ARTICLE 19 y CENCOS analizan información sobre agresiones a la libertad de expresión y las instancias del estado encargadas de hacer frente a esta problemática.
(ARTICLE 19/CENCOS/IFEX) – México D.F., 10 de febrero de 2010 – El clima de inseguridad que atraviesa México no tiene precedentes. En un ambiente de violencia generalizada la libertad de prensa también ha sido afectada, provocando la ausencia de información objetiva, plural y veraz. Así lo demuestran los ataques que se producen en contra de las personas que ejercen el periodismo, que van desde agresiones físicas, intimidaciones y amenazas hasta desapariciones y homicidios, siendo éstas últimas las violaciones más graves al derecho de la libertad de expresión.
Para entender la problemática y generar propuestas concretas que permitan atender la situación, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica (ARTICLE 19) y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) desarrollaron una metodología con la que se registran y documentan los casos de agresiones a la libertad de expresión que incorpora una visión de derechos humanos. El análisis de la información recabada y de las instancias del Estado mexicano encargadas de hacer frente a esta problemática son los temas abordados en el informe: «Entre la Violencia y la Indiferencia: Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México 2009».
En 2009 se registraron un total de 244 agresiones a la libertad de expresión en contra de periodistas y medios de comunicación en México; 11 periodistas fueron asesinados y una más permanece desaparecida; en ocho de éstos casos cubrían la fuente policial o de política local.
El análisis de las cifras plantea dos elementos principales: la responsabilidad del Estado mexicano y las particularidades de cada entidad federativa. En un 65.67% los supuestos responsables de las agresiones son funcionarios públicos y en un 7.79% integrantes o simpatizantes de partidos políticos. En un 14.34% de los casos no se logró determinar al agresor. En el 6.15% de las agresiones, los grupos del crimen organizado aparecen como supuestos actores responsables, que corresponden a las agresiones más violentas.
De los ataques que corresponden a funcionarios públicos casi en un 60% fueron presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad, donde se incluye al Ejército mexicano (responsable de 26 agresiones) y a diversas corporaciones de policía, tanto ministeriales como de seguridad pública. Por niveles de gobierno, un 72% de los supuestos responsables fueron funcionarios estatales y municipales.
Los estados con mayor número de agresiones son Oaxaca y Veracruz, donde el patrón que se reproduce es en agresiones hacia medios con cobertura local, con responsabilidad de funcionarios públicos municipales mayoritariamente y donde también son agredidos trabajadores de medios cuando vocean o distribuyen diarios. Asimismo, en el caso de Chihuahua, casi la mitad de las agresiones corresponden a efectivos militares.
Sin embargo, teniendo en cuenta parámetros como la densidad de población y gravedad de las agresiones, observamos que sobresalen estados como: Durango (tres asesinatos, donde los ataques sí se vinculan mayoritariamente con el crimen organizado), Michoacán (un asesinato y una desaparición, pero también con dos radios comunitarias agredidas), Guerrero (dos asesinatos) o Sinaloa (un asesinato y agresiones por parte de militares desplegados en operativos de lucha contra el crimen organizado).
El informe analiza también la respuesta del Estado ante la problemática, insuficiente y carente de voluntad política, en base a nulos resultados del trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) en el Poder Ejecutivo. En lo que refiere al Poder Legislativo, el informe analiza la falta de resultados de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de comunicación de la Cámara de Diputados, que no termina de legislar la federalización de las agresiones a libertad de expresión y que a la fecha no tiene integrantes, ni plan de trabajo, así como la pendiente despenalización de los llamados delitos contra el honor que persisten en 17 estados de la República. En lo referente a los organismos no jurisdiccionales, se ubica que la incidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue siendo insuficiente para generar cambios institucionales que ataquen el origen del problema.
Ante este panorama, ARTICLE 19 y CENCOS impulsan las siguientes recomendaciones:
– La elaboración de políticas públicas por parte del Ejecutivo para prevenir las agresiones y proteger a periodistas, comunicadores y comunicadoras mediante la creación de un Comité de Protección de Periodistas con la participación de los gremios de periodistas, instancias no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para salvaguardar la vida y la integridad física de los y las periodistas;
– La reforma y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas;
– Legislar en la materia: federalizar las agresiones a la libertad de expresión y despenalizar los llamados delitos contra el honor en los estados de la República que aún los mantienen;
– Una participación activa de la CNDH en la atención y seguimiento de los casos, así como en el monitoreo de la respuesta general del Estado;
– Implementar las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) al que México fue sometido en 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas;
– Promover la visita oficial de las relatorías de libertad de expresión tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acatar las recomendaciones que de éstas instancias emanen.
