Catorce organizaciones piden justicia en el caso de Zamora y respeto al Estado de derecho
En el último año, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha emprendido una serie de intentos desesperados de criminalizar el periodismo en Guatemala. Uno de los puntos más bajos de esta campaña ha sido el encarcelamiento y condena del destacado periodista de investigación José Rubén Zamora. Como parte de una amplia campaña del gobierno para silenciar y desempoderar a aquellos cuyo trabajo amenaza al arraigado poder corrupto, los abogados de Zamora fueron intimidados, su periódico fue obligado a cerrar y al menos 20 periodistas locales han huido del país por su seguridad.
Mientras tanto, el gobierno sigue esforzándose por socavar el Estado de derecho y las instituciones públicas, y sus recientes y flagrantes intentos de perturbar el proceso electoral democrático han despertado la alarma internacional. El deterioro de la libertad de prensa en Guatemala fue documentado exhaustivamente el pasado mes de mayo por una misión conjunta de investigación que incluía al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y a otras nueve organizaciones, y puso de manifiesto la alarmante situación de los periodistas y la prensa en todo el país.
Desde las catorce organizaciones abajo firmantes, instamos al Tribunal Octavo de Sentencia Penal de Guatemala a que detenga y revierta este constante deterioro de la democracia, impartiendo la debida justicia en el caso de Zamora para que pueda ser liberado sin más demora. Este acto de justicia contribuiría en gran medida a restablecer la confianza pública en el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, mientras el país se prepara para sus elecciones del 20 de agosto.
El 29 de julio de 2022, la policía de Guatemala allanó el domicilio de Zamora, fundador y editor del diario de investigación periodística elPeriódico, y la redacción del medio. En mayo de 2023, elPeriódico dejó de publicarse en Internet y, tras 26 años, cerró por completo sus operaciones, dejando un vacío enorme en los medios de investigación de Guatemala antes de las elecciones generales del país. En régimen de aislamiento durante la prisión preventiva, Zamora fue forzado a contratar hasta nueve abogados mientras él y su familia intentaban desacreditar los cargos y lograr que se hiciera justicia. El 14 de junio, Zamora fue declarado culpable de lavado de activos, absuelto de los cargos de chantaje y tráfico de influencias, y condenado a seis años de prisión y una multa. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos han criticado ampliamente las acusaciones en contra de él, clasificándolas de represalias políticas.
Como parte de sus observaciones al juicio de Zamora, la American Bar Association y la iniciativa de Clooney Foundation for Justice Trialwatch ha documentado en una línea del tiempo las irregularidades en el proceso legal, notando que “Zamora ha sido representado por nueve abogados diferentes a lo largo de los procedimientos, y muchos no parecieron tener acceso al expediente”
Zamora fundó su periódico en 1996 para que sirviera de vehículo para la rendición pública de cuentas. elPeriódico evolucionó hasta convertirse en una escuela de trabajo para periodistas de investigación que perfeccionaron sus habilidades para denunciar la corrupción en Guatemala, un país con un historial de represión de los medios de comunicación y graves violaciones de derechos humanos.
La campaña en contra de elPeriódico y su equipo es parte de una reacción más amplia dirigida a fiscales, periodistas y otras personas involucradas con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisión anticorrupción respaldada por Naciones Unidas activa en el país hasta 2019. Durante los últimos cuatro años, varios fiscales y jueces involucrados en la CICIG han sido forzados a salir de Guatemala. Con el encarcelamiento de Zamora, la administración de Giammattei centró su atención en otros periodistas, particularmente reporteros de investigación.
En mayo de este año, organizaciones internacionales condujeron una misión para monitorear la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala de cara a las elecciones. La misión reportó un atmósfera problemática de intimidación, miedo y autocensura entre los periodistas, conduciendo a muchos a negarse a colocar sus nombres en su trabajo por miedo a represalias. Las personas periodistas y comunicadoras entrevistadas dijeron que la estrategia de comunicación en contra de la libertad de prensa se ha convertido en un asunto sistemático, involucrando a representantes estatales, el sector empresarial privado y el crimen organizado.
En un informe de marzo de 2020, cuando Giammattei estaba a punto de asumir el poder, el CPJ destacó las preocupaciones por la libertad de prensa en Guatemala, incluyendo el uso de procedimientos penales para tomar represalias contra los periodistas; temores al respecto de que los periodistas que cubrían a la CICIG y a los esfuerzos contra la corrupción pudieran ser blanco de políticos agraviados y otras personas poderosas; y preocupaciones de que los/las periodistas rurales e indígenas enfrentaran discriminación y amenazas de grupos criminales y funcionarios corruptos. Dos años después, la administración de Giammattei asestó un duro golpe a la prensa al encarcelar a Zamora.
Los funcionarios electos han intentado durante mucho tiempo silenciar a Zamora y a su medio de comunicación. En 2013 y 2014, el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías presentaron denuncias penales contra Zamora en respuesta a sus reportajes y comentarios críticos.
Entre los ataques anteriores a Zamora también se incluyen:
- Agosto 2008: Zamora fue secuestrado, golpeado y drogado.
- 24 de junio 2003: Zamora y su familia fueron atacados e intimidados por un grupo armado en su casa en Ciudad de Guatemala.
- 15 de mayo 1996: dos granadas fueron arrojadas de un vehículo cuando Zamora estaba cenando en un restaurante de Ciudad de Guatemala, dañando su automóvil.
Los ataques contra Zamora son un claro ejemplo de la erosión de la libertad de expresión y la criminalización del periodismo en Guatemala. Las autoridades deben poner fin a estas represalias contra él y respetar el Estado de derecho. Es hora de que Zamora sea liberado.