El Comité para la Protección de los Periodistas condenó la decisión de un tribunal de segunda instancia que ordenó a la periodista Vicky Dávila Hoyos y a la empresa de medios RCN a pagar una indemnización por denuncias difundidas en 2014 sobre presunta corrupción policial.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 29 de octubre de 2020.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó hoy la decisión de un tribunal de segunda instancia que ordenó a la periodista Vicky Dávila Hoyos y a la empresa de medios RCN a pagar una indemnización por denuncias difundidas en 2014 sobre presunta corrupción policial.
El 15 de octubre, un tribunal de apelaciones de Bogotá les ordenó a Dávila, una de las periodistas más conocidas de Colombia, y a RCN pagar una indemnización de USD 43.000 por concepto de daños y perjuicios a la familia de un coronel de la Policía que fue destituido de su cargo después de que Dávila informara sobre denuncias de corrupción contra él, según informaciones de prensa.
La demanda tuvo su origen en reportajes que Dávila emitió el 6 y el 14 de mayo de 2014 para la radioemisora de Bogotá La FM, propiedad de RCN, sobre Jorge Hilario Estupiñán, en ese entonces comandante de Policía del departamento de Casanare, en el oriente colombiano.
Dávila, quien en la época era presentadora y editora de Noticias de La FM, reprodujo una grabación en la cual Estupiñán aparentemente utilizaba su influencia para conseguirle un contrato público a uno de sus amigos, quien suministraría catres y almohadas para las sedes policiales. Dávila también entrevistó al inspector general de la Policía colombiana y le preguntó por qué no se había tomado ninguna medida disciplinaria, como suspender a Estupiñán, pese a que los investigadores de la Policía habían tenido la grabación en su posesión por un mes, según versiones periodísticas. Estupiñán rechazó las acusaciones en entrevista con Dávila, según las versiones periodísticas.
Tras los reportajes de Dávila, Estupiñán fue suspendido temporalmente y luego destituido por “bajo rendimiento”, pero una investigación policial ulterior lo declaró inocente de la acusación de corrupción, según versiones noticiosas. Posteriormente Estupiñán entabló una demanda civil por difamación contra RCN y Dávila, quien ahora dirige el canal de TV por Internet del semanario noticioso de Bogotá Semana.
En entrevista telefónica, Dávila declaró al CPJ que en agosto un tribunal de primera instancia los había declarado inocentes a ella y a RCN. Sin embargo, el 15 de octubre el juez de un tribunal de apelaciones los declaró culpables de dañar “el buen nombre” de Estupiñán y su familia, y ordenó a Dávila y a RCN rectificar sus reportajes y pagar una indemnización de 165 millones de pesos colombianos (USD 43.421).
En una sentencia de 35 páginas, el tribunal culpó a Dávila por la destitución de Estupiñán y afirmó que había obrado “con falta de diligencia profesional”, pues había utilizado el sarcasmo y la ironía en sus informaciones, según versiones periodísticas. El tribunal acusó a Dávila de presionar a la Policía para que disciplinara a Estupiñán, conducta que según el tribunal había desdibujado “los fines y propósitos periodísticos”, y que, sin ella tener la facultad para hacerlo, había actuado como juez, al insinuar que Estupiñán era culpable antes de que un organismo competente tomara una decisión en su caso, de acuerdo con las versiones periodísticas.
“La indemnización impuesta a Vicky Dávila y a RCN en este preocupante fallo puede inhibir la cobertura periodística de temas delicados, lo cual es de suprema importancia para cualquier sociedad bien informada”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Al indicar que los periodistas no pueden informar sobre denuncias de irregularidades antes de que una autoridad tome una decisión, este fallo malinterpreta el crucial papel que la prensa desempeña para mantener a las sociedades informadas y estimular el debate público, y establece un límite inaceptable sobre la libertad de prensa”.
El CPJ llamó al Ministerio de Justicia colombiano pero no recibió respuesta.
Dávila declaró al CPJ que había sido la Policía, no ella, la que decidió destituir a Estupiñán, y expresó que la sentencia del tribunal limitaría seriamente la labor de los periodistas investigativos, pues los obligaría a esperar por una decisión judicial antes de informar sobre denuncias de corrupción.
La sentencia “eliminaría uno de los principios de periodismo investigativo, que tú alertas y tú publicas cuando recibes una denuncia”, Dávila declaró al CPJ.
Como recurso judicial definitivo, declaró Dávila, ella interpondrá una acción de tutela.
En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa, con sede en Bogotá, alertó que el fallo se trataba de “un retroceso en materia de libertad de expresión y de un precedente muy peligroso”.
En un correo electrónico, Javier de Jesús Márquez, asesor jurídico de RCN, declaró al CPJ que RCN utilizaría todos los métodos legales a su alcance para revocar el fallo, inclusive una acción de tutela. Márquez agregó que la decisión violaba derechos constitucionales fundamentales y que traería como consecuencia que el periodismo colombiano perdiera su independencia y sus garantías legales.
