El Instituto Internacional de Prensa llama al gobierno interino de Venezuela a respetar la libertad de prensa, abstenerse de cualquier forma de acoso a la prensa opositora y a garantizar la seguridad de los periodistas en las próximas elecciones presidenciales.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) hizo hoy [12 de marzo de 2013] un llamado al gobierno interino de Venezuela a respetar la libertad de prensa, abstenerse de cualquier forma de acoso a la prensa opositora y a garantizar la seguridad de los periodistas en las próximas elecciones presidenciales. Los comicios, a celebrarse el 14 de abril, serán una prueba de suma importancia para el estado de la libertad de prensa en una Venezuela post-Chávez.
“Ahora más que nunca el pueblo venezolano tiene el derecho de estar informado sobre los sucesos que están moldeando al país”, comentó el Subdirector del IPI Anthony Mills. “A menos que la prensa venezolana pueda cubrir de manera independiente los asuntos de interés público, los ciudadanos no podrán ejercer su deber democrático en las votaciones. La libertad de prensa y la libertad de expresión deben ser garantizadas en este crítico período de transición”.
Mills exhortó al presidente encargado y ex Vicepresidente Nicolás Maduro a trabajar para prevenir una repetición de los ataques a la prensa durante las elecciones presidenciales del 2012. El año pasado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró más de 173 violaciones a la libertad de prensa, superando con creces los registros de años anteriores. El aumento en los ataques contra periodistas ha sido atribuido a la cobertura de las elecciones en un país fuertemente dividido por diferencias políticas.
El IPI está particularmente preocupado por lo que parece ser un intento de instaurar autocensura en los medios de comunicación por parte del gobierno. El viernes pasado, el Canciller Elías Jaua hizo un llamado a los medios de comunicación privados: «Nosotros le pedimos a los medios privados de comunicación que por favor este no es el momento para dar eco a análisis político que pudiera constituirse en una provocación para este pueblo adolorido». Jaua confirmó que el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, hizo un llamado a los editores a “no repetir la misma falta de respeto” que algunos medios habían sido acusados de mostrar durante el transcurso de la enfermedad de Chávez.
La presidencia de Hugo Chávez Frías fue marcada no sólo por sus acciones altamente públicas como el cierre en el 2007 de la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV). Representantes de los medios en Venezuela resaltaron al IPI ciertos hechos más discretos pero igualmente preocupantes, como el supuesto abuso de los medios públicos de Venezuela para transmitir las ideas del partido en el poder.
“Los medios públicos tienen la responsabilidad de servirle al pueblo venezolano, no al partido que esté en el poder en algún momento determinado. Mientras el gobierno ha abusado con frecuencia de los medios de comunicación privados al promover su agenda política, desafortunadamente no se ha aplicado lo mismo a los medios públicos. Todos los medios de comunicación, sin importar su afiliación política, deben esforzarse por ofrecer información relacionada a la campaña presidencial con objetividad y equilibrio”, destacó Mills.
En conversaciones con el IPI el año pasado, la directora ejecutiva del IPYS, Marianela Balbi, expresó su preocupación sobre la interferencia directa del gobierno venezolano en el contenido de 300 medios de comunicación comunitarios, que son una fuente de suma importancia en las áreas rurales de Venezuela y que son financiados por el gobierno.
El líder interino y candidato presidencial Nicolás Maduro ha seguido usando el poder gubernamental para interferir con la cobertura de los medios, característica que presentaba su antecesor. Al IPI le preocupa particularmente el uso de las cadenas, transmisiones del gobierno que deben ser difundidas por todos los medios, tanto públicos como privados. En el transcurso del fin de semana, Maduro utilizó una cadena para describir al candidato de la oposición, Henrique Capriles, como “miserable, irresponsable y fascista”.
El IPI también se preocupa por la decisión de excluir a Globovisión, un canal independiente conocido por su cobertura crítica al gobierno de Chávez, de la nueva transmisión en señal digital del país. La estación considera la decisión como “una sentencia de muerte”, según reportajes.
Globovisión ha sido con frecuencia objeto de sanciones administrativas y legales que los observadores creen que están diseñadas para silenciar a la estación. En julio pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela confirmó una multa de $ 2.162.000 en contra de la estación por fomentar «la zozobra, el odio y la intolerancia», durante la cobertura de un trágico motín en la cárcel en la cárcel de El Rodeo cerca de Caracas en junio de 2011. Globovisión también está lidiando actualmente con seis procesos administrativos iniciados por Conatel, la Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela. Estos procesos, que se remontan a 2008, podrían resultar en el cierre temporal de Globovisión, de acuerdo con documentos presentados al IPI por el asesor legal del canal, Ricardo Antela.
Este lunes, el dueño mayoritario de Globovisión, Guillermo Zuloaga, confirmó los planes para vender el 80% de las acciones del canal. El comprador es Juan Domingo Cordero, un magnate de los seguros con supuestos vínculos con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. La venta, que no se finalizaría hasta después de las elecciones presidenciales, ha levantado preocupaciones por el futuro de una de las pocas voces críticas al partido gobernante.
Durante el curso de la enfermedad de Chávez y después de su muerte, el gobierno de Venezuela ha manifestado la intención de mantener un estricto control sobre la información dada al público. Por ejemplo, el Gobierno reaccionó enérgicamente a la publicación de informes sobre el supuesto traslado de Chávez a la isla de la Orchila y su posterior admisión al Hospital Militar, el 2 de marzo, por los diarios El Nacional y El Universal, ambos de propiedad privada. Maduro acusó a la prensa de seguir «una estrategia de terrorismo mediático» con la intención de desprestigiar y desestabilizar al gobierno, según el IPYS.
El IPI expresa también su inquietud por un reciente acto de violencia contra la periodista colombiana que trabajaba como corresponsal en Venezuela, Carmen Andrea Rengifo. De acuerdo con el periódico colombiano Semana, Rengifo y su camarógrafo Samuel Sotomayor fueron atacados por presuntos simpatizantes de Chávez el 5 de marzo. Rengifo escapó del ataque del martes con sólo fracturas menores, mientras que Sotomayor no fue herido.
Semana especula que Rengifo, quien se encontraba en la capital para cubrir la noticia de la muerte de Chávez, podría haber sido víctima de agresión por sus informes. En 2012 ella cubrió una explosión en una refinería en Paraguaná, lo que llevó a una disputa con Chávez después de que la periodista afirmara que los residentes locales habían advertido de un olor a gas antes de la explosión.
