(PFC/IFEX) – El 23 de octubre de 2003, el Fiscal General del Estado, Roy Edmundo Medina, presentó a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para que se derogue el artículo 345 del Código Penal referido al delito de desacato. El artículo precitado fija pena de cárcel para quienes menoscaben la imagen del […]
(PFC/IFEX) – El 23 de octubre de 2003, el Fiscal General del Estado, Roy Edmundo Medina, presentó a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para que se derogue el artículo 345 del Código Penal referido al delito de desacato.
El artículo precitado fija pena de cárcel para quienes menoscaben la imagen del presidente de la República y de los funcionarios del gobierno: «Se sancionará con reclusión de dos a cuatro años a quien amenace, calumnie, injurie, insulte o de cualquier otro modo ofenda en su dignidad a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya de hecho, de palabra o por escrito».
Este artículo contraviene la libre emisión del pensamiento establecida en el artículo 72 de la Constitución de la República, porque además advierte que «si el ofendido fuere el Presidente de la República o alguno de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 325, anterior, la reclusión será de tres a seis años».
El Fiscal Medina reconoció que los particulares o los periodistas, a través de los medios de comunicación, deben tener mayor libertad para criticar y señalar los errores que cometen los funcionarios dentro de sus responsabilidades, sin la amenaza de que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal pública contra ellos.
Al acudir a la Sala Constitucional de la Corte para que declare inconstitucional el delito de desacato, es porque «hemos considerado que esta disposición atenta contra la libre expresión del pensamiento», aseguró el Fiscal General, aclarando que existe un límite en relación al respeto del honor e imagen de las personas, pero que estos delitos son de acción privada, por lo que el ofendido podrá actuar por esa vía sin recurrir al Ministerio Público.
