La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno del presidente Barack Obama mayor acceso a la información pública y trasparencia; al mismo tiempo requirió a la Justicia de Estados Unidos abstenerse de usar a los periodistas como testigos en procesos criminales.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 12 de septiembre de 2016.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno del presidente Barack Obama mayor acceso a la información pública y trasparencia; al mismo tiempo requirió a la Justicia de Estados Unidos abstenerse de usar a los periodistas como testigos en procesos criminales.
Por una iniciativa de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ, por sus siglas en inglés), se envió ayer una carta al secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, en la que 40 organizaciones incluyendo a la SIP, plantearon que ha empeorado el nivel de transparencia del gobierno federal.
La misiva responde a un artículo de opinión de Earnest publicado en el New York Times en el que resalta supuestos avances en materia de transparencia, reclamando a los medios que deben reconocer esos esfuerzos.
Sin embargo, las organizaciones firmantes replicaron que la transparencia se ha deteriorado. Detallan, por ejemplo, que se bloquean peticiones de periodistas para hablar con personal de la Casa Blanca; se retrasan de manera excesiva las respuestas a solicitudes de entrevistas y que las agencias federales excluyen a los reporteros críticos, entre otros puntos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, recordó que la institución viene denunciando el control y la escasa transparencia del gobierno en proveer a la prensa y a la ciudadanía información de interés general de manera expedita, en sus informes semestrales sobre la libertad de prensa en el país.
Manigault, presidente del diario estadounidense The Post and Courier, de Charleston, Carolina del Sur, recordó que el acceso a la información pública es «un deber ineludible de cualquier gobierno democrático y un principio fundamental de la libertad de prensa», como se resalta en la Declaración de Chapultepec.
También semanas atrás, por iniciativa del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés), 58 organizaciones de prensa y medios entre ellos la SIP, urgieron mediante un amicus curiae a una corte de Nueva York revertir una orden judicial que obliga a la periodista de The New York Times, Frances Robles, a declarar en un caso criminal y a entregar sus notas inéditas y apuntes periodísticos.
En octubre de 2013 la periodista entrevistó en prisión a un acusado por violación y muerte de una niña de cuatro años en 1991 quien confesó el crimen a la policía, aunque dijo a Robles que había sido coaccionado.
El amicus subraya que no debe obligarse a los periodistas a presentar testimonio o revelar información, incluso material no publicado, ante tribunales, bajo el argumento de que ello genera un efecto disuasivo en las fuentes y que los periodistas se abstengan de informar sobre asuntos controversiales o no mantengan récords de sus entrevistas .
Según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), a principios de este año un fiscal del Ejército amenazó con citar al periodista Mark Boal y requerir las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con un soldado acusado por deserción. En julio se le ordenó a una televisora de noticias por cable del Bronx entregar segmentos no televisados de una entrevista con un acusado por asesinato.
