IFEX-ALC, junto a sus miembros Fundamedios y ACM, demandan la eliminación de las leyes que penalizan con USD $5,000 y hasta 3 años de cárcel a quienes emitan información que el gobierno pudiera calificar como “noticias falsas”. Estas normativas son un antecedente nefasto para la libertad de expresión en las Américas.
El 20 de mayo de 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico interpusieron una demanda, a nombre de los periodistas investigativos Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, por violación a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense por parte de las dos leyes más recientes que penalizarían a los informantes de lo que el gobierno considere como «noticias falsas».
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico para que se declaren inconstitucionales “de su faz” ambas leyes porque atentan contra el derecho a la libertad de prensa y violan la 1ra y la 4ta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos; provocan censura previa (efecto amedrentador) a la cobertura de noticiosa del COVID-19 y otras emergencias; y dejan vulnerables ante el gobierno a los periodistas que cuestionen su trabajo. De ser hallados culpables, los periodistas se exponen a un mínimo de 6 meses y hasta 3 años de cárcel, y una multa de USD $5,000.
Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos en la que rigen normativas que criminalizan la opinión. La demanda de la ACLU marca un precedente para evitar que leyes similares sean aprobadas en otros estados del país. Las normativas son consideradas peligrosas porque pueden ser usadas para procesar selectivamente a quienes critican al gobierno y a sus funcionarios. Las disposiciones son vagas, tienen un alcance amplio y violan los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
La normativa no requiere que el gobierno demuestre que quien haya emitido una supuesta noticia falsa sabía que su expresión era falsa. Las leyes proveen a los ciudadanos muy pocas guías sobre qué puede constituir un crimen y confieren demasiada discrecionalidad al gobierno para decidir a quién enjuiciar. Como consecuencia, las leyes paralizan una porción importante de los reportajes sobre la crisis generada a raíz de la pandemia de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas correrían el riesgo de ser enjuiciados por sus trabajos investigativos.
Los periodistas demandantes aseguran que algunas fuentes se han negado a compartir información, declarando que les preocupaba que pudieran ser procesados bajo la vigencia de estas leyes. No solo se ha buscado intimidar a los periodistas y a las fuentes, sino que Puerto Rico coloca una barrera importante a la información de interés público y al debate en momentos en que la ciudadanía debe estar informada para prevenir los efectos de la crisis de salud mundial.
IFEX-ALC, Fundamedios y ACM entienden que enfrentar la emergencia de salud con estados de excepción permite limitar algunos derechos, como el de circulación o de reunión, aun en ese contexto esas restricciones debe de ser las mínimas y jamás pueden justificar la interpretación extensiva para limitar otros derechos como el de expresión y de prensa. Estos, por el contrario, en el actual contexto de pandemia son sumamente relevantes.
Exhortamos al gobierno de Puerto Rico a derogar las leyes que penalizan las llamadas “noticias falsas” y cumplir con los estándares internacionales para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión e información.
Sobre IFEX-ALC:
IFEX-ALC, de la red global de IFEX, está integrada por 24 organizaciones en 14 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre.
