(IPYS/IFEX) – El 30 de octubre de 2007, tres trabajadores del Canal Universitario, antes conocido como ULA TV, tomaron la sede del medio e impidieron el ingreso de otros 36 trabajadores. El canal pertenece a la Universidad de Los Andes (ULA), y es uno de los tres más importantes de la ciudad de Mérida, al […]
(IPYS/IFEX) – El 30 de octubre de 2007, tres trabajadores del Canal Universitario, antes conocido como ULA TV, tomaron la sede del medio e impidieron el ingreso de otros 36 trabajadores. El canal pertenece a la Universidad de Los Andes (ULA), y es uno de los tres más importantes de la ciudad de Mérida, al noroeste del país.
Los trabajadores, identificados como Néstor Angulo, Junior Pernía y Benjamín Ramírez, un ex empleado, justificaron su acción al denunciar que la administración del canal no cumple con sus beneficios laborales, y que se ha modificado la línea informativa al retransmitir información de Globovisión (Caracas) y Americana Televisión (estado Zulia), medios críticos al gobierno. También exigen que los obreros puedan participar en la administración de la empresa.
Canal Universitario se fundó como un medio dirigido a los estudiantes, y transmite producciones académicas, culturales e informativas.
La programación del canal ha sido restablecida parcialmente, gracias a un sistema automático, que opera desde el mismo edificio, que transmite programas grabados e información desde la oficina de comunicaciones de la universidad.
Al canal acudieron, para respaldar a los trabajadores, la diputada oficialista Marcela Máspero, Coordinadora Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, y Juan Carlos Acosta, Coordinador General del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Vigilancia del Estado Mérida
(SIBTRAVIM).
El rector de la ULA, Léster Rodríguez, intentó conciliar con los trabajadores, sin lograrlo. Denunció el hecho ante el Ministerio Público, pero no ha obtenido respuesta.
Por otra parte, el 11 de noviembre una veintena de pobladores amenazó a un grupo de reporteros cuando cubrían el levantamiento de los cadáveres de un niño y un adulto en el barrio de Santa Catalina, Mérida.
Los pobladores los acusaron de tergiversar los hechos. Los periodistas huyeron pero pudieron informar en sus diarios sobre el descubrimiento de los cadáveres.
Los reporteros intimidados fueron Jorge Puentes, del diario «Frontera», Ángel Timaure, del diario «Cambio de Siglo», y a los fotógrafos Giancarlo Vido, del diario «Pico Bolívar», y Rolando González, del «Diario de los Andes».
