(IPYS/IFEX) – El 24 de agosto de 2006, el Fiscal Superior, Pedro Angulo Arana, solicitó cuatro años de cárcel para el periodista Humberto Ortiz Pajuelo por el delito contra la administración de justicia, bajo la modalidad de encubrimiento real en agravio del estado. La acusación contempla también el pago de 10.000 nuevos soles (aproximadamente 3.200 […]
(IPYS/IFEX) – El 24 de agosto de 2006, el Fiscal Superior, Pedro Angulo Arana, solicitó cuatro años de cárcel para el periodista Humberto Ortiz Pajuelo por el delito contra la administración de justicia, bajo la modalidad de encubrimiento real en agravio del estado. La acusación contempla también el pago de 10.000 nuevos soles (aproximadamente 3.200 USD) por concepto de reparación civil. A Ortiz se le imputa haber ocultado pruebas y negociado su venta en perjuicio de una investigación penal.
El fiscal Angulo, de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ya había archivado la denuncia contra Ortiz, pero reabrió la acusación por orden de la Fiscal Supremo Transitoria en lo Penal, María Loayza Garate, que desaprobó el dictamen del fiscal superior.
En el 2004, el periodista citó en una investigación una grabación audio donde el entonces jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, César Almeyda, estaría extorsionando al general Óscar Villanueva. Según Ortiz, el audio estaba en poder de la fuente que le dio la información. Pero la fiscalía acusó al periodista de ocultar el audio y pretender venderlo a terceros en perjuicio de la investigación que se abrió contra Almeyda.
Para el IPYS la acusación contra Ortiz es injustificada porque su actuación no configura un delito en el ordenamiento legal peruano. Además, la finalidad del periodista fue publicar la información y no encubrirla.
El IPYS sostiene que determinados supuestos de la resolución judicial pueden limitar al periodismo de investigación, pues presumen que la prensa debe entregar a la justicia información sobre un hecho delictivo que aún no es publicada. En ese sentido, IPYS califica el hecho de grave precedente y solicita archivar la denuncia contra Ortiz.
Ortiz reside en Miami y ha afirmado a un diario local que retornará al Perú para ponerse a derecho.
