La SIP llamó la atención ante la "escandalosa impunidad" que aún reina en la mayoría de los crímenes contra periodistas.
(SIP/IFEX) – Miami – 29 de julio de 2009 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó la atención ante la «escandalosa impunidad» que aún reina en la mayoría de los crímenes contra periodistas en Colombia, tras un análisis de 16 casos sobre los que la Fiscalía General de la Nación no mostró avances en las investigaciones.
«Los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encuentran suspendidos, archivados o han sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales que han tenido a su cargo la responsabilidad de dar con los responsables. Estos procesos guardan varias semejanzas: son todos crímenes cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009, cuyas investigaciones fueron asumidas por fiscales regionales o seccionales, concluyó una investigación de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia.
La nota explica que «en la gran mayoría de los casos, los fiscales tomaron la decisión de suspender las investigaciones o inhibirse de tomar medidas dentro de los procesos al año de la ocurrencia de los hechos», y agrega que así sucedió en los casos de los periodistas asesinados Rodolfo Julio Torres, Arquímedes Arias Henao, Hernando Rangel Moreno, Álvaro Alonso Escobar, Gildardo Ariza Olarte, Iván Darío Pelayo, Denis Sánchez Lora y Mario Prada Díaz.
Otros procesos de asesinato suspendidos o con resolución inhibitoria son: Alfredo Antonio Matiz, Fabio Leonardo, John Jairo Restrepo, María Elena Salinas, Marco Antonio Ayala, Juan Carlos Benavides, José Nel Muñoz, y Jaime Alberto Madero.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón del diario colombiano El Tiempo, aseveró que «la escandalosa impunidad en los casos de crímenes es un factor que alimenta la violencia contra los periodistas», al tiempo que pidió «mayores esfuerzos para que se haga justicia y no se siga debilitando la libertad de prensa».
Aunque la URR solicitó que los procesos fueran atendidos y reactivados al interior de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Bogotá, no encontró respuesta positiva, y pidió que «los funcionarios investigadores que tuvieron a su cargo estos procesos, expliquen las razones por las cuales, fueron suspendidos o archivados al poco tiempo de la ocurrencia de los hechos. Y en este punto, tampoco ha sido posible una respuesta del ente investigador».
La investigación de la URR también encontró otras semejanzas en los casos referidos, entre estas que «eran periodistas radiales, vinculados a pequeñas emisoras o periódicos de pequeñas poblaciones en las distintas regiones colombianas, con una importante presencia de los grupos armados. Casi todos habían sido objeto de amenazas, y todos habían realizado una denuncia previa a su asesinato».
Sobre estos casos, «la Fiscalía no tiene respuestas. El último informe presentado por la Dirección Nacional de Fiscalías en abril de 2008, se limita a relacionar los nombres de los periodistas asesinados y como última actuación de las autoridades aparece la palabra: suspensión de la investigación o inhibitorio. Desde entonces, esta dependencia de la Fiscalía no ofrece ningún tipo de información», subrayó la nota de la periodista investigativa Diana Calderón, de la URR en Colombia.
