A lo largo de las manifestaciones públicas que se iniciaron en marzo, se han producido más de 160 violaciones del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a buscar, recibir y difundir información.
DESTINATARIOS:
Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M / G Néstor Reverol
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas
Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz
Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, M / G Antonio Benavides Torres
Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez
9 de junio 2017
IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe que promueve y defiende la libertad de expresión en toda la región, está alarmada por las repetidas violaciones de la libertad de expresión que han tenido lugar durante las recientes protestas en Venezuela.
A lo largo de las manifestaciones públicas que se iniciaron en marzo, se han producido más de 160 violaciones del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Entre el 28 de marzo de 2017 y el 1 de junio de 2017, estos incidentes han afectado a más de 200 personas, entre ellas periodistas, fotoperiodistas, operadores de cámaras y trabajadores de los medios de comunicación, así como los propios medios de comunicación. IFEX-ALC condena enérgicamente estas violaciones.
Entre los ejemplos de estos incidentes encontramos ataques físicos, robo de equipos, desalojos de periodistas de zonas de medios, amenazas, detenciones arbitrarias, bloqueo de sitios web, vigilancia policial, persecución en medios sociales, cierre de emisoras de radio y, más recientemente, confiscación de pasaportes resultando en una prohibición de facto de abandonar el país. Estos ataques han sido perpetrados por funcionarios gubernamentales, así como por grupos de civiles armados, fuerzas militares y de seguridad civil que actúan con un uso desproporcionado de la fuerza que se torna incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión.
Desde principios de 2017, los bloqueos frecuentes de sitios web, así como los ataques selectivos y anónimos contra los medios de comunicación independientes y los servidores de organizaciones de derechos humanos han revelado patrones en las formas en que la libertad de expresión y el libre flujo de información están siendo socavados. Todo esto sucede en un momento en que el intercambio de información ha pasado a desarrollarse predominantemente en línea.
La salida de CNN en Español de la programación por cable señaló la intensificación del hostigamiento contra la prensa extranjera y el fortalecimiento de la censura que ha impedido informar sobre los conflictos en el país. Más de 20 periodistas han sido detenidos intentando ingresar a Venezuela y otros han sido deportados por trabajar en suelo venezolano. Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha mantenido presión y vigilancia en los medios y redes sociales, restringiendo la libre circulación de contenidos en la televisión, la radio e Internet.
Estos reveses de la libertad de información, así como la difusión de desinformación y la exacerbación de los riesgos para la práctica del periodismo, son ejemplos de la reacción del Estado ante las manifestaciones ciudadanas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Estos incidentes se producen en un contexto de crisis social e inestabilidad institucional. La represión estatal ha aumentado hasta incluir el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas lanzadas contra manifestantes y periodistas, ataques en zonas residenciales, detenciones arbitrarias de manifestantes y periodistas y, más recientemente, el procesamiento de manifestantes detenidos en tribunales militares. El gobierno venezolano también ha extendido el estado de emergencia, situación que amenaza el ejercicio pleno y efectivo de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos de asociación, reunión y expresión. Las protestas han sido en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones anticonstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y de las recientes actuaciones del Ejecutivo de promover de forma ilegítima una Asamblea Nacional Constituyente.
Hasta la fecha, se han producido más de 1450 protestas en todo el país. Según el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales, más de 77 personas han muerto en conflictos que ocurrieron en las calles. Mientras tanto, 2815 personas han sido detenidas y de ellas, 1240 siguen siendo detenidas y juzgadas ante tribunales civiles y militares, según cifras del Foro Penal Venezolano.
En respuesta a esta situación, IFEX-ALC llama a los poderes estatales a:
- Cumplir inmediatamente con las recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión realizadas el año pasado por 23 Estados durante el Examen Periódico Universal de Venezuela (EPU) en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Cesar el discurso sistemático y violento contra el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación
- Prevenir y condenar enérgicamente la violencia contra periodistas que cubren manifestaciones en las calles y garantizar la seguridad de los periodistas y cibernautas cuando buscan e intercambian información
- Investigar y castigar prontamente e imparcialmente a los responsables de incidentes contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos regulares que ejercen su derecho a buscar, recibir y compartir información
- Garantizar sin demora los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales y respetar el derecho a la información
- Cesar de inmediato las acciones contra los medios de comunicación y los proveedores de servicios de Internet, que pueden afectar el derecho de los ciudadanos a ser informados de manera relevante, adecuada y oportuna
