El gobierno de Honduras ha mostrado una vez más desprecio hacia la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al inhabilitar profesionalmente al periodista Julio Ernesto Alvarado durante 16 meses el 29 de octubre de 2015.
Este artículo fue publicado originalmente en pen-international.org el 30 de octubre de 2015.
El gobierno de Honduras ha mostrado una vez más desprecio hacia la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al inhabilitar profesionalmente al periodista Julio Ernesto Alvarado durante 16 meses el 29 de octubre de 2015.
La decisión del gobierno de Honduras viola directamente la orden de noviembre de 2014 de la CIDH de suspender dicha inhabilitación por considerar que viola el derecho de Julio Ernesto Alvarado a la libertad de expresión. Además, se burla de las garantías que Honduras hizo a la CIDH de mantener la suspensión de la prohibición en una reunión en Washington D.C. el 21 de octubre de 2015. En esta reunión, el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza, aclaró una vez más que “El Estado de Honduras y el poder judicial están obligados a cumplir [con la sentencia de la CIDH] … para asegurar que no se ejecutará esta sentencia”.
La prohibición es parte de una condena penal dictada como consecuencia de una demanda por difamación presentada contra Alvarado por un funcionario público en el 2006.
“Al llevar a cabo esta suspensión, Honduras demuestra una vez más una falta fundamental de respeto a la libertad de expresión y a la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo Jennifer Clement, presidente del PEN International.
El 20 de octubre, el día antes de la audiencia en la CIDH, a Julio Ernesto Alvarado se le impidió embarcar en un avión de Tegucigalpa a Washington D.C. para asistir a dicha audiencia. Las autoridades del aeropuerto le informaron de que su pasaporte estaba marcado con una ‘alerta migratoria’, lo que significa que no puede salir del país debido a una orden judicial. Cuando pidió que se le informara, se le dijo que la orden judicial estaba ligada a un presunto caso de robo de identidad. El periodista no estaba al tanto de dicha orden judicial y nunca había tenido ningún problema para viajar al extranjero.
En la reunión con la CIDH y el estado de Honduras, Alvarado estaba representado por Dina Meza, su abogada Kenia Oliva –también miembros fundadores de PEN Honduras– y Tamsin Mitchell, Coordinadora de las Américas para PEN International.
En noviembre de 2014, la CIDH otorgó ‘medidas cautelares’ a Alvarado a petición de PEN International y PEN Honduras, ordenando al Estado de Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia penal de 16 meses de Alvarado y la prohibición de la investigación pendiente del caso por la CIDH.
La apelación final de Alvarado contra su condena –que también debería haber sido suspendida en virtud de la orden de la CIDH– fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 4 de septiembre de 2015.
PEN International pide al gobierno hondureño que ponga en práctica de inmediato las medidas cautelares concedidas a Julio Ernesto Alvarado sin más demora.
PEN también insta a la CIDH a declarar el caso de Alvarado admisible para su investigación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
