(IPYS/IFEX) – El Ministerio Público archivo, provisionalmente, la denuncia que el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) presento contra la asociacion Prensa Libre, supuestamente, por utilizar documentos fraguados para culpar a los servicios de Inteligencia de las campañas de acoso a los candidatos presidenciales de oposicion. Beatriz Mejía Mori, abogada de los periodistas, informo que […]
(IPYS/IFEX) – El Ministerio Público archivo, provisionalmente, la denuncia que el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) presento contra la asociacion Prensa Libre, supuestamente, por utilizar documentos fraguados para culpar a los servicios de Inteligencia de las campañas de acoso a los candidatos presidenciales de oposicion.
Beatriz Mejía Mori, abogada de los periodistas, informo que la fiscal especializada en delitos tributarios y aduaneros, Hilda Valladares Alarcon, archivo la denuncia mientras la policía «no encuentre nuevos elementos que acrediten que los hombres de prensa hayan incurrido en delito».
La denuncia contra los miembros de Prensa Libre data de setiembre último, cuando el CSJM los responsabilizo de utilizar documentos fraguados para responsabilizar al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) de ejercer una campaña de persecucion y acoso contra Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio.
De acuerdo con una investigacion sumaria realizada en el CSJM, los informes de «Planes de Operaciones Políticos» presentados por el grupo de periodistas a la opinion pública, el 25 de agosto, «no son auténticos por haber sido burdamente fraguados en su confeccion». Por estos hechos, el ex presidente del fuero militar, Oscar Granthon Stagnaro, denuncio el caso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y, luego, ante el Ministerio Público por los presuntos delitos contra la fe pública y la funcion jurisdiccional en agravio del Estado.
Fuentes militares consultadas al respecto prefirieron mantener en reserva si apelarán la resolucion de la fiscal Valladares Alarcon. Los representantes de Prensa Libre, en tanto, argumentan que el informe que difundieron a través de la congresista Anel Townsend (Somos Perú) es verídico y responsabilizan a las autoridades del fuero castrense de violar sus «derechos a la libertad de expresion y de trabajo».
