El primer hecho es la onerosa, desproporcionada e injustificada sentencia en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano," que pone en evidencia los millonarios contratos del hermano del Presidente Rafael Correa con el Estado ecuatoriano.
(IFEX-ALC) – el 17 de febrero de 2012 – Las organizaciones integrantes de IFEX-ALC – una alianza de 16 miembros del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) en América Latina y el Caribe – expresamos nuestra preocupación por una serie de gravísimos hechos que deterioran y ponen en peligro las libertades fundamentales en el Ecuador.
El primer hecho es la onerosa, desproporcionada e injustificada sentencia en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro «El Gran Hermano,» que pone en evidencia los millonarios contratos del hermano del Presidente Rafael Correa con el Estado ecuatoriano. El monto de la indemnización otorgada por la Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, Mercedes Portilla, es absolutamente desproporcionado con el supuesto daño causado con el ejercicio de un periodismo libre y responsable y carece de justificación alguna, pues el primer mandatario y sus abogados nunca presentaron pruebas del supuesto daño moral causado, recurriendo a una figura inexistente en la legislación ecuatoriana, como es la «afectación espiritual».
El segundo hecho es la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas, denominado «Código de la Democracia», las cuales establecen serias restricciones al derecho de los ecuatorianos a informar y ser informados sin censura previa, al fijar la prohibición de que los medios transmitan reportajes, notas o cualquier mensaje que pueda ser interpretado como una promoción directa o indirecta, a favor o en contra, de los distintos candidatos a cargos de elección popular. No solo eso, además prohiben que cualquier sujeto privado pueda contratar publicidad sobre cualquier asunto referente al proceso electoral, con lo cual se limita el derecho de los ciudadanos y de la sociedad civil a, por ejemplo, promover el voto responsable, o el voto de los jóvenes, etc. Finalmente se establecen restricciones sobre las coberturas que pueden realizar los medios durante la misma jornada electoral.
El tercero, probablemente el caso más emblemático de atentado a la libre expresión y al trabajo de la prensa en el Ecuador es el que afecta al diario El Universo. Carlos, Nicolás y César Pérez, directivos del diario ecuatoriano, junto con Emilio Palacio, ex articulista del medio, han sido condenados en última instancia a 3 años de prisión y al pago de un total de 40 millones de dólares. Esto pese a que hace pocos días se posesionaron los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, y a que el tribunal fue sorteado en un acto no público, como la ley ordena.
Estos casos son únicamente los más recientes y más representativos de una larga lista de agresiones en contra de los periodistas y los medios de comunicación. Consideramos que la situación de las libertades fundamentales de la libertad de expresión en el Ecuador han llegado a un punto de deterioro que obliga a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante estos hechos. Por esa razón exhortamos que:
1. Que el Gobierno ecuatoriano se abstenga de utilizar la justicia para perseguir periodistas.
2. El Gobierno ecuatoriano cese en la propagación de un discurso estigmatizante acerca de los periodistas y medios de comunicación privados y no utilice más los legítimos mecanismos de comunicación estatal para descalificarlos.
3. La comunidad internacional medie para que se inicie un amplio diálogo social entre todos los sectores involucrados en el actual conflicto Gobierno-Prensa con el fin de llegar a prontos acuerdos que garantice de la mejor forma los derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos y los principios mínimos que deben regir en una democracia.
4. El Gobierno garantice que se va a garantizar el trabajo libre de los periodistas durante la campaña electoral, incluso respetando la adopción de legítimas posiciones editoriales de parte de los medios de comunicación privados.
