La policía española usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña durante un controvertido referéndum, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas.
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 12 de octubre de 2017.
La policía española usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña durante un controvertido referéndum, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas, dijo hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch recibió muchas acusaciones de un uso injustificado de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre de 2017 y llevó a cabo investigaciones in situ después de la votación para documentar incidentes específicos.
Human Rights Watch habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, de la ciudad de Girona y dos municipios de las provincias de Girona y Barcelona. Human Rights Watch encontró que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía hicieron en ocasiones un uso excesivo de la fuerza en los tres lugares el 1 de octubre, conforme trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación.
«Nuestra detallada investigación de tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en Cataluña», dijo Kartik Raj, investigador de Europa Occidental de Human Rights Watch. «Puede que la policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos».
A pesar de ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España, el referéndum de Cataluña se celebró el 1 de octubre. En toda la región, las dos fuerzas policiales enviadas por el gobierno central, junto con los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, trataron de ejecutar una orden judicial para impedir la celebración del referéndum, pero que también les obligaba a garantizar «la convivencia constitucional». Se enfrentaron en gran medida a manifestantes pacíficos, aunque hubo incidentes en los que algunos respondieron a las fuerzas nacionales con violencia.
Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad. El 2 de octubre el Departamento de Salud de Cataluña estimó que 893 personas habían reportado lesiones a las autoridades. El Ministerio del Interior de España dijo el 1 de octubre que 19 policías nacionales y 14 guardias civiles habían requerido atención médica inmediata y que fueron «innumerables los agentes» que habían sido heridos.
Tras el referéndum, Human Rights Watch documentó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de la Guardia Civil o la policía nacional en una escuela primaria de Girona que estaba siendo usada como centro de votación, y en los municipios de Aiguaviva (provincia de Girona) y Fonollosa (provincia de Barcelona). Human Rights Watch recibió otras denuncias y presuntas pruebas de malos tratos policiales, que no ha podido verificar o examinar en detalle, además de varios casos de agresiones contra agentes de policía por parte de algunos manifestantes.
Las imágenes y fotos publicadas por los medios de comunicación y las que aparecieron colgadas en las redes sociales y que fueron revisadas por Human Rights Watch parecen mostrar muchos otros casos de uso manifiestamente desproporcionado de la fuerza contra personas reunidas pacíficamente en los centros electorales y alrededor de los mismos, expresando su opinión política y, en algunos casos, recurriendo a la resistencia pasiva para obstruir a la policía.
El gobierno español ha insistido en que los agentes del orden actuaron «prudente, apropiada y proporcionadamente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos», y añadió que las actuaciones policiales «no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas». Sin embargo, el 6 de octubre, el delegado del Gobierno en Cataluña expresó pesar y pidió disculpas por las cargas policiales durante una entrevista televisada.
El Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por Human Rights Watch. Dada la tensión actual entre las autoridades centrales y regionales y las preguntas complejas de jurisdicción, España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente, dijo Human Rights Watch. Hasta el 8 de octubre, 23 juzgados de Cataluña estaban examinando denuncias por mala conducta policial, uno de los cuales investigaba denuncias presentadas por 36 personas en relación a 17 lugares en Barcelona.
En Girona (población 98.255), Human Rights Watch entrevistó a 37 personas que habían sufrido o sido testigos de la violencia policial, 15 de las cuales mostraron evidencias de lesiones que, dijeron, fueron provocadas por los malos tratos de la policía. Testigos en el centro de votación del Collegi Verd en la calle Joan Maragall dijeron a Human Rights Watch que poco después de las 9 de la mañana del 1 de octubre, la policía nacional utilizó porras y escudos para cargar repetidas veces contra un cordón humano unido por los brazos para evitar que entraran por la puerta del colegio, golpeando a los manifestantes en las cabezas, los brazos, las piernas y los torsos. La policía no avisó antes de cargar y disparó balas de salva al aire, asustando a los niños que estaban allí presentes.
Las imágenes en video y pruebas revisadas por Human Rights Watch corroboran las declaraciones de los testigos de que una vez dentro del recinto escolar, agentes de la policía nacional golpearon a numerosas personas con porras, provocándoles moretones. Uno de los padres que denunció haber sido golpeado era un policía de los Mossos fuera de servicio, y otro herido era un bombero igualmente fuera de servicio.
También en Girona, en el centro de votación de Sant Narcís, Xevi Gil Rosdevall, un bombero uniformado de 47 años, dijo que una porra de la policía le rompió un brazo. Gil Rosdevall mostró un video sobre el incidente a Human Rights Watch que parecía confirmar que no presentaba ninguna amenaza a la policía.
En Aiguaviva (población 763), Human Rights Watch habló con varios residentes que experimentaron, presenciaron o filmaron casos de violencia policial el 1 de octubre. Aproximadamente a las 3:45 de la tarde, unos 50 policías nacionales entraron en el pueblo donde una multitud de entre 70 y 100 personas estaba reunida comiendo en la plaza del ayuntamiento donde había un colegio electoral.
Para mayor información, Antecedentes y Testimonios selectos por favor sigue leyendo el comunicado de Human Rights Watch.
