(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 20 de noviembre de 2006: SIP reclama por decisión judicial en el Perú Miami (20 de noviembre de 2006) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a los reclamos y calificó de censura previa una orden judicial […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 20 de noviembre de 2006:
SIP reclama por decisión judicial en el Perú
Miami (20 de noviembre de 2006) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a los reclamos y calificó de censura previa una orden judicial en el Perú que prohibió al diario Expreso con sede en Lima, publicar información relacionada a un ex ministro de Justicia, quien presentó una querella por difamación contra el director del medio.
Organizaciones peruanas de prensa protestaron la decisión de la jueza del 35 Juzgado Penal de Lima, Mercedes Gómez Marchisio, quien, el 30 de octubre de 2006, ordenó al director del diario Expreso, Luis García Miró, abstenerse de publicar cualquier noticia o reportaje periodístico que tenga relación al ex ministro de Justicia, Diego García Sayán, en el marco de una demanda por difamación contra el empresario periodístico. Sin embargo, tras la polémica generada por la decisión, la jueza limitó la prohibición solo a los temas que agravien o difamen al ex ministro.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, subrayó que «nuestra organización respeta el derecho de cualquier ciudadano a acudir a la Justicia cuando se siente agraviado; no obstante, debe quedar en claro lo sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que el ejercicio de la libertad de prensa no debe estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores que de ese ejercicio se originen».
García Sayán, actual dirigente de la Comisión Andina de Justicia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, demandó por difamación al director de Expreso tras acusarlo de haber liberado terroristas durante su gestión como ministro de Estado. La querella contra el director del diario también pide el pago equivalente a 900.000 dólares.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, expresó que «esperamos que esta resolución inapropiada y el debate generado sobre ella, así como el derecho de los ciudadanos a reclamar ante la Justicia, continúe para el mejor entendimiento del público sobre el derecho a la información y el papel de los medios en una sociedad democrática».
