El IPI y la Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe celebran el primer fruto de su campaña en el Caribe e instan a la derogación de la difamación sediciosa.
(IPI/IFEX) – VIENA, 24 de octubre de 2012 – El Instituto Internacional de la Prensa (IPI por sus siglas en inglés) felicitó a Granada por convertirse en el primer país caribeño en despenalizar la difamación pero instó al gobierno granadino a abolir el delito de “seditious defamation” (difamación de carácter sedicioso).
De acuerdo al Ministerio de Asuntos Legales de Granada, en una reforma del Código Penal granadino en el mes de julio se incluyó la derogación de la Sección 252 del código, la cual regulaba las difamaciones no intencionales e intencionales. La disposición establecía condenas de cárcel de hasta seis meses y dos años, respectivamente. La Sección 253, que establecía las circunstancias en que se podía cometer difamación penal, también fue derogada. Estos cambios dados a conocer la semana pasada ocurrieron como parte de la Ley de Enmienda del Código Penal de 2012, de la cual el IPI obtuvo una copia.
Estos cambios vienen dados por los esfuerzos realizados por el IPI y la Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe (ACM por sus siglas en inglés), aliado estratégico del IPI. El IPI y la ACM iniciaron una campaña a principios de este año para abolir las leyes que penalizan la difamación en el Caribe y, en una carta enviada en mayo de este año, instaron al primer ministro de Granada, Tillman Thomas, a eliminar las condenas por difamación del Código Penal granadino.
El fiscal general de Granada, Rohan A. Phillip, declaró al IPI por teléfono: «Incluso mientras era oposición, este Gobierno ha sentido, igual que gran parte del mundo, que tener la difamación penal entre sus leyes era un obstáculo legal a la libertad de expresión y de prensa. Creemos que las cortes civiles y las compensaciones son lo más adecuado».
Cuando se le preguntó sobre lo que implica la derogación, el fiscal general dijo que la abolición de la difamación penal «ayuda a mantener viva la democracia y a mantener bajo control a aquellos que tienen las riendas del poder».
Rawle Titus, presidente de la Asociación de Trabajadores de los Medios de Granada (MWAG por sus siglas en inglés), dijo al IPI que celebraba con cautela esta derogación: «Hay que felicitar al gobierno granadino y ver la derogación como un paso en la dirección correcta. Esperamos que vayan más allá y deroguen la difamación sediciosa».
«Estamos muy entusiasmados con la despenalización de la difamación en Granada. Es un ejemplo que esperamos que el resto del Caribe siga», dijo la directora ejecutiva del IPI Alison Bethel McKenzie. «Quisiera agradecerle al primer ministro Tillman Thomas por haber continuado con su intención declarada de abolir las leyes que penalizan la difamación este año.”
Bethel McKenzie agregó: “Este es un día muy importante para la libertad de prensa no sólo en Granada, sino también en todo el Caribe. Las leyes que penalizan la difamación son arcaicas, superfluas y una amenaza para el libre ejercicio del periodismo mientras se mantengan un llamado a los demás estados del Caribe a que sigan el ejemplo de Granada y envíen estas leyes al basurero de la historia».
La directora ejecutiva del IPI instó a Jamaica, a la República Dominicana y a Barbados especialmente a que aprueben o modifiquen las leyes pendientes para despenalizar la difamación antes de fin de año. Bethel McKenzie también reiteró el llamado a Trinidad y Tobago a que discuta sus leyes de difamación penal.
Wesley Gibbings, presidente de la Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe (ACM por sus siglas en inglés), dijo: «Este momento es muy importante para la historia moderna del Caribe y especialmente para esas personas que, como yo, desean condiciones más favorables para lograr una libertad de expresión sin restricciones. El reto ahora es para los demás miembros de la comunidad del Caribe que han expresado su deseo de ir en esta dirección, pero aún no poseen la voluntad política o confianza necesaria».
La despenalización de la difamación en Granada es particularmente importante, debido a que este país fue uno de los pocos en el Caribe en aplicar leyes de difamación en años recientes. En 1999, el entonces editor de Grenada Today, George Worme, fue arrestado y acusado de difamación, luego de escribir un editorial que acusaba de soborno al entonces primer ministro Keith Mitchell.
Este caso llegó al Consejo Privado del Reino Unido, el cual funge como la última instancia legal para muchos de los países angloparlantes del Caribe. En George Worme and Grenada Today v. Commissioner of Police of Grenada (2004), el Consejo dictaminó que la Sección 252 era una restricción razonable a las garantías de libertad de expresión establecidas en la Constitución granadina.
A pesar de la derogación de las Secciones 252 y 253, la difamación sediciosa, la cual es regulada por la Sección 327, continúa siendo un delito en Granada con penas de cárcel de hasta dos años. La Sección 328, que establece como una falta insultar a la Reina, también continúa en la ley.
Bethel McKenzie añadió: «Además de esta victoria incuestionable para la libertad de los medios, el gobierno granadino debería seguir adelante y eliminar la difamación sediciosa del Código Penal».
Rawle Titus recordó al IPI que cargos por difamación sediciosa han sido recientemente aplicados en Granada. El caso más notable fue en contra del periodista Stanley Charles en 1998.
En junio de este año, el IPI, en alianza con la ACM, emprendió una misión de dos semanas a Barbados, la República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago para promover la despenalización de la difamación, como parte de la campaña del IPI para abolir estos delitos en el Caribe. El IPI presentó el informe final de la misión la semana pasada.
En el Congreso Mundial 2012 del IPI en Trinidad y Tobago, los miembros del IPI aprobaron la «Declaración de Puerto España», la cual hace un llamado a los gobiernos del Caribe a abolir las leyes que penalizan la difamación, con el objetivo de lograr medios de comunicación fuertes, libres e independientes. En el congreso, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, prometió modificar las leyes que penalizan la difamación en la isla para que estén en armonía con los estándares internacionales.
