Una reflexión de fin de año sobre cuatro cuestiones esenciales en materia de libertad de expresión en Europa y Asia Central durante 2022 -y qué se puede esperar para 2023- producida por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin.
Esta es una traducción del artículo original.
Por momentos terrible, por momentos esperanzador, 2022 fue un año agitado en materia de derechos humanos en Europa y Asia Central. A continuación, compartimos cuatro noticias clave del año pasado que tuvieron un impacto considerable en la libertad de expresión en la región y que nos permiten vislumbrar lo que podemos esperar para 2023.
Ucrania y Rusia: la guerra
Pocas personas negarán que el hecho más importante en la región, por su impacto en la sociedad civil, los derechos humanos y la libertad de expresión, fue la invasión de Rusia a Ucrania en febrero.
Según cifras de las Naciones Unidas (ONU) publicadas en diciembre, hasta esa fecha la guerra había cobrado más de 6.800 vidas entre la población civil y dejado un saldo de cerca de 10.800 heridos. Actualmente, el total de personas refugiadas como consecuencia del conflicto supera los 7,8 millones.
Según concluyó en septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, las fuerzas rusas también han cometido crímenes de guerra, entre ellos violaciones y abusos sexuales, detenciones arbitrarias, deportación de menores a colonias penales y a territorio ruso, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Durante 2022, un grupo de colegas ucranianos del Institute of Mass Information (IMI) elaboró informes mensuales sobre el alto costo que supone la invasión rusa para el periodismo ucraniano. En su informe final de 2022 registró 467 ataques de las fuerzas rusas contra periodistas y medios de Ucrania desde el inicio de la guerra, que incluyen asesinatos, agresiones físicas, secuestros, amenazas de muerte, bombardeos a torres de televisión y el cierre forzado de 216 medios de comunicación. El mismo IMI fue blanco de varios ciberataques, que la organización cree que fueron en represalia “por haber expuesto los crímenes de guerra de Rusia”.
Ha sido particularmente impresionante la cantidad de iniciativas lanzadas durante el año por miembros de IFEX para asistir a sus colegas periodistas de Ucrania y a otros medios que operan en ese país. Entre esas actividades se encuentra la provisión de equipamiento técnico y de seguridad, asistencia para la reubicación, recaudación de fondos y más. Aquí se brinda información más detallada.
Mientras atacaba a Ucrania, el gobierno ruso también lanzó una serie de ataques sin precedentes contra la libertad de expresión, los derechos humanos y la sociedad civil en su propio territorio. Con el objetivo de reprimir cualquier oposición a la guerra, las autoridades bloquearon o prohibieron varios medios independientes, tanto nacionales como internacionales. Además, bloquearon varias plataformas de redes sociales; más de 150 periodistas nacionales e internacionales tuvieron que huir de Rusia; y decenas de miles de manifestantes contra la guerra fueron arrestados, algunos de ellos torturados. Se promulgó una nueva ley que penaliza la difusión de “información falsa” sobre las fuerzas armadas rusas o información que las desacredite. Expertos de la ONU calificaron a esta ley como un intento de imponer un “apagón total” de información sobre la guerra y como un sello de aprobación oficial a la desinformación. Varias personas, entre ellas periodistas y figuras políticas opositoras, fueron imputadas o encarceladas con arreglo a la nueva ley.
Durante este periodo, Rusia también amplió su ya vasta legislación sobre “agentes extranjeros” que las autoridades han estado utilizando desde 2012 para desacreditar u hostigar a grupos de la sociedad civil. Según un análisis de Human Rights Watch (HRW), la definición de “agente extranjero” se ha ampliado tanto que ahora incluye a cualquier persona o entidad que “participe en activismo cívico o, incluso, exprese opiniones sobre las políticas rusas o las acciones de sus funcionarios… siempre que las autoridades aleguen que actuaban bajo influencia extranjera”.
Lo que vendrá
No se avizora un final inmediato de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es probable que aumente la presión contra voces opositoras y de la sociedad civil dentro de Rusia gracias a la recientemente promulgada ley de “agentes extranjeros” y la ley contra la divulgación de “información falsa” sobre las fuerzas armadas.
Los espacios cívicos para las personas LGBTQI+ también se verán cada vez más restringidos, dado que a comienzos de diciembre pasado Putin firmó una ley que amplía la prohibición de la llamada “propaganda gay”. Según explica HRW, esta ley criminaliza prácticamente toda forma de expresión LGBTQI+.
Una mujer sostiene un cartel con fotos de presos políticos bielorrusos, durante una visita de la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, en la Plaza Central de Cracovia (Polonia), el 2 de octubre de 2022. Jakub Porzycki/NurPhoto
Bielorrusia: restricción del espacio cívico y la libertad de los medios
El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania también se ha sentido en la sociedad civil de la vecina Bielorrusia, donde han arrestado y encarcelado a manifestantes antibélicos, muchas veces solo por hacer comentarios en las redes sociales criticando a Putin y la guerra.
Durante todo el año, el Presidente Lukashenko continuó reprimiendo duramente a voces críticas y opositoras.
En su resumen anual, la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) calificó a 2022 como “otro año catastrófico para la libertad de los medios”. Durante la segunda mitad de 2022, varios periodistas recibieron sentencias de prisión draconianas; para el final del año, había más de 30 periodistas tras las rejas (condenados o en prisión preventiva). Para el 31 de diciembre, había 1.448 presos políticos en Bielorrusia.
Durante el año también se produjeron algunos cambios legislativos alarmantes. En mayo, se extendió la aplicación de la pena de muerte al delito de “intento de terrorismo”. Defensores de los derechos humanos condenaron el hecho señalando la vaguedad de la definición de “terrorismo” dada por las autoridades bielorrusas y la frecuencia con que estas usan los “cargos relacionados con el terrorismo para hostigar a las disidencias políticas”. Tal como lo expresó Amnistía Internacional, “quienes se oponen hoy al gobierno se enfrentan a la posibilidad de recibir un disparo si se atreven a alzar la voz”.
En diciembre, el parlamento aprobó un proyecto de ley que, de ser promulgado por Lukashenko, podría usarse contra críticos bielorrusos que residen en el exterior, despojándolos de su ciudadanía.
Por otro lado, en este año también se reconoció la labor de activistas por los derechos humanos y la libertad de prensa. El defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y BAJ, miembro de IFEX, recibió el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano.
Lo que vendrá
El año 2023 comenzó con el inicio del juicio contra Ales Bialiatski y dos compañeros de Viasna, que estaba fijado para el 5 de enero. Arrestados en julio de 2021 en el contexto de la “purga” de la sociedad civil desatada por el Presidente Lukashenko, fueron acusados de “contrabando” de efectivo y de “financiar acciones colectivas que alteran gravemente el orden público”; de ser condenados, podrían recibir una sentencia de hasta 12 años de prisión.
En octubre de 2022, Bielorrusia se retiró del Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que implica que víctimas individuales de violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia que no han obtenido justicia en su país ya no podrán llevar sus denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La decisión entra en vigor el 8 de febrero de 2023.
A fines de diciembre, la agencia de noticias estatal publicó un artículo en el que se sugería que Bielorrusia podría introducir una ley contra la “propaganda gay” similar a la de Rusia. El artículo cita a la Presidenta del Consejo de la República de la Asamblea Nacional, Natalya Kochanova, que apoya dicha ley y que dirigió la campaña electoral de Lukashenko en 2020.
Un manifestante sostiene imágenes que representan a un periodista amordazado, durante una protesta en repudio a una demanda mordaza contra un sitio de noticias, convocada frente al Tribunal de Comercio, en Toulouse (Francia), el 18 de octubre de 2022. Alain Pitton/NurPhoto
Unión Europea: avances contra los casos SLAPP
En años recientes, Europa ha mostrado una creciente voluntad de abordar la amenaza a la libertad de expresión que suponen las demandas estratégicas contra la participación pública (conocidas como SLAPP), que consisten en litigios, casi siempre bajo alegaciones de difamación, interpuestos por personas ricas y poderosas para silenciar a periodistas de investigación y activistas. Durante los últimos años, se han presentado varios cientos de demandas de este tipo en Europa.
Los grupos defensores de la libertad de expresión –entre los que se incluyen miembros de IFEX– bregan desde hace varios años por una ley anti-SLAPP.
En 2022, el movimiento anti-SLAPP europeo logró avances significativos:
En abril, la Comisión Europea propuso a los Estados miembros la adopción de una directiva anti-SLAPP y una recomendación.
En octubre, CASE (la Coalición contra las SLAPP en Europa) y el Centro Europeo para la Prensa y la Libertad de Medios organizaron un evento histórico: la primera conferencia anti-SLAPP en Europa. Luego del evento, la Coalición CASE hizo un llamado a la acción contra las SLAPP, instando a los gobiernos de toda Europa a adoptar medidas legislativas y prácticas inmediatas para proteger a periodistas y otros defensores públicos contra la amenaza de estas demandas abusivas. La lista completa de recomendaciones para la Unión Europea (UE), los Estados miembros del Consejo de Europa y organismos internacionales puede consultarse aquí.
En el año 2022 también hubo acciones contra las SLAPP fuera de la UE. En noviembre, la Coalición Anti-SLAPP del Reino Unido presentó un modelo de ley anti-SLAPP al Secretario de Estado de Justicia británico. Esta ley modelo propone la forma más adecuada para que el gobierno del Reino Unido cumpla con su compromiso (asumido en julio) de reformar la legislación para introducir fuertes medidas contra las SLAPP.
Lo que vendrá
Antes de convertirse en ley de la UE, la directiva anti-SLAPP de la Comisión Europea deberá ser negociada y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Se ha encomendado al Comité de Expertos sobre SLAPP del Consejo de Europa la tarea de redactar una recomendación sobre las SLAPP para fines de 2023. Hace tiempo que las organizaciones miembros de la Coalición CASE lo han estado pidiendo, señalando que la recomendación “debería contener orientaciones claras sobre las medidas necesarias para desalentar las SLAPP y desestimarlas en una etapa temprana, sancionar a quienes las usan o amenazan con hacerlo y brindar apoyo jurídico y financiero a quienes son blanco de SLAPP. También debería orientar sobre cómo prevenir la búsqueda de foros de conveniencia, que permite presentar estas demandas en jurisdicciones que maximizan los costos e inconvenientes para los acusados”.
Policías antidisturbios intentan interceptar la décima Marcha del Orgullo LGBTI+ de Esmirna, en Esmirna (Turquía), el 26 de octubre de 2022. Berkcan Zengin/Gocherimagery/Universal Images Group vía Getty Images
Turquía: una peligrosa ley de “desinformación” y acciones anti-LGBTQI+
En Turquía, en medio de un hostigamiento y una persecución de periodistas y activistas de la sociedad civil que parecen no tener fin, en 2022 se produjeron dos acontecimientos especialmente alarmantes que probablemente tendrán consecuencias a largo plazo para la libertad de expresión y los derechos humanos en general.
El primero de ellos fue la promulgación en octubre de la llamada “ley de desinformación” (con frecuencia apodada “ley de censura”), que consta de 40 artículos que modifican varias leyes y tipifica como delito la “difusión de información falsa”, penándola con hasta tres años de prisión. Grupos defensores de los derechos humanos han señalado que la vaguedad de la definición de “información falsa” podría ser aprovechada por un sistema judicial turco sumamente politizado. Asimismo, han advertido que esta ley conllevaría una mayor autocensura por parte de la ciudadanía y del periodismo. En diciembre, el periodista Sinan Aygül se convirtió en la primera persona arrestada por delitos establecidos en la nueva ley.
El segundo acontecimiento fue el repunte de la homofobia promovida por el gobierno. En un contexto de marchas anti-LGBTQI+ apoyadas por funcionarios electos y comentarios homofóbicos vertidos públicamente por el Presidente Erdoğan, el partido gobernante propuso una enmienda al artículo 41 de la Constitución para ajustar la definición de familia de manera más acorde con los “valores tradicionales”.
Bianet informa que la enmienda propuesta eliminaría del artículo 41 la frase “La familia es la base de la sociedad turca y se fundamenta en la equidad entre cónyuges” y la remplazaría por “La familia se construye entre un hombre y una mujer”. Una abogada dijo a Bianet que la enmienda era la forma que tenía el gobierno de “mostrar los dientes” a las personas LGBTQI+ y que el verdadero objetivo era avivar el odio homofóbico.
El informe 2022 de ILGA-Europe sobre la situación de las personas LGBTQI+ en Europa ubica ahora a Turquía en el segundo lugar entre los peores países de la región en materia de derechos LGBTQI+.
Lo que vendrá
Para junio de 2023 están previstas elecciones presidenciales y parlamentarias y se espera también que se lleve a cabo un referéndum sobre la enmienda del artículo 41. Es muy probable que, a medida que se aproxime el día de la votación, aumente la retórica hostil contra las personas LGBTQI+, colectividad que el Ministro del Interior describió en noviembre como “terrorismo cultural”.
Asimismo, durante los próximos meses podría aumentar desproporcionadamente el hostigamiento de las autoridades hacia activistas y periodistas kurdos, siguiendo con la tendencia de 2022 de arrestos masivos de periodistas de medios kurdos y de prohibiciones de conciertos musicales de artistas kurdos.
Queda por verse cómo impactará a la autocensura en Turquía la ley de “desinformación” de 2022, pero es razonable temer que sea utilizada contra las personas críticas del gobierno ahora que el país se prepara para las elecciones, lo cual supondrá una grave dificultad para acceder a información veraz.
