(PFC/IFEX) – El 30 de septiembre de 2003, la jueza de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Nominación de la ciudad de Rafaela en la provincia de Santa Fe, Susana Rebaudengo, ordenó un embargo al equipo de impresión del diario «Castellanos», para cubrir la cantidad de 15 mil […]
(PFC/IFEX) – El 30 de septiembre de 2003, la jueza de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Nominación de la ciudad de Rafaela en la provincia de Santa Fe, Susana Rebaudengo, ordenó un embargo al equipo de impresión del diario «Castellanos», para cubrir la cantidad de 15 mil 668 USD. La orden de embargo se dio como consecuencia del proceso civil contra el rotativo abierto por el intendente de la localidad, Ricardo Peirone, por presuntos agravios contra su honor. El 14 de noviembre, un oficial del juzgado se presentó en las instalaciones de «Castellanos» para notificarles de la orden.
En el año 2001, «Castellanos» publicó una serie de reportajes sobre un vehículo de 30 mil USD que Peirone recibió como regalo por parte del titular de la casa de electrodomésticos Red Megatone. El intendente reconoció el hecho, pero se justificó diciendo que el obsequio fue un reconocimiento por su labor como contador de esa empresa, actividad que, según «Castellanos», realizaba en forma simultanea a su designación en el gobierno local. El periódico también denunció que la casa de electrodomésticos era proveedora de la intendencia de Rafaela, lo que daba lugar a conflictos de intereses. Peirone sintió dañado su honor por las publicaciones de «Castellanos» y eso lo llevó a interponer la demanda.
En una carta enviada a la jueza Rebaudengo, PFC expresó su preocupación por la disposición de embargar la maquinaria de «Castellanos». «El equipo para la producción de noticias no debe ser sujeto de embargo, porque con ello se afecta el derecho a difundir informaciones e ideas libremente y se pone en riesgo la estabilidad económica de los medios de comunicación», señaló PFC al pedir a la jueza Rebaudengo que revoque su decisión sobre el embargo.
PFC además planteó a la jueza Rebaudengo que lo publicado por el diario «Castellanos», sobre el vehículo que recibió de obsequio el intendente Peirone, se basa en hechos ciertos y que por tanto es improcedente el proceso judicial en contra de dicho rotativo. Para imponer una condena civil por agravios contra el honor en caso de funcionarios públicos «debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas», concluyó PFC al citar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta alerta, la carta enviada por PFC, reportajes y otras informaciones relacionadas al caso se encuentran en:
http://www.portal-pfc.org/perseguidos/2003/151.html
