El Instituto Internacional de la Prensa teme que el gobierno de Ecuador esté tratando de obtener apoyo para las medidas que despojarían significativamente a la Relatoría Especial de la OEA para la Libertad de Expresión de su efectividad.
(IPI/IFEX) – Este viernes [8 de marzo de 2013], por invitación del gobierno ecuatoriano, los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reunirán en Guayaquil, Ecuador, para discutir las reformas propuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El desenlace de esta reunión, cuyos resultados serán presentados durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA el 22 de marzo en Washington, podría tener graves consecuencias para la libertad de expresión en el hemisferio occidental.
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) teme que el gobierno de Ecuador esté tratando de obtener apoyo para las medidas que despojarían significativamente a la Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión de su efectividad. Estas medidas, que han sido analizadas de manera independiente por el IPI, debilitarían significativamente la independencia y la posición financiera de una de las voces más formidables de la región en cuanto a la protección de la libertad de prensa.
“Todos los que creen que la libertad de prensa y de expresión son esenciales para el desarrollo democrático en las Américas deberían estar muy preocupados acerca de los cambios propuestos a la Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión. Exhortamos a los Estados que participaran en la reunión de Guayaquil a considerar cuidadosamente las implicaciones de estas recomendaciones, que deberían ser debatidas de una manera abierta y transparente que tome en consideración las opiniones de la sociedad civil”, enfatizó el subdirector del IPI, Anthony Mills.
En junio de 2011, el Consejo Permanente de la OEA autorizó la creación de un Grupo Especial de Trabajo, abierto a los 35 Estados Miembros, con el objetivo de fortalecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH incluye ocho relatorías sobre derechos humanos, entre las cuales se encuentra la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, establecida en 1997.
Después de revisar el año pasado los documentos relevantes del grupo de trabajo, el IPI concluyó que Ecuador había utilizado su participación para llevar a cabo una agenda radical contra la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que previamente había expresado su preocupación acerca de la condena por cargos de difamación penal de los dueños del periódico El Universo. En febrero de 2012, tras la confirmación del veredicto por parte de la Corte Suprema Ecuatoriana, la CIDH dictó una medida cautelar para que el gobierno ecuatoriano suspendiera inmediatamente los efectos de la sentencia.
En diciembre de 2011, Ecuador logró la inclusión en el informe del Grupo de Trabajo de tres propuestas específicas que perjudicarían de forma desproporcionada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, aparentando tener como objetivo las ocho relatorías de forma equitativa.
Las tres propuestas son: (1) incluir los informes de las ocho relatorías en un solo capitulo del informe anual de la CIDH; (2) Asignar recursos financieros equilibrados a todas la relatorías; (3) introducción de un código de conducta que regule a las relatorías de la CIDH.
El IPI considera que los Estados participantes en la reunión de Guayaquil quizá intenten llegar a un consenso sobre el segundo punto, que es potencialmente el más perjudicial para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Los partidarios de esta medida argumentan que el presupuesto relativamente grande de la Relatoría en comparación con las otras siete es un indicativo de cómo a la libertad de expresión se le está dando una prioridad injusta sobre otros asuntos de derechos humanos. Esta percepción, en la opinión del IPI, es errónea.
A diferencia de las otras siete relatorías, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no recibe financiamiento de la CIDH/OEA, sino que depende únicamente de donaciones externas. Esta disposición, que es también ejercida por las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, fue establecida durante la fundación de la Relatoría y es clave para mantener su independencia de los gobiernos cuyas acciones monitorea.
La situación financiera de la Relatoría es por tanto sólo un reflejo de su habilidad para recaudar fondos a favor de las actividades que desempeña. Actualmente la oficina recibe donaciones de varios estados miembros de la OEA, incluyendo los Estados Unidos y Costa Rica, al igual que de los estados no miembros Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Se han sugerido dos métodos para “equilibrar” los recursos financieros: primero, redistribuir todos los recursos internos y externos de manera equitativa entre todas las relatorías; segundo, establecer un Fondo Regular de la OEA para las relatorías que “garantice independencia” de contribuciones externas y asegure un desembolso equitativo.
La primera sugerencia ignora el hecho de que las contribuciones externas casi siempre son asignadas a un objetivo o propósito especifico y no pueden ser redistribuidas a su antojo, por el contrario, esto probablemente llevaría a que sean rechazadas. La segunda sugerencia sometería a la Relatoría Especial a un mayor control gubernamental y complicaría aún más los problemas financieros de la CIDH (el financiamiento oficial de la OEA es suficiente para cubrir sólo 55% de los costos operacionales de la Comisión para todas las relatorías; la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es en lo absoluto la única de las ochos que se beneficia de donantes externos).
Se estima que pedirle a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que rechace o redistribuya los fondos resultaría en una pérdida de casi 90% de su presupuesto, casi deteniendo por completo su indispensable trabajo para la protección de la libertad de prensa y la libertad de expresión en las Américas.
“El argumento de que todos los asuntos concernientes a derechos humanos merecen el mismo tratamiento es una buena frase, pero en este caso está fuera de lugar y es engañoso. La verdad es que si la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pierde su independencia, su habilidad para llevar a cabo su trabajo se ve amenazada. Esto es lo que está en juego es estas discusiones”, añadió Anthony Mills.
Debido a que el debate acerca de las finanzas de la relatoría ha sido tergiversado como una lucha por la igualdad, el IPI considera que esta recomendación corre el riesgo de ser aprobada en la Asamblea General Extraordinaria. El apoyo a esta medida ya parece haberse extendido más allá de Ecuador y su aliado Venezuela. La semana pasada, en una entrevista, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, dijo acerca de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
“En cuanto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el punto que se ha discutido es sobre su financiamiento, más que otra cosa porque los recursos que reciben otras relatorías como la indígena, la de la mujer o de niños son infinitamente inferiores y las relatorías deberían tener un mismo estándar”.
El IPI exhorta a los estados participantes a garantizar que las propuestas en cuestión contribuyan al propósito original de fortalecer los derechos humanos en las Américas y no, como algunos temen, el de satisfacer una agenda política.
