(PROBIDAD/IFEX) – El 3 de mayo de 2005, Día Mundial de la Libertad de Expresión, en el central departamento de La Paz, los periodistas Carlos Galeas y Suyapa Banegas (esposos), fueron notificados de un juicio oral y público en su contra, previsto para el mes de septiembre, por difundir en sus espacios noticiosos una información […]
(PROBIDAD/IFEX) – El 3 de mayo de 2005, Día Mundial de la Libertad de Expresión, en el central departamento de La Paz, los periodistas Carlos Galeas y Suyapa Banegas (esposos), fueron notificados de un juicio oral y público en su contra, previsto para el mes de septiembre, por difundir en sus espacios noticiosos una información vinculada con el contrabando de café en la zona, que implica a importantes funcionarios policiales.
También, Jhony Lagos, director del periódico «El Libertador», declaró al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que sigue siendo objeto de intimidaciones y amenazas mediante llamadas anónimas en horas de la noche.
«Estoy siendo objeto de un seguimiento más sutil pero no menos peligroso que lo acontecido en el mes de diciembre», dijo Lagos a C-Libre. En diciembre de 2004, el comunicador social fue objeto de amenazas a muerte y seguimiento en un vehículo desconocido, que valió la intervención de la policía sin que a la fecha se hayan identificado plenamente los responsables de tales amenazas.
En una entrevista concedida a C-Libre en enero de 2005, el Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que las intimidaciones de que era objeto Lagos obedecían al tipo de periodismo de denuncia y crítica que ejercía. «Eso lo tenemos claro», afirmó el ministro.
A seis meses de hecha la denuncia, lo único que se ha aclarado es que las llamadas anónimas hechas al periodista Lagos procedían de una casa cercana a su vivienda particular, que se encontraba vacía sin señales de haber sido habitada, cuando fue cateada (registrada) por la policía hace un mes.
Mientras tanto, el juicio de Galeas y Banegas fue programado para septiembre como resultado del fracaso en febrero de una audiencia de conciliación interpuesta por la fiscal Siomara Benítez que denunció haber sido víctima de difamación y calumnia.
Según la fiscal, los comunicadores la habian imputado en un cuantioso contrabando de café, pero éstos niegan tal acción al aseverar que la persona mencionada en el delito es el esposo de la fiscal, quien funge actualmente como encargado de la aduana de Pasamonos, en la frontera con El Salvador, por donde se efectuaba el contrabando alegado.
Los periodistas Galeas y Banegas presentaron en los noticiarios de la emisora San Miguel, de la iglesia católica, el testimonio de un oficial de policía que junto a otros compañeros investigó el contrabando. Los resultados de la investigación policial arrojaron la participación de altos funcionarios policiales en la zona. Las policías que investigaron el contrabando han sido querelladas por sus jefes policiales, mencionados en los noticieros sobre el delito. El Fiscal del Estado, Ovidio Navarro, anunció una investigación sobre la existencia o no del contrabando de café y la participación de policías en el delito, pero a la fecha se desconocen los resultados.
Linda Hyde, de la defensoría pública y apoderada legal de Galeas y Banegas, dijo que está trabajando en el caso porque tiene las características de ser una amenaza contra la libertad de expresión y «como ellos (los comunicadores) no tienen recursos para pagar una defensa privada, es nuestro deber en calidad de representantes del Estado, asumir su defensa pública».
En conversaciones con C-Libre, los periodistas indicaron que los costos de su defensa eran superiores a unos 30 mil lempiras (aproximadamente 1.600 USD), monto que sobrepasa la capacidad presupuestaria de los comunicadores.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
