José Piedra vincula estos hechos con la cobertura que está realizando de la muerte de una adolescente, que derivó en una investigación contra policías y funcionarios de la fuerza.
(FOPEA/IFEX) – El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia y alerta por la persecución policial al periodista José Piedra, de FM Chaco, en la ciudad de Tartagal, en el extremo norte de la provincia de Salta. El periodista relaciona el hostigamiento con la cobertura periodística que realizó de presuntas torturas por parte de efectivos policiales a detenidos.
El 12 de mayo de 2010, Piedra denunció ante la Fiscalía Penal N° 2 de Tartagal, a cargo de Héctor Cabot, que siente temor por su seguridad propia y la de su familia, e hizo responsable por ello a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta.
Alrededor de las 2 de la madrugada de ese día, una cantidad imprecisa de hombres, entre los que fue reconocido un policía, derribaron a golpes el portón de acceso a la vivienda donde Piedra reside con su mujer, su pequeño hijo y su madre ya anciana. Los hombres patearon luego la puerta trasera de la vivienda, la más cercana al dormitorio de Piedra. El periodista no estaba en la casa en ese momento. Los gritos de su esposa alertaron a un vecino, ante cuya presencia los atacantes huyeron. Este vecino, que pidió reserva de su identidad, reconoció a uno de los hombres como integrante de la fuerza policial.
Esa misma madrugada Piedra, que había regresado a su domicilio, volvió luego de apagar los equipos de la radio. Cuando nuevamente retornaba a su casa, alrededor de las 4 de la mañana, a media cuadra del lugar donde funciona FM Chaco se encontró con unos hombres en un automóvil blanco. El periodista escuchó que uno de ellos informó: «Ahí va», y escuchó también la respuesta recibida a través del equipo portátil de radiocomunicaciones: «Bueno, quédense en el lugar».
Cuatro cuadras más adelante estaba detenida una camioneta de la Brigada de Investigaciones, con cuatro o cinco hombres. Uno dijo en voz bastante alta: «A este ya vas a ver lo que le va a pasar». Piedra huyó corriendo. Unas tres cuadras después, apareció otro automóvil, que el periodista reconoció como de propiedad de un policía, y en el que circulaban tres o cuatro personas que no pudo identificar. Los ocupantes del automóvil pasaron a su lado muy lentamente, luego aceleraron tres cuadras, regresaron y se detuvieron. Una vez que el periodista pasó al vehículo, el automóvil arrancó y se fue en sentido contrario al suyo.
Piedra vincula estos hechos con la cobertura que está realizando de la muerte de una adolescente perteneciente a la comunidad originaria Chorote, Evangelina Pisco, que derivó en una investigación contra policías y funcionarios de la fuerza por apremios ilegales agravados por el uso de violencia y amenazas.
Pisco desapareció a principios del mayo y si bien una pariente insistió en que la había visto caer a un pozo de la red cloacal, la policía la detuvo junto a otras dos mujeres y un hombre, orientando la investigación hacia un crimen. Fuentes policiales informaron luego que los detenidos habían confesado el homicidio, detallando incluso que la habían degollado y descuartizado. Sin embargo, seis días después fue encontrado el cuerpo en la red de desagüe cloacal. La autopsia determinó que murió por asfixia por inmersión y que tenía un solo golpe, producido al caer en el pozo.
Alertado por el cacique de la comunidad Chorote Indalecio Calermo, que habló con una de las detenidas, Piedra fue el primer periodista en informar que se podría estar ante un caso de apremios ilegales y vejámenes a los detenidos por la policía como sospechosos del presunto homicidio de Pisco. Y luego emitió en vivo los testimonios de los jóvenes, quienes presentaron denuncias penales contra los policías.
Se presume que estas denuncias habrían sido las que, días antes, generaron que Piedra sea discriminado por la Policía de Tartagal cuando solicitó información por un operativo antidrogas. Esto sucedió el 5 de mayo, cuando la Policía le respondió por teléfono que por orden de la «Superioridad» para él no iba a haber «ni cinco de información».
Piedra dijo que siente temor, por lo que el 13 de mayo su familia salió de la provincia y desde entonces se mueve acompañado por dos personas, todo lo cual está afectando su rutina laboral.
FOPEA no ha obtenido hasta ahora una respuesta sobre el caso de parte del ministro de Gobierno de la provincia de Salta, Pablo Kosiner. Por su parte, el jefe de Policía de Salta, Humberto Argañaraz, se comprometió a responder el 17 de mayo.
FOPEA reclama una urgente intervención de las máximas autoridades de la provincia de Salta y que ofrezcan las mayores garantías de seguridad y tranquilidad a Piedra y a su familia. FOPEA solicita también a la justicia salteña que instrumente todas las medidas necesarias para investigar los hechos y llegar rápidamente a los autores de los mismos, resguardar la seguridad de los afectados y de la libertad de expresión.
