(AMARC/IFEX) – El gobierno del presidente Tabaré Vázquez hizo propia una iniciativa de varias organizaciones sociales y expertos que busca para despenalizar los delitos de desacato y difamación e injurias, de forma de «adecuar la normativa», tomando en cuenta «los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos». El proyecto de ley será […]
(AMARC/IFEX) – El gobierno del presidente Tabaré Vázquez hizo propia una iniciativa de varias organizaciones sociales y expertos que busca para despenalizar los delitos de desacato y difamación e injurias, de forma de «adecuar la normativa», tomando en cuenta «los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos».
El proyecto de ley será presentado en pocos días ante el Parlamento a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y modificará algunos artículos de la Ley de Prensa y el Código Penal.
Según el texto publicado en el diario «La República», se propone despenalizar los delitos de difamación e injurias cuando las manifestaciones se refieran a «asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público».
La norma reconoce el derecho del acusado a probar en estos casos, «la verdad de los hechos» e incluso «la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona», lo cual podrá eximirlo de responsabilidad, salvo que se demuestre que actuó con «real malicia». De esta manera, se protegen incluso las afirmaciones inexactas, al ubicar sus alcances en la voluntad de agraviar o de vulnerar la vida privada de una persona.
Entre otras disposiciones, se eliminan también los delitos de vilipendio a los símbolos patrios y de «atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero», y se reconoce el derecho a réplica de cualquier persona ante los medios de comunicación, en condiciones similares a las de la noticia que se pretende responder.
También se modifican disposiciones anacrónicas que se mantienen en la normativa uruguaya, como es el delito de desacato, aunque el gobierno realizó cambios al texto original presentado por la sociedad civil.
El proyecto elimina las ofensas escritas y orales como posibilidad de cometer un delito y afirma expresamente que nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad. Sin embargo, algunas (de las organizaciones civiles) ya han manifestado su desacuerdo con mantener, aunque ha sido limitada respecto a la legislación vigente, la tipificación del delito de desacato por «ofensas reales», por considerarlo contrario a la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, a informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso a jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Una coalición ciudadana trabajó durante varios meses para elaborar una propuesta para adecuar la legislación nacional en materia de libertad de expresión. Estuvo integrada por el gremio de los periodistas (Asociación de la Prensa Uruguaya), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), expertos e integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Los miembros de este grupo han valorado positivamente la voluntad política del gobierno de presentar este proyecto ante el Parlamento, y que éste haya tomado gran parte de su propuesta como la principal referencia para su redacción.
