Un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión en Europa y Asia Central, según informes de los miembros de IFEX.
Turquía
Mientras que los juicios, arrestos y detenciones de periodistas y voces de la oposición continuaron durante todo el mes, junio vio un desarrollo potencialmente significativo en las relaciones de Turquía con la UE. Un informe presentado por el Relator de Turquía para el Parlamento Europeo Kati Piri (MEP para el Partido Laborista holandés), recomienda que las conversaciones de adhesión con la UE se suspendan de aplicarse las recientes reformas constitucionales de Turquía (estos cambios a la constitución Turca le otorgarían poderes casi dictatoriales al presidente Erdogan).
Suspend #Turkey accession talks if constitutional reforms go ahead unchanged, says @KatiPiri. ???? https://t.co/z5HpTdkSMX pic.twitter.com/blFF7GoT8o
— PvdA Europa (@pvdaeuropa) June 20, 2017
El tweet dice: Suspender las negociaciones de adhesión de #Turquía si las reformas constitucionales se llevan adelante sin cambios, dice @KatiPiri.
El Comité Europeo de Asuntos Exteriores votó el 20 de junio para adoptar el informe, que estaba programado para ir al plenario en julio cuando todos los diputados al Parlamento Europeo votarían el mismo.
Miembros de IFEX nos han mantenido informados respecto de muchos casos significativos relacionados con la libre expresión en el país. Por ejemplo, en junio, sobre el primer juicio de los periodistas acusados de participar en el fallido golpe de Estado de 2016. Varios miembros de IFEX asistieron al juicio en calidad de observadores, incluyendo la Federación Internacional de Periodistas, Human Rights Watch, PEN Internacional, ARTICULO 19, Índice de la Censura, y el Instituto Internacional de Prensa. ARTICULO 19 también presentó una opinión jurídica experta en el juicio de los hermanos Mehmet y Ahmet Altan; la Plataforma de Periodismo Independiente P24 publicó la elocuente y mordaz declaración de defensa de Ahmet Altan.
Organismos de control y medidas de protección
Parece que la UE tomará medidas para introducir acciones destinadas a proteger a los denunciantes en todos sus estados miembros. El 30 de mayo, como parte de una investigación sobre lavado de dinero y evasión de impuestos, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que «en los próximos meses» se presentará una directiva europea con el fin de proteger a denunciantes. El anuncio fue bien recibido por la Federación Europea de Periodistas (FEP), que se ha unido a una coalición de grupos solicitando dicha legislación. Como lo ha señalado la FEP, el escándalo Luxleaks (que vio a periodistas y denunciantes procesados para traer a luz pruebas de evasión fiscal masiva), hace que este tema tenga un carácter urgente.
Junio también vio al Parlamento alemán respaldar las iniciativas de Reporteros sin Fronteras (RFS) para la creación de un Representante Especial de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas. Como informó RFS, diputados del Bundestag pidieron al gobierno «apoyar una iniciativa de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y contra la impunidad, y para promover el establecimiento de un representante especial para supervisar el cumplimiento por parte de los miembros de la ONU con sus obligaciones legales internacionales para garantizar la seguridad de periodistas y que reportará directamente al Secretario General» la iniciativa de RSF ha sido apoyada por muchos miembros de IFEX.
Outside #Germany‘s #Bundestag w/@ReporterOG colleagues today welcoming new resolution on the UN Special Rep for the Safety of Journalists. pic.twitter.com/TC2KYdpAYY
— Rebecca Vincent (@rebecca_vincent) June 23, 2017
El tweet dice: Exterior del #Bundestag de #Alemania hoy (con) colegas de @ReporterOG dando la bienvenida a la nueva resolución sobre el representante especial de la ONU para la Seguridad de Periodistas.
Como informó el Instituto Internacional de Prensa (IPI), los miembros de IFEX una vez más han llamado a la OSCE para que designe a un Representante de libertad de los medios. Dunja Mijatovic abandonó el cargo en marzo, pero no ha habido ningún signo de un reemplazo aún. «La falta de nombramiento de un nuevo titular del mandato corre el riesgo de hacer retroceder el progreso logrado en la protección de la libertad de prensa, lo que debilita los avances en la promoción de sociedades estables, tolerantes y responsables», dijo el IPI. Junto a la IPI en este nuevo llamado estuvieron ARTICULO 19, el Comité para la Protección de Periodistas, la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, Índice de la Censura y Reporteros sin Fronteras.
Luego de la autoritaria y masiva represión por parte de Bielorrusia contra la protesta pública a principios de este año, Human Rights Watch pidió al Consejo de Derechos Humanos renovar el mandato del Relator Especial para Bielorrusia «a pesar de la continua negativa por parte de las autoridades de Bielorrusia a cooperar» con actividades de monitorización.
Una oportunidad perdida en Asia Central
Human Rights Watch también llamó la atención del Secretario General de la ONU Antonio Guterres por no expresar preocupación sobre las violaciones de los derechos humanos durante su gira por Asia Central este mes. De haber estado inclinado a hablar, habría tenido un buen número de casos entre los cuales elegir…
En Kazajstán, Adil Soz reportó que el editor Zhanbolat Mamay (en custodia desde febrero por cargos de malversación falsos) vio su detención preventiva pre-juicio extendida hasta el 10 de julio; Mamay se ha quejado de ser sometido a golpizas y a intentos de extorsión durante su detención. En una nota aparte, Kazajstán parece estar usando tácticas similares a las utilizadas en Macedonia, Bielorrusia y Rusia para impedir que las ONG de derechos hagan su trabajo: Freedom House publicó una declaración condenando este mes a Kazajstán por acosar a tres prominentes ONG a través del sistema de impuestos.
El Comité de Protección de Periodistas pidió a las autoridades de Kirguistán de velar por la seguridad del periodista Ulugbek Babakulov, quien recibió amenazas de muerte luego de su condena pública del uso generalizado de insultos étnicos en los medios de Kirguistán; Irónicamente, Babakulov fue acusado de «incitar al odio étnico» en mayo por plantear la cuestión. Reporteros sin Fronteras condena el acoso y persecución en Kirguizistán de periodistas independientes, entre ellos la censura de la agencia independiente y líder de noticias en línea, Ferghana.
Este mes, la esposa del activista de la oposición uzbeka Nuraddin Jumaniyazov informó que su marido había muerto en prisión en diciembre de 2016. Jumaniyazov había estado enfermo por algún tiempo y había sido encarcelado por cargos de motivación política. Human Rights Watch solicitó a Uzbekistán permitir de inmediato una investigación independiente sobre su muerte.
Brevemente de Hungría, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Rusia
En Hungría, los legisladores aprobaron una nueva ley que reprime a las ONG (el ‘Proyecto de ley sobre la transparencia de las organizaciones financiadas desde el exterior’). Se trata de una legislación similar a la infame ley de Rusia sobre ‘agentes extranjeros’ que obliga a las ONG que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros. Al igual que en Rusia, esto hace parte de una campaña para deslegitimar e impedir el trabajo de las ONG de derechos humanos. La Unión de Libertades Civiles de Hungría declaró de manera valiente que se negaría a cumplir con la nueva ley. PEN Internacional ha condenado la ley por el «efecto escalofriante» que tendría sobre la libertad de expresión. Lydia Gall, de Human Rights Watch, dijo que Hungría estaba «llevando a los valores europeos de paseo», y que la UE necesita tomar medidas más fuertes para hacer retroceder las políticas autoritarias del país.
El periodista ucraniano Stanyslav Aseev desapareció de su casa en Donetsk, en el Este de Ucrania, el 3 de junio de 2017, su familia y amigos temen que haya sido secuestrado por los separatistas pro-rusos. Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas le pidieron a las autoridades en el Este de Ucrania que hagan todo lo posible para localizar a Aseev. La Federación Europea de Periodistas presentó el caso ante la plataforma del Consejo de Europa para la seguridad de los periodistas.
En los talones de la prohibición del mes pasado a los medios sociales rusos en Ucrania, el Instituto de Información de Masas publicó una lista de medios de comunicación que el Ministerio de Política Informativa de Ucrania desearía que se bloqueen.
En un caso que conmocionó a la comunidad internacional de derechos, Afgan Mukhtarli, un periodista azerbaiyano exiliado y que vive actualmente en Georgia, fue secuestrado el 29 de mayo en Tiflis y transportado a Bakú, Azerbaiyán. Lo han puesto en prisión preventiva durante tres meses por sospechosos cargos de haber cruzado la frontera de forma ilegal, por contrabando y agresión a la policía. Los miembros de IFEX escribieron una carta abierta al primer ministro georgiano Giorgi Krvirikashvili, pidiendo una investigación sobre el secuestro. El Instituto para la Libertad y Seguridad (IRFS) pidió la liberación de Mukhtarli e informó de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está considerando presentar una queja con respecto al caso del periodista. El 15 de junio, el Parlamento Europeo adoptó una resolución urgente condenando el secuestro, instando a Georgia a investigar el caso, y también demandando la liberación de Mukhtarli, y otros, detenidos por motivos políticos.
Rusia continúa intentando oprimir las protestas públicas. Índice de la Censura y ARTICULO 19 condenan los arrestos masivos de – según se informa – más de 1.000 activistas contra la corrupción (incluido el líder de la oposición Alexei Navalny), que tuvieron lugar durante las manifestaciones llevadas a cabo a lo largo y ancho de Rusia el 12 de junio.
Sin embargo, también hubo algunas buenas noticias relacionadas con Rusia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de escuchar un caso presentado por tres activistas LGBTQI+ que habían sido procesados bajo la llamada «ley de propaganda gay» de Rusia, dictaminó que la ley era discriminatoria y que los derechos a la libertad de expresión de los activistas había sido violados; a la Federación de Rusia se le ordenó pagar daños y perjuicios por un total de 43.000 €, más gastos e intereses, antes de que transcurran tres meses.