(IPYS/ FOPEA) – Lo que sigue es un comunicado de FOPEA, un miembro provisional de IFEX, con fecha del 8 de junio de 2007, recibido el 26 de junio de 2007: Periodista agredido por hijo de ex militar El 8 de junio el fotógrafo Gabriel Oyarzo, del diario «Rio Negro», fue agredido por el hijo […]
(IPYS/ FOPEA) – Lo que sigue es un comunicado de FOPEA, un miembro provisional de IFEX, con fecha del 8 de junio de 2007, recibido el 26 de junio de 2007:
Periodista agredido por hijo de ex militar
El 8 de junio el fotógrafo Gabriel Oyarzo, del diario «Rio Negro», fue agredido por el hijo de un ex militar quien está procesado por su presunta participación en la represión ilegal durante la última dictadura en la Argentina. El periodista intentaba tomar la imagen del ex miembro de inteligencia Jorge Molina Escurra cuando ingresaba a un juzgado de la ciudad de Neuquén – Patagonia argentina – en el que se sigue la causa judicial.
Oyarzo relató a la agencia de noticias Télam que mientras aguardaba la llegada del militar retirado, un hombre que se identificó como su hijo le impidió sacar fotos. «El tipo salió de un auto con vidrios polarizados estacionado frente al Juzgado y se me abalanzó para que no sacara fotos. Me insultó y me caí, pero igual le pude sacar fotos en ese momento», dijo Oyarzo a la agencia. Instantes más tarde, el agresor continuó con su hostigamiento lanzando amenazas de muerte contra el fotógrafo.
Cuatro días más tarde, acompañado por dirigentes de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y por miembros del Sindicato de Prensa, Oyarzo presentó ante la Fiscalía General de la Provincia más información y fotografías del incidente.
El hecho ocurre en un contexto de alta tensión política en torno a los juicios contra violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar en la Argentina. En los últimos nueve meses el testigo clave en un juicio contra un ex policía desapareció y hasta hoy no hay pistas sobre él, mientras que otros testigos han denunciado amenazas anónimas de muerte. Organizaciones de derechos humanos reclaman al Poder Judicial medidas para agilizar los juicios y garantizar la integridad de los testigos.
