"Alertamos a la comunidad internacional de este intento de acallar a los periodistas ecuatorianos, pues esta sentencia no es más que una advertencia de lo que puede ocurrir a quienes investigan y denuncian casos de corrupción en el ejercicio del poder," dice Fundamedios
(Fundamedios/IFEX) – El martes 7 de febrero de 2012, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita fueron sentenciados al pago de USD2 millones de dólares (USD1 millón por cada uno) más USD100 mil dólares de pago a los abogados del Presidente de la República, por el supuesto daño moral causado al presidente Rafael Correa, tras la publicación del libro de investigación «El Gran Hermano». La jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, Mercedes Portilla, dictó esta sentencia en primera instancia.
La sentencia se conoció la noche anterior al ser difundida por TC Televisión, canal incautado por el gobierno. Sin embargo, los periodistas condenados no fueron notificados sino hasta el 7 de febrero a las 11:30. Previamente, la sentencia estuvo disponible en la página web de la Función Judicial, de forma parcial y sin la parte resolutiva, desde las 8:30, del 7 de febrero.
La sentencia establece que «En aplicación de las reglas de la sana crítica y de la apreciación en conjunto de la prueba aportada por las partes litigantes; Por estas consideraciones expuestas y fundamentada en lo que disponen los artículos 2232, inciso tercero; 2233; y 2234 de Código Civil; 18, 40 del Código Judicial; 169, 76.1.4 de la Constitución de la República… desechándose las excepciones de los demandados y establecida la inexistencia de reconvención, se declara con lugar la demanda propuesta por el señor economista Rafael Vicente Correa Delgado en contra de los señores Juan Carlos Calderón Vivanco y Christian Zurita Ron, disponiéndose como Resarcimiento o Indemnización, a título de reparación del Daño Moral causado al actor y al pago de un millón de dólares de los Estados Unidos de Norte América que cada demandado pagara al demandante. Con costas en Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica se regulan los honorarios de los abogados defensores del actor».
No obstante el Presidente de la República como acusador y sus abogados no habían aportado ninguna prueba del supuesto daño moral o de los perjuicios causados por los periodistas, salvo su propio testimonio rendido a través de un juramento deferido.
Ramiro Aguilar, abogado defensor de los periodistas aseguró que la sentencia denota claramente que la jueza quiso congraciarse con el presidente. Sin embargo, por la contundencia de las pruebas presentadas, la magistrada no pudo afirmar que lo que se dice en el libro es falso y reconoció que no existía ningún documento que demuestre que el Presidente de la República padeció angustia, daño psicológico o físico y a pesar de estos dos elementos importantes, concluyó que el presidente, por ser presidente y por su juramento, que fue la única prueba presentada, se ha mancillado su honor.
«Ante la imposibilidad de destruir nuestras pruebas, la jueza concluyó en que la sensibilidad del presidente se vio afectada y que esta se probó con su juramento. Es decir que esa sensibilidad cuesta USD2 millones», dijo Aguilar.
El presidente Rafael Correa presentó la demanda en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita el pasado 28 de febrero del 2011 y exigió una indemnización de USD10 millones de dólares, por considerar que el libro, que revela los contratos que mantenía el hermano del Presidente con el Estado, contiene «imágenes suyas y de su hermano sin autorización»; además de hechos falsos que menoscaban, hieren, mancillan mi dignidad y mi buen nombre…».
Aguilar denunció en su momento irregularidades en el proceso, después de que la Jueza Portilla aceptó que el presidente rinda su «juramento deferido» (confesión de sí mismo) como prueba a su favor, algo que legalmente no está permitido. Aguilar comentó que la decisión de la jueza era inadmisible puesto que bajo las leyes del Ecuador, el juramento deferido es pedido por una parte para que la otra jure, pero no se puede pedir este juramento para sí misma y explicó que esta prueba en un juicio civil es decisoria. «Lo que se jura, se sentencia. Por lo cual, resulta absurdo de que el acusador vaya al juzgado, se reciba su juramento y sobre eso se produzca la sentencia», puntualizaba el abogado.
La sentencia se emitió después de que los abogados del Presidente de la República, y sin que se hubiera evacuado todas las pruebas que habían pedido los periodistas.
Fundamedios rechaza este gravísimo atentado contra la libertad de expresión y de prensa que abona al clima de acelerado deterioro de las libertades democráticas y los derechos fundamentales que se produce actualmente en el Ecuador. Alertamos a la comunidad internacional de este intento de acallar a los periodistas ecuatorianos, pues esta sentencia no es más que una advertencia de lo que puede ocurrir a quienes investigan y denuncian casos de corrupción en el ejercicio del poder.
