(PFC/IFEX) – El 24 de febrero de 2004, el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar, declaró sobre su disposición a ratificar las reformas y adiciones al Código Penal aprobadas recientemente por el congreso local, mediante las cuales se penaliza con cárcel los agravios al honor. Ante las preguntas de periodistas, Salazar fue categórico al […]
(PFC/IFEX) – El 24 de febrero de 2004, el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar, declaró sobre su disposición a ratificar las reformas y adiciones al Código Penal aprobadas recientemente por el congreso local, mediante las cuales se penaliza con cárcel los agravios al honor. Ante las preguntas de periodistas, Salazar fue categórico al declarar que «no vamos a despenalizar la difamación», agregando con respecto a las reformas que «no lo vamos a vetar ni vamos a dejar de publicarlo en el Periódico Oficial», según reportaron medios locales.
El 17 de febrero, el congreso local aprobó reformas al Código Penal, entre las cuales se estableció que «se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de cien a mil días de salario a quienes cometan el delito de difamación».
Periodistas locales realizaron el 24 de febrero una marcha en la capital del estado en protesta por las reformas, la que fue acompañada por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y representantes de grupos cívicos. A la conclusión de la marcha, entregaron al gobernador Salazar una petición para que se abstenga de ratificar las reformas y adiciones al Código Penal en cuestión, recomendando que los agravios contra el honor sean tratados en el fuero de lo civil, a lo que el mandatario se negó inmediatamente.
Salazar reveló que en el Chiapas existen al menos 1 mil 700 procesos penales por los delitos de difamación y calumnia, y que en 27 de estos hay periodistas como demandantes o demandados. El gobernador señaló que, si no hay acuerdo sobre las reformas, se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y él acatará la resolución del máximo tribunal.
PFC se sumó a la protesta en contra de las reformas al Código Penal en relación a la penalización de los agravios contra el honor. En una carta dirigida al gobernador Salazar, PFC le pidió reconsiderar su posición. «Penalizar los agravios contra el honor en el caso de personas públicas es un restricción a la libertad de expresión, tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», señaló PFC, agregando que «en América Latina estas leyes son utilizadas principalmente para perseguir y amordazar a los denunciantes de hechos de corrupción y para encubrir irregularidades en la función pública».
PFC advirtió que «no avala los excesos que se comenten en algunos medios de comunicación que conllevan a agravios contra el honor, sin embargo considera que cuando se trata de funcionarios o personas públicas estos casos deben ser resueltos a través del ejercicio eficaz y oportuno del derecho a respuesta, y solo en los situaciones extremas – donde se demuestre que estos medios tuvieron la intención de infligir daño [o] pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o cuando se condujeran con manifiesta negligencia en la búsqueda de la información – mediante la aplicación de sanciones civiles».
La carta enviada por PFC al gobernador de Chiapas se encuentra en:
http://www.portal-pfc.org/comunicados/2004/013.pdf
