La nueva ley no especifica qué tipo de información deberá ser pública.
(IPYS/IFEX) – El 3 de marzo de 2010, el presidente Rafael Correa envío un pedido a la Asamblea Nacional para que en el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la sección de rendición de cuentas, se incluya a los medios de comunicación «por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas que prestan servicio público de la comunicación».
De esta manera se faculta a los ciudadanos pedir información sobre los medios de comunicación, aunque no se especifica qué tipo de información deberá ser pública.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será el ente encargado de establecer los mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas y el cumplimiento de estas disposiciones. Este organismo ha sido cuestionado pues varios de sus miembros son cercanos al partido de gobierno.
Para el jurista Antonio Rodríguez, se trata de una disposición política que busca no solo controlar, sino perseguir a los medios privados.
Juan Carlos Calderón, periodista de diario «Expreso», opinó que al catalogar a la comunicación como un servicio público se justifica el control sobre los medios. Señaló que la acción presidencial es un intento de menoscabar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
El gobierno sustentó su medida señalando que los medios prestan el servicio público de la comunicación, por lo que la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones.
De acuerdo a la misiva presidencial, los medios también deberán crear espacios para la difusión de los deberes y derechos de los ciudadanos.
