Octubre de 2024 en Europa y Asia Central: edición especial del resumen sobre la libertad de expresión y el espacio cívico dedicada a Rumania, producida por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, y basada en informes y noticias de miembros de IFEX de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Amenazas al espacio cívico rumano; piden a la Corte Penal Internacional que investigue “crímenes de lesa humanidad” en Bielorrusia; resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) exhorta al Reino Unido a llevar a cabo una revisión sobre el trato recibido por Julián Assange; muere en una cárcel rusa la periodista ucraniana Viktoria Roshchyna.
En unas semanas, Rumania celebrará elecciones parlamentarias (el 1 de diciembre) y una primera y segunda vuelta de elecciones presidenciales (el 24 de noviembre y el 8 de diciembre, respectivamente) y en la etapa previa el foco de atención está puesto en el espacio cívico rumano.
Una participación efectiva e informada de la ciudadanía en los períodos electorales requiere de un espacio cívico saludable, en el que se protejan y promuevan la libertad de expresión y el acceso a información confiable. Sin embargo, en Rumania estos dos aspectos del espacio cívico están siendo socavados, a pesar de que el país tiene un sistema democrático de gobierno y medios de comunicación diversos y pluralistas.
Este mes, analizamos algunas de las principales amenazas a la libertad de expresión y el acceso a la información en Rumania y parte del trabajo que miembros de IFEX llevan a cabo para contrarrestar esas amenazas.
Desinformación
Rumania es uno de los países de la Unión Europea (UE) menos resistentes a la desinformación, ubicándose en el penúltimo lugar en una encuesta reciente sobre alfabetización mediática. Esto hace que los rumanos sean especialmente vulnerables a los discursos conspirativos (ya sea difundidos en línea o promovidos por políticos populistas).
Las consecuencias preocupantes de esa vulnerabilidad se pueden ver en un estudio de 2024, que concluyó que más del 48 % de los rumanos creen que en el mundo suceden “muchas cosas muy importantes” de las que no se informa nunca a la gente común y corriente; más del 45 % de los rumanos cree que “existen organizaciones secretas que influyen enormemente en las decisiones políticas”; y más del 30 % de los rumanos están convencidos de que los resultados de las elecciones en los países democráticos están “controlados” y no son producto de la decisión de los votantes.
Varios medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidos miembros locales de IFEX, se dedican a desmentir narrativas falsas y a ayudar a desarrollar resiliencia ante la desinformación en Rumania. El Centro de Periodismo Independiente (CIJ, por su sigla en inglés) ofrece formación en alfabetización mediática para niños, docentes, bibliotecarios y periodistas. ActiveWatch también brinda formación y recursos para combatir la desinformación, con vistas a promover la participación cívica.
SLAPP
En Rumania, las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por su sigla en inglés) siguen planteando un riesgo para periodistas, defensores de los derechos humanos y OSC. Estas demandas –que tienen como objetivo silenciar o intimidar a periodistas y activistas que publican material de interés público– se suelen presentar como acciones civiles de difamación en las que se reclaman daños y perjuicios morales o materiales. Muchos demandantes que interponen SLAPP buscan explícitamente silenciar a sus demandados pidiendo a los tribunales que les prohíban hacer más declaraciones públicas sobre los casos en cuestión.
Según Reporteros sin Fronteras (RSF), el número de estas demandas abusivas está aumentando. Los demandantes son generalmente políticos y empresarios poderosos. Entre los operadores inmobiliarios hay una tendencia reciente a presentar SLAPP contra OSC y periodistas. Por ejemplo, el medio de investigación Context.ro fue demandado en febrero de 2024 por un empresario local que reclamaba 3,4 millones de euros en daños y perjuicios morales y materiales, aduciendo que había perdido un contrato luego de que el medio publicara una investigación que denunciaba que el empresario había recibido 2 millones de euros del Estado para la construcción de un campo de golf inexistente.
Captura política de los medios
Una misión a Bucarest realizada por miembros de la plataforma Media Freedom Rapid Response (MFRR), en junio de 2024, concluyó que “la cobertura mediática de las campañas electorales de Rumania se ve seriamente comprometida por la captura política, y los medios no brindan la información política justa y equilibrada necesaria para que el público tome decisiones electorales informadas”.
La principal herramienta de captura de los medios es la provisión de financiación estatal a los partidos políticos, que luego se utiliza para pagar a los medios por contenidos de “prensa y propaganda”. Según el MFRR, esta práctica moviliza sumas considerables: aproximadamente 24 millones de euros en 2023, “y se prevé que [los montos] aumenten significativamente en 2024”.
Varios grupos de libertad de prensa y periodistas independientes han destacado la falta de transparencia sobre qué partidos financian qué medios de prensa, las cantidades de dinero que se manejan y el tipo de contenido que se compra. Aunque conforme a las reglas de las campañas electorales se deben presentar informes detallados sobre el gasto de los partidos políticos, los montos de dinero que invierten entre campaña y campaña no se divulgan.
Si bien por ley los partidos políticos tienen prohibido comprar contenido editorial directamente a las emisoras fuera del período electoral, suelen eludir esa prohibición contratando agencias de publicidad independientes. Durante estos períodos, los medios que reciben el dinero rara vez informan al público que su cobertura favorable a un partido político fue pagada por ese partido. En los últimos años, ha habido al menos un caso de un periodista destacado que admitió haber recibido dinero por producir contenido que favorecía a un partido político en particular, sin que ese contenido fuera presentado como publicidad política.
En su informe “Partidos políticos, dinero y medios: una relación tóxica” ActiveWatch profundiza sobre este tema.
Obstrucción burocrática
Según un informe de CIJ, el acceso a la información es una de las preocupaciones sobre la libertad de expresión más apremiantes para los periodistas rumanos.
Desde hace casi 23 años rige la Ley 544/2001, que garantiza “el acceso libre e irrestricto de [toda] persona a cualquier información de interés público”. Pero, según el CIJ, “parecería que nunca ha sido tan difícil obtener información de interés público, ya sea a través de solicitudes de periodistas o [a través de] conferencias de prensa de las autoridades”.
Los periodistas describen interminables batallas que deben librar para obtener información de las instituciones públicas. Quienes solicitan información invocando la Ley 544/2001 se topan con frecuencia con un muro de dilación y evasión burocrática, en el que se suele invocar, cínicamente, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El RGPD, como dijo un periodista al CIJ, ha sido “secuestrado y desviado de su propósito, convirtiéndose en una herramienta antitransparencia”.
Ante tales obstáculos, los periodistas se ven a veces obligados a entablar demandas para acceder a la información que requieren. Sin embargo, el proceso judicial en sí mismo supone más retrasos, y cuando el periodista finalmente obtiene la información que solicitó originalmente, la noticia ya hace tiempo que dejó de tener actualidad o el público perdió interés.
Para conocer más sobre este tema, incluida una discusión sobre instancias en las que las instituciones se niegan a cumplir con un fallo judicial que las obliga a divulgar información, se puede ver el video reciente del MFRR titulado “La lucha por la transparencia: periodistas rumanos sobre fallas en la libertad de información”.
Ataques a periodistas
Si bien hay pocos casos documentados de incidentes graves de seguridad ocurridos en los últimos años, los periodistas que cubren temas políticos o investigan grandes proyectos empresariales siguen corriendo riesgo de sufrir ataques.
Estos ataques suelen darse en forma de difamaciones, acoso cibernético y amenazas verbales o digitales, y los objetivos más frecuentes suelen ser mujeres periodistas. En su reciente misión a Rumania, los socios del MFRR constataron que en todos menos uno de los casos detectados de persecución o acoso a periodistas, el objetivo era una mujer. También fue patente la falta de protección adecuada para esas periodistas por parte de las autoridades.
El ejemplo reciente más destacado de este tipo de ataque contra mujeres periodistas es el caso de Emilia Șercan. Luego de exponer un plagio cometido por el ex primer ministro Nicolae Ciucă y otros destacados líderes políticos y militares, la periodista fue blanco de una descarnada campaña de difamación, que incluyó la publicación no autorizada de fotografías privadas en internet. Tras una investigación policial plagada de deficiencias, en la que no se responsabilizó a nadie, se cerró el caso.
Miembros de IFEX y otros sugirieron que había habido un “intento deliberado de frustrar la investigación y proteger a los autores del delito”. También había sospechas fundadas de que agentes de policía estuvieron involucrados en la campaña contra Șercan y de que los partidos políticos habían pagado por difamaciones en línea contra la periodista.
Sin embargo, en septiembre de 2024, un tribunal falló a favor de reabrir la investigación sobre el acoso a Șercan. En su sentencia, los jueces vincularon explícitamente los ataques a Șercan con su periodismo de interés público y expresaron su preocupación por una posible complicidad policial en la filtración de sus fotografías privadas.
Șercan continúa denunciando casos de plagio cometidos por altos funcionarios.
En breve
El 30 de septiembre, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que abriría una investigación preliminar contra Bielorrusia luego de que Lituania le solicitara que investigara presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Alexander Lukashenka. En su remisión al fiscal, Lituania afirmó que estos crímenes incluyen “la deportación, persecución y otros actos inhumanos” que fueron “cometidos contra la población civil de Bielorrusia”.
Mientras tanto, la persecución de los medios independientes continúa: en octubre las autoridades bielorrusas confiscaron propiedades de periodistas exiliados; añadieron a periodistas condenados a la lista de “extremistas”; y acusaron a otro periodista de “alta traición”.
Este mes se reveló que la periodista ucraniana Viktoria Roshchyna había muerto en una cárcel rusa en septiembre. Había sido detenida en agosto de 2023 en territorio ocupado cuando informaba sobre la invasión de Rusia a Ucrania, y luego trasladada a Rusia. Aunque las circunstancias de su muerte no están claras, trascendió que Roshchyna iba a formar parte de un intercambio de prisioneros. Miembros de IFEX exigieron a las autoridades rusas que investigaran y aclararan las circunstancias de la muerte de Roshchyna. Profesionales de los medios en Ucraniana pidieron a las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se ocupen urgentemente tanto de este caso como de la situación de todos los periodistas ucranianos detenidos por Rusia.
En octubre, el fundador de WikiLeaks Julian Assange habló en público por primera vez desde su liberación en junio. Dirigiéndose a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), describió su experiencia en prisión y se refirió a la amenaza que supone para la libertad de prensa la causa en su contra. En este video se pueden escuchar sus declaraciones, seguidas de preguntas y respuestas. Luego de su intervención, los integrantes de la APCE adoptaron una resolución por la que se reconoce la calidad de “preso político” de Assange y se afirma que el trato dado por los Estados Unidos y el Reino Unido al periodista atentó contra la protección de trabajadores de la prensa y denunciantes de irregularidades del mundo entero. En la resolución se exhorta a las autoridades del Reino Unido a realizar “una revisión independiente del trato dado a Julian Assange… con miras a determinar si fue sometido a tortura u otros tratos o penas inhumanos o degradantes, en cumplimiento de las obligaciones internacionales” del Reino Unido.
En Rusia, un nuevo y preocupante proyecto de ley que prohíbe la “propaganda” sobre los llamados “estilos de vida sin niños”, fue aprobado en primera instancia en la Duma Estatal. La pretendida prohibición, propuesta por el partido gobernante Rusia Unida abarcaría a los medios de comunicación, la publicidad, las publicaciones, el cine e internet. Las infracciones darían lugar a grandes multas. HRW califica al proyecto de ley de “desastre” para las mujeres y la libertad de expresión, “que obliga a una autocensura generalizada por parte de personas e instituciones, de manera muy similar a lo ya sucedido con la prohibición de la ‘propaganda gay’”.
En Turquía, el Comité de Justicia del Parlamento aprobó el llamado proyecto de ley sobre “agentes de influencia”, que establece duras penas para quienes se sospeche de actividades de “espionaje” o de operar como “agentes extranjeros”. El Instituto Internacional de Prensa pidió que se retirara el proyecto de ley debido a la “grave amenaza” que representa para los medios y la sociedad civil. Se preveía que el proyecto de ley pasara a la Asamblea General del Parlamento para su aprobación antes de finales de octubre.