(PERIODISTAS/IFEX) – Los días 20 y 22 de febrero de 2001 los periodistas Nilson Mariano y Altair Nobre, del diario «Zero Hora» de Porto Alegre, sufrieron presiones e intimidacion de parte de oficiales de la Jefatura de Policía. Los funcionarios les exigían que revelaran sus fuentes de informacion en un caso que involucra al flamante […]
(PERIODISTAS/IFEX) – Los días 20 y 22 de febrero de 2001 los periodistas Nilson Mariano y Altair Nobre, del diario «Zero Hora» de Porto Alegre, sufrieron presiones e intimidacion de parte de oficiales de la Jefatura de Policía. Los funcionarios les exigían que revelaran sus fuentes de informacion en un caso que involucra al flamante Corregidor General de la Policía Civil, comisario Pedro Urdangarin.
El 10 de febrero «Zero Hora» publico documentacion oficial sobre un sumario judicial abierto para investigar la denuncia de un agricultor de la localidad de San Jeronimo. El hombre había señalado que un inspector de la policía local lo había extorsionado y que el entonces jefe regional, Urdangarin, no había hecho nada al respecto. El 8 de septiembre de 2000 el oidor de Justicia y de Seguridad, Luiz Goulart Filho, solicito mediante el oficio número 974 que la Corregiduría General de la Policía Civil investigara al comisario por la supuesta comision del delito de «corrupcion pasiva».
Por disposiciones legales el sumario debía mantenerse secreto, pero la documentacion trascendio el preciso día en que Urdangarin asumía como Corregidor General y se convertía, paradojicamente, en titular del organismo que desde septiembre lo estaba investigando.
El 20 de febrero el periodista Mariano fue citado a declarar a la Jefatura de Policía de Porto Alegre. Sin embargo, los oficiales Marcelo Moreira da Silva y Gabriela Monteiro no le pidieron aportes a la investigacion sobre Urdangarin, sino que le exigieron que revelara quién le había suministrado la informacion sobre el sumario secreto. Le advirtieron además que de no hacerlo podría ser procesado por falso testimonio, un cargo que puede ser castigado con multas y hasta con prision.
Como Mariano decidio ejercer su derecho constitucional y su obligacion profesional de no revelar la identidad de su fuente, los policías convocaron a su superior inmediato, el editor Nobre, quien fue interrogado incluso sobre aspectos personales y también bajo advertencia de ser procesado en caso de no responder.
El jefe de gabinete de la Jefatura de Policía, comisario Carlos Santana, considero que se había violado el secreto judicial al conocerse el contenido del sumario y que en consecuencia debía investigarse esa irregularidad. «Constituye un crimen por parte del funcionario que divulgo el documento -sostuvo-. Los periodistas fueron llamados como testigos porque era la única forma de investigar ese delito», pero «al ocultar esa informacion que es jurídicamente relevante para nosotros, puede ser que ellos hayan cometido falso testimonio: en este caso, callar la verdad, pues ellos saben quien entrego el documento».
El hecho fue repudiado por distintas organizaciones y personalidades. El Sindicato de Periodistas do Rio Grande do Sul manifesto su condena a una actitud que es «contraria no solo al codigo de ética de la profesion, sino también a la Constitucion Federal de 1988». En el inciso XIV de su artículo 5, la ley fundamental garantiza el «aceso a la informacion y el resguardo del secreto de la fuente, cuando es necesario al ejercicio profesional».
También la Cámara Municipal de Porto Alegre aprobo por unanimidad una mocion de solidaridad con los periodistas de «Zero Hora» y de repudio contra las presiones policiales. «Si las fuentes fueran reveladas, nadie más va a querer dar informaciones por el miedo a represalia de los afectados», considero el concejal Luiz Braz (PFL), autor de la iniciativa. Por su parte, la diputada estadual Luciana Genro (PT), vice-presidente de la Comision de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, considero que «la libertad de prensa es una conquista de la lucha contra la dictadura y cualquier amenaza a esta conquista es un atentado contra la democracia».
El presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke, envio a PERIODISTAS copia de una carta al gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, Olivio Dutra, donde le manifiesta su repudio: «Si, para nuestra tragedia, fuese transformada en regla la servil y obtusa legalidad propugnada por el jefe de Policía, pasaríamos a vivir tiempos de vasallaje. Vuestra Excelencia sería un tirano, no nuestro Gobernador. Y el jefe de Policía sería su látigo!», advirtio. El Movimiento también presento ante la Procuraduría de Justicia Especializada Criminal una «noticia de crimen», denominacion que se da los pedidos de investigacion. Krischke explico a PERIODISTAS que hasta el 15 de marzo ese organismo tendrá tiempo para decidir si inicia una causa penal por prevaricato y abuso de autoridad contra los comisarios Santana, Moreira da Silva, Monteiro y Jose Antonio Araujo, jefe máximo de la Policía.
«Estamos aguardando el desarrollo de la denuncia impulsada y estamos denunciando los hechos por todos los medios posibles -comento Altair Nobre a PERIODISTAS-. La Comision de Derechos Humanos de la Cámara de Concejales nos convoco a relatar lo ocurrido. Lo importante es que la solidaridad ha sido grande, al punto de poner en aprietos a las autoridades de la Policía y del gobierno por su actitud».
