Hacia la justicia y la construcción de la paz – Perfil del país Colombia

Después de décadas de conflicto armado interno en el que millones se vieron obligados a abandonar sus hogares, y más de 220.000 personas perdieron la vida, la implementación de las conversaciones de paz entre los combatientes rebeldes y el gobierno debe ser motivo de esperanza. Sin embargo, la cultura de violencia e impunidad está profundamente arraigada, con un número de muertes y desapariciones que sigue terriblemente alto y una justicia que parece difícil de alcanzar para los abusos cometidos en el pasado.

Lo que más piden las víctimas, incluso más que la reparación o la justicia, es la verdad. Las víctimas quieren saber qué pasó, cómo sucedió, cuándo ocurrió, dónde sucedió y por qué sucedió.

Un partidario del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, agita una bandera durante un mitin frente al Congreso, en Bogotá, Colombia, el lunes 3 de octubre de 2016. (AP Photo/Fernando Vergara)

GOBIERNO:

República de Colombia. Presidente: Iván Duque, elegido en junio de 2018 con el 54% del voto.

CAPITAL: Bogotá

POBLACIÓN: 48.65 m

PIB: US$ 282.5 bn

MIEMBRO DE:

Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)

MIEMBROS DE IFEX QUE TRABAJAN EN EL PAÍS:

Fundación para la Libertad de Prensa | flip.org.co
Fundación Karisma | karisma.org.co

ÍNDICE DE LIBERTAD DE PRENSA

Reporteros sin Fronteras Índice de libertad de prensa 2018 130 de 180 países

Décadas de terror y esperanzas para la paz

Desde hace más de cinco décadas, los colombianos han vivido bajo un régimen de terror mientras grupos rebeldes marxistas luchaban contra las fuerzas gubernamentales, paramilitares de derecha invadían grandes áreas del país a menudo colaborando con el ejército, los abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales no hacían más que incrementarse y, más recientemente, sumándose una criminalidad relacionada con los narcos que se apoderó del país. El miedo a estas fuerzas hizo que 6,8 millones de personas se convirtieran en desplazados internos, estos números solo se pueden equiparar con la situación actual en Siria. Los asesinatos registrados han superado los 220.000, muchas de las víctimas eran civiles. Miles más han desaparecido. Los asesinos, tanto de las fuerzas gubernamentales, de los paramilitares como de los guerrilleros, gozan de una impunidad casi total, lo que le ha valido a Colombia la reputación de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo.

Sin embargo, a partir de 2004, el número de muertes empezó a disminuir a medida que el conflicto político se desvanecía, que comenzara la desmovilización de los grupos paramilitares, y más tarde, en 2012, que se iniciaran las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para el año 2014 el número de muertes se había estabilizado en torno a los 3.000 por año, además de una fuerte reducción en el número de desapariciones.

Las intermitentes conversaciones de paz con las FARC culminaron en la firma de un acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016, un movimiento que llevaría a la entrega de las armas por parte de las FARC a los observadores de la ONU y su reintegración a la vida civil bajo la supervisión de un grupo de seguimiento tripartita formado por el gobierno, las FARC y la ONU. El acuerdo de paz fue muy bien acogido a nivel internacional, así como en casa, comparándolo con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a los cuarenta años de ‘problemas’ en Irlanda del Norte. El acuerdo fue sometido a votación pública por referéndum el 3 de octubre 2016 en medio de grandes expectativas de que sería aprobado. Pero esto no sucedería, y en un resultado que tomó por sorpresa a los que apoyaban el acuerdo, se perdió la votación con una mayoría de tan sólo 50,02%.

En la raíz de la oposición al acuerdo de paz está la ansiedad en torno a si los ex rebeldes podrían integrarse a la vida civil después de décadas gobernadas por la violencia y sobre el papel continuo de las redes criminales. También preocupaba que en virtud del acuerdo, guerrilleros y miembros de las fuerzas armadas que han cometido crímenes de guerra podrían evitar pasar tiempo en la cárcel y que los autores podrían ser autorizados a postularse para un cargo público. También hay otros temores de que nuevos grupos y redes criminales llenen el vacío dejado por las FARC. El presidente Juan Manuel Santos fijó inmediatamente el establecimiento de un diálogo renovadoentre las FARC, el lobby del «no» y el gobierno para «guiar este proceso de paz hacia un final feliz».

El 30 de noviembre de 2016, el Congreso de Colombia aprobó una nueva versión revisada del acuerdo de paz que abordó varios reclamos del acuerdo original. Bajo el nuevo acuerdo, los rebeldes de las FARC dejarían sus armas y, en el 27 de junio de 2017, el desarme estaba completo.

Los defensores de los derechos humanos siguen en la línea de fuego

A pesar del acuerdo de paz, los defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas de derechos indígenas y comunitarios y periodistas siguen corriendo riesgo de ser atacados. Al comienzo de las negociaciones, según informó Front Line Defenders, ya se notaba un ‘alarmante deterioro’ de la seguridad de los defensores de los derechos humanos: 69 fueron asesinados en los primeros ocho meses de 2015 comparados con 35 en el mismo período en 2014. Al mes de abril de 2017, el alarmante número de líderes sociales y defensores de los derechos humanos reportados como asesinados en los 14 meses anteriores había llegado a 156. El hecho de que el número de muertos continue aumentando parece confirmar los temores de que nuevos grupos de derecha y grupos delictivos están intentando moverse a áreas previamente controladas por las FARC.

Las esperanzas de que el acuerdo de paz ponga un fin al desplazamiento masivo de grandes sectores de la población que en 2015 se registró en alrededor de 200.000 anualmente, aunque se redujeron considerablemente, aún no se han cumplido. En marzo de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró que 11.363 personas habían sido desplazadas mientras grupos armados irregulares luchaban por el control de áreas a lo largo de la costa pacífica colombiana. En los primeros tres meses de 2017 solamente, 3,549 más habían sido forzados a salir de sus hogares. La mayoría de los afectados provienen de comunidades afrocolombianas e indígenas, ya muy afectadas por la pobreza y la discriminación.

Entre los valientes activistas de derechos asesinados en 2017 se encuentran Emilsen Manyoma, golpeada y luego asesinada junto a su marido en enero. Líder de la comunidad afrocolombiana activa desde 2006, documentaba asesinatos y desapariciones para la Comisión de la Verdad, que comenzó a trabajar en abril de 2017 para llevar justicia a las víctimas del conflicto de 52 años. También en enero, Yoryanis Isabel Bernal Varela, activista indígena y de derechos de las mujeres, y líder de la tribu Wiwa que vive en la Sierra Nevada, fue asesinada. En marzo, Ruth Alicia Lopez Guisao, fue asesinada en Medellín por pistoleros desconocidos. Había estado trabajando con comunidades indígenas en proyectos de bienestar social en un área donde los paramilitares están luchando por el control. La lista continua.

Mujeres de América Latina y el Caribe, reunidas en Bogotá (Colombia) con motivo del XII Encuentro Feminista Internacional, marcharon por las calles de la ciudad para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres.
Crédito: ONU Mujeres

La larga espera de los periodistas por justicia

Los periodistas han estado al frente de los ataques y, como tantos otros defensores de los derechos, se han dado cuenta que la reparación puede tardarse mucho en llegar.

• Un ejemplo es el caso de Nelson Carvajal Carvajal, periodista asesinado en 1998. Después de 17 años de frustración por la falta de avances de las investigaciones del gobierno sobre su muerte, en 2015, su familia dio la bienvenida a la decisión de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomara el caso, y se abrieran las audiencias en agosto de 2017. El asesinato de Carvajal y de otros periodistas ha sido objeto de una intensa campaña por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que envió 11 misiones a Colombia durante ese tiempo. En un veredicto históricoen junio de 2018, la Corte de la CIDH declaró al Estado colombiano culpable de violar el derecho a la vida de Carvajal, culpable de no garantizar su derecho a la libertad de expresión, culpable de no ofrecer garantías judiciales para investigar el asesinato y culpable de no proteger a los parientes del periodista.
• La reportera Jineth Bedoya, una defensora de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia, ha esperado muchos años para que se hiciera justicia después de un proceso que ha sido descrito como ‘glacial’ y plagado por una mala administración judicial. Por ejemplo, dos oficiales que admitieron su secuestro, violación y tortura recibieron penas reducidas mediante negociaciones. En marzo de 2017, Bedoya fue sometida a la 12ª sesión ante un tribunal para revivir su calvario y dar detalles sobre el mismo. El caso continúa. Bedoya fue capturada fuera de una prisión de Bogotá en mayo de 2000, cuando estaba informando sobre las presuntas transacciones de armas entre los grupos paramilitares y funcionarios del Estado. Ella sigue presionando para que se condene a otros autores, y para que se reconozca la complicidad del gobierno en los ataques.

Un programa gubernamental creado en 2000 que proporciona protección para los periodistas ha sido criticado por no impedir los asesinatos, y no abordar la necesidad de una investigación y del procesamiento de los culpables.

Continúan los ataques a la prensa

El monitor de la prensa colombiana la Fundación para la libertad de prensa (FLIP) informó que en 2015 hubo 147 casos de agresión contra periodistas, entre ellos dos asesinatos atribuidos a paramilitares. Estos ataques continuaron en 2016. Por ejemplo, en mayo de ese año, la periodista Salud Hernández-Mora fue secuestrada por rebeldes del ELN, al igual que otro reportero y un camarógrafo que se dispusieron a cubrir su desaparición. Todos fueron liberados unos días más tarde. Hubo entonces un hiato de seis meses sin ataques a la prensa entre junio y diciembre de 2016. Luego, en enero de 2017, los ataques se reanudaron, cuando dos periodistas que cubrían un asesinato fueron atacados y amenazados para que no continuaran su investigación. Desde entonces, organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas han denunciado amenazas de muerte, un ataque con cuchillos y disparos de desconocidos contra periodistas que cubren delitos y abusos contra los derechos humanos. Dos periodistas extranjeros también fueron secuestrados por rebeldes del ELN en junio de 2017 para ser liberados un par de días después. La violencia y las amenazas continuaron a lo largo de la segunda mitad del año y hasta 2018: en agosto de 2017, el periodista criminalista Mauricio Cardoso fue atacado por personas armadas de cuchillos en el suroeste de Colombia; unos meses después, en noviembre de 2017, la periodista Efigenia Vásquez Astudillo recibió un disparo mortal mientras cubría las operaciones de la policía antidisturbios durante una protesta de indígenas; en la primavera de 2018, el famoso caricaturista político, Julio César González (conocido como ‘Matador’) fue expulsado de las redes sociales después de ser blanco de amenazas de muerte y acciones legales por parte de los partidarios del senador (y ex presidente) Álvaro Uribe. César González describió muy seguido a Uribe como un saboteador del proceso de paz de Colombia.

La vigilancia y el espionaje ilegal son otras amenazas que enfrentan los periodistas, una situación que se tornó tan aguda que condujo a la disolución de la agencia de inteligencia nacional en 2011, y la creación de una nueva ley de inteligencia en 2013. La ley establece penas severas para los oficiales que van más allá de los límites legales. Sin embargo, algunos monitores de los medios, incluyendo la Fundación Karisma, señalan que el espionaje y las escuchas telefónicas de los periodistas son continuos. Las investigaciones sobre estas violaciones de la privacidad han sido insuficientes y poco transparentes.

¿Qué esperanzas hay de acabar con la impunidad?

La disminución del conflicto interno en Colombia en los últimos años ha tenido un impacto significativo en el número de ataques y homicidios. Aunque el acuerdo de paz ha enfrentado obstáculos, el proceso ha abierto el debate, identificado caminos a seguir y ha demostrado que existe una voluntad para encontrar una solución. Sin embargo, sigue siendo sumamente peligroso ser un defensor de los derechos humanos, activista o periodista de investigación, y nuevos jugadores violentos están entrando en juego, llenando el vacío dejado por aquellos que han abandonado las armas. Este peligro sólo puede ser disipado por investigaciones y enjuiciamientos apropiados de los que llevan a cabo esos crímenes, y al hacerlo, poner fin a la impunidad que tantos perpetuadores han disfrutado en el pasado.