El 12 de octubre de 2015, la red social Facebook desactivó la cuenta del diario La República luego de que un grupo de usuarios reportaran el supuesto comportamiento abusivo contra personas.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 14 de octubre de 2015.
El 12 de octubre de 2015, la red social Facebook desactivó la cuenta del diario La República luego de que un grupo de usuarios reportaran el supuesto comportamiento abusivo contra personas. El hecho ocurrió en Lima, capital del país.
Por más de 16 horas lapágina quedó desactivada. Se sabe que fueron seguidores del partido de Keiko Fujimori quienes denunciaron los hechos, quejándose por una investigación periodística publicada el día anterior. La nota, basada en fuentes del Poder Judicial y de la Procuraduría Anticorrupción, confirma que los familiares de la candidata a la presidencia de la República continúan en condición de no habidos en procesos por delitos de corrupción. El destape contradice a lo declarado días antes por Keiko Fujimori, quien aseguró que estos casos habían vuelto a fojas cero.
La República recibió la notificación de Facebook de que la página de este diario estaba en condición de «despublicado», por no cumplir con los «Términos y Estándares» de la difusión de contenidos.
La redacción respondió indicando que el contenido del reportaje denunciado como acoso se originaba en una investigación periodística, y que de ninguna manera se trataba de acoso o algo parecido.
El IPYS considera estos hechos como un caso de instrumentalización de un mecanismo que, siendo legítimo en el ámbito de las redes sociales como es el caso de la denuncia de contenidos ilícitos, se ha utilizado para retirar contenidos que no lo son.
“Aprovechando la poca diligencia que establece esa red para evaluar este tipo de denuncias es que se ha logrado estos hechos que violentan la libertad de expresión”, señaló Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del IPYS.
“Siempre es posible reponer la página pero deja fuera más de 16 horas una noticia de interés público. Estos hechos son un riesgo para la libertad de expresión, en este caso por parte de simpatizantes de una agrupación política que intentan evitar que se difundan contenidos que cuestionan sus opciones políticas. Es una conducta antidemocrática y una modo de censura prohibida por la Constitución y los convenios internacionales”, expresó el abogado.
