La información que funcionarios federales proporcionaron al CPJ sobre evidencia clave en el asesinato de un periodista, Regina Martínez Pérez, parecería como si el estado de Veracruz estuviera fabricando la investigación de un asesinato buscando un chivo expiatorio para su esclarecimiento.
(CPJ/IFEX) – 2 de noviembre de 2012 – Lo que sigue es parte del blog del CPJ:
Por Mike O’Connor/Representante del CPJ en México
Veracruz es un hermoso, extenso y estrecho estado en la costa del Golfo de México donde muchos periodistas están aterrados no sólo por los grupos del crimen organizado que asesinan y ejercen control sino también por el gobierno estatal. El miedo a que funcionarios estatales ordenen asesinarlos por lo que investigan o escriben ha obligado a una decena de periodistas a abandonar el estado, mientras afirman que el terror también paraliza la cobertura periodística a quienes permanecen en Veracruz. Numerosos reporteros que aún trabajan en el estado confirmaron al CPJ que la situación es así.
La información que funcionarios federales proporcionaron al CPJ sobre evidencia clave en el asesinato de más repercusión de un periodista, el caso de Regina Martínez Pérez, una apreciada corresponsal de la respetada revista nacional Proceso, sólo sirve para infundir más temor. Parecería como si el estado de Veracruz estuviera fabricando la investigación de un asesinato buscando un chivo expiatorio para su esclarecimiento, mientras los culpables se salen con la suya. Y éste es un caso donde los periodistas señalan que políticos de alto rango son los que más se favorecerían con la muerte de la reportera.
De acuerdo a los funcionarios federales, el individuo que supuestamente confesó haber matado a Martínez según la procuraduría general del estado aseguró en su primera aparición ante un juez que había sido torturado y su madre amenazada de muerte si no confesaba. El sujeto, Jorge Hernández Silva, retractó su confesión, según los funcionarios federales. Periodistas en Veracruz confirmaron la versión. Su testimonio en los tribunales se produjo el miércoles.
La procuraduría general del estado no respondió los pedidos del CPJ para efectuar comentarios.
