenio de Estambul). Desde entonces, grupos de derechos de las mujeres han estado exhortando a Turquía para que revierta esa decisión. Es muy poco probable que esto suceda en el futuro cercano: en octubre de 2024, el presidente Tayyip Erdoğan declaró que la retirada del Convenio no había tenido ningún “impacto negativo en los derechos de las mujeres”.
En breve
En Tayikistán, el veterano periodista Ahmad Ibrohim –editor en jefe del semanario independiente Payk– fue condenado a diez años de prisión por cargos muy dudosos de soborno, extorsión y extremismo. El CPJ pidió a las autoridades tayikas “liberar inmediatamente a Ibrohim, junto con otros siete periodistas que cumplen largas condenas por cargos impuestos en represalia, e introducir reformas para cambiar el contexto represivo de los medios de comunicación del país”.
Desde finales de 2023, las autoridades de algunos Estados europeos han demostrado una marcada y dura intolerancia hacia las manifestaciones pro-Palestina. En enero se produjo otro ejemplo destacado de esta actitud cuando el periodista palestino-estadounidense Ali Abunimah fue arrestado en Zúrich (Suiza) y detenido durante tres días previamente a ser deportado. Según Abunimah, que se dirigía a un seminario sobre Palestina cuando fue detenido, nunca le informaron cuáles eran los cargos por los que había sido arrestado (solo que había “ofendido la ley suiza”) y se le negó comunicarse con su familia. Mientras estuvo detenido fue interrogado por agentes de inteligencia suiza. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 condenaron el arresto de Abunimah.
En su balance de 2024, el Instituto de Información Masiva (IMI, por sus siglas en inglés) informó que en ese año había registrado 268 violaciones de la libertad de expresión en Ucrania. La mayoría de ellas (155) habían sido cometidas por fuerzas rusas e incluían asesinatos, heridas, secuestros, ciberataques y amenazas.
En las últimas semanas, legisladores en Rusia han comenzado a extender el alcance de las leyes represivas relacionadas con “agentes extranjeros”, “noticias falsas” y “desprestigio” del ejército: a mediados de diciembre, la cámara baja del parlamento aprobó un proyecto de ley que, si se termina de aprobar, sumará a la lista rusa de “terroristas y extremistas” a personas condenadas por difundir “noticias falsas” o “desacreditar al ejército ruso”; a finales de diciembre, el presidente Vladimir Putin promulgó una ley que endurece las restricciones financieras impuestas a los “agentes extranjeros”; y a mediados de enero, el presidente de la comisión de la Duma Estatal rusa “para la prevención de la influencia extranjera” anunció que el parlamento prepararía una legislación destinada a “llevar a la justicia a agentes extranjeros que viven fuera del país”.
En enero, tres abogados que defendieron al líder de la oposición rusa Alexei Navalny (que murió en una cárcel rusa en 2024) fueron condenados a penas de prisión por falsos cargos de “extremismo”: Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin recibieron penas de prisión de entre tres años y medio y cinco años y medio.
A principios de enero, varios miembros de IFEX conmemoraron los 10 años del ataque terrorista que mató a 12 integrantes del equipo de redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en las oficinas de la publicación en París (Francia) e hirió a otros cuatro. La organizaciónCartoonists Rights emitió un comunicado reafirmando su compromiso de “defender a los caricaturistas y su derecho a crear sin miedo”. La Federación Europea de Periodistas (FEP) pidió una mayor protección para los periodistas. RSF y Cartooning for Peace lanzaron una campaña para concientizar sobre el riesgo que enfrentan los caricaturistas en todo el mundo por el mero hecho de su labor creativa.