Un año después del golpe de Estado, tres organizaciones de IFEX han firmado una acción conjunta lamentando las condiciones de libertad de expresión en el país.
(AMARC/C-Libre/RSF/IFEX) – 28 June 2010 – Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y el Comité por la libre expresión (C-Libre) han decidido pronunciarse juntos, un año después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Este acontecimiento ha marcado probablemente uno de los más vertiginosos fracasos de las libertades fundamentales en un país – en particular la de informar y ser informado – hasta el punto de hacerlo caer al peor rango mundial para la libertad de los periodistas.
Destacan dos principales períodos en estos acontecimientos. El primero – que va del derrocamiento de Manuel Zelaya por el ejército hasta la investidura de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero – se ha caracterizado a nivel mediático por actos de censura, sabotajes, brutalidades y militarizaciones de medios de comunicación conocidos por su línea de oposición al golpe. Fue el caso de la cadena Canal 36 Cholusat, Radio Globo, Radio Progreso y Radio Uno, así como de medios comunitarios como la radio garífuna Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), devastada por un incendio criminal, el pasado 6 de enero, y en cuya reconstrucción participaron nuestras tres organizaciones. La censura y el sabotaje también afectaron a la prensa extranjera desde las primeras horas del golpe de Estado, y medios tan distintos como CNN Español y Telesur, de los que una decena de periodistas resultaron expulsados del país.
El segundo período, post-golpe de Estado, va de la última investidura presidencial a este primer «aniversario», y se distingue sobre todo por el asesinato de ocho profesionales de los medios de comunicación desde marzo a junio de 2010:
-Joseph Ochoa, cadena Canal 51, 1 de marzo
-David Meza Montesinos, cadena Abriendo Brecha y radio El Patio, 11 de marzo
-Nahúm Palacios, cadena Televisora de Aguán – Canal 5, 14 de marzo
-Bayardo Mairena, cadena Canal 4, 26 de marzo
-Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 de marzo
-Luis Antonio Chévez, emisora W 105, 11 de abril (locutor)
-Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 de abril
-Luis Arturo Mondragón, cadena Canal 19, 14 de junio
Se añaden a esta lista defensores de derechos humanos, como Walter Tróchez, secuestrado y asesinado en el mes de diciembre. Es posible que todos estos asesinatos no estén relacionados con la violencia política que afecta al país desde hace un año. Pero no justifica en ningún caso la actitud de las autoridades que consiste en excluir sistemáticamente, y a priori, cualquier relación entre estos dramas y dicha violencia. No obstante, Nahúm Palacios Arteaga denunció frecuentes persecuciones por parte del ejército del que era víctima antes de que lo matasen. Georgino Orellana se expuso personalmente al abandonar por razones editoriales sus anteriores redacciones de La Prensa y Televicentro, dos medios de comunicación favorables al golpe de Estado. Joseph Ochoa, por su parte, fue blanco de un atentado destinado a su compañera de la cadena Canal 8, Karol Cabrera, por apoyar al golpe de Estado, refugiada desde entonces en Canadá.
¿Cómo negar la constancia de la violencia política contra los medios de comunicación tras el increíble asalto llevado a cabo, el pasado 3 de junio, por militares y policías contra la recién creada radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, voz de una comunidad rural en conflicto con el magnate de la agroindustria Miguel Facussé? ¿Cómo interpretar la nominación al mando de la empresa pública de telecomunicaciones Hondutel, el 8 de marzo, del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador de la censura justo después del golpe de Estado? ¿Cómo entender el silencio de las autoridades tras dos conminaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección física de los periodistas de Radio Progreso y de su director, Ismael Moreno, amenazados de muerte?
De la voluntad de las autoridades actuales en responder de manera concreta a esta situación depende la reintegración de Honduras en la Organización de los Estados Americanos (OEA), suspendida de la misma desde de hace un año. Hasta ahora solo han confirmado la lógica nacida del golpe de Estado.
En su ámbito de competencias, nuestras organizaciones demandan:
-Que una comisión de investigación civil independiente constituida con el apoyo de la OEA pueda ejercer sin impedimentos un poder de observación sobre las investigaciones relativas a los asesinatos y agresiones a los periodistas cometidos durante el primer semestre del año 2010, así como a la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a los comunicadores y medios de comunicación.
-Que esta labor dé lugar a la creación de auténticos mecanismos de protección a favor de los profesionales de los medios de comunicación y de investigaciones que den los responsables y terminen con la impunidad en que se encuentran los asesinatos y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.
-Que se registren y restituyan los equipamientos de los medios de comunicación víctimas de una ocupación militar desde el 28 de junio de 2009 en base de criterios democráticos que garanticen la pluralidad y la diversidad informativa para los sectores comercial, público y comunitario.
-Que se realice un recuento de las frecuencias audiovisuales junto con una reestructuración de su sistema de atribución.
-Que la legislación hondureña en materia de acceso a la información, de delitos de libertad de expresión, de diversidad de los medios de comunicación y de pluralismo se adapte cuanto antes a las normas jurídicas internacionales y a los marcos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
