Las 24 organizaciones que integramos la red IFEX-ALC y defendemos la libertad de expresión y la prensa libre en 14 países de América Latina y el Caribe y somos parte de IFEX, una red global dedicada a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión, manifestamos nuestra profunda preocupación por el estado de la libertad de expresión en Honduras.
En los últimos meses, las numerosas protestas que, entre otras reivindicaciones económicas y sociales, exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández han sido duramente reprimidas por la policía y han traído consigo numerosas agresiones contra periodistas. Según las cifras de Amnistía Internacional, seis personas fallecieron y decenas más han resultado heridas dado el uso desproporcionado de la fuerza de las autoridades.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad manifestó que se reservaba el derecho de hacer un “análisis exhaustivo de los contenidos maliciosos que están incitando a la población al desorden”.
A lo anterior se suma un ambiente legal poco favorable para la libertad de expresión. A las organizaciones que conformamos IFEX-ALC nos preocupa la reforma al Código Penal que entrará en vigencia este año y la ley de ciberseguridad que esta tramitando el Congreso de Honduras, que incorporará al marco legal disposiciones sobre cibercrimen, normas que ya han sido aprobadas en primer y segundo debate. Es de gran preocupación el contenido de las citadas leyes pero también el procedimiento bajo el cual han sido tramitadas por el Congreso.
La falta de transparencia sobre la agenda del Congreso, es una barrera para la participación ciudadana y evita que quienes están interesados en los proyectos de ley que se debaten puedan actuar y exponer sus puntos de vista a los congresistas que los representan.
La reforma al código penal establece la criminalización de los delitos contra el honor como la injuria y la calumnia y además incluye los tipos penales de injuria y la calumnia indirectas. El Sistema Interamericano, ha manifestado de forma reiterada su preocupación por el uso de las leyes que criminalizan cualquier tipo de expresión, por sus efectos inhibidores para la libertad de expresión.
La criminalización de la expresión puede facilitar la persecución política de quienes usan espacios digitales para opinar sobre temas de interés público pues sus expresiones pueden ser consideradas ofensivas para el Estado.
Por su parte, aunque la iniciativa de ley de ciberseguridad habla de instituciones que están relacionadas con políticas de ciberseguridad, como el centro de respuestas a incidencia cibernética, vemos con preocupación que esta norma está destinada al control de contenidos producidos por usuarios y por tanto aunque se le de marco en la ciberseguridad, en el fondo la iniciativa legítima una propuesta legislativa de control de redes sociales que tiene como resultado la censura.
La Ley de ciberseguridad además, incluye disposiciones de regulación de las plataformas digitales disponiendo normas de responsabilidad de intermediarios que van en contravía con la promoción y protección de la libertad de expresión. Si esta norma se aprueba en Honduras las plataformas, usualmente grandes empresas privadas, serán las encargadas de bloquear o bajar contenidos en un plazo máximo de 24 horas sin ningún tipo de mecanismo que permita al afectado quejarse de la medida para evitar el bloqueo, ni para protestarlo.
El proyecto de ley busca enfrentar estas críticas creando una entidad interinstitucional integrada por el sector privado y el público relegando a la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica a un papel secundario y pasivo que no aporta a la transparencia y seguridad jurídica que este tipo de mecanismos deberían tener, ni consigue satisfacer las preocupaciones por la privatización de actividades que deberían ser judiciales.
El riesgo se incrementa con normas como la que establece la obligación que se impone a las plataformas de conservar durante 30 días los datos de conexión IP de los usuarios. Se deduce de esta disposición que la finalidad es apoyar la función policiva del centro de respuesta rápida para apoyar un sistema de vigilancia de las personas, con unos poderes que se convierten en una amenaza a los principios democráticos y a la libertad de expresión.
IFEX-ALC hace un llamado al Estado hondureño a:
- Respetar y garantizar los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión de sus habitantes, y frenar inmediatamente la represión en contra de los manifestantes. Igualmente debe proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas que cubren las manifestaciones.
- Adoptar el marco legal en materia penal a los estándares internacionales y en particular a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El marco legal penal debe dar seguridad jurídica y evitar ambigüedades, lo opuesto a lo que hace el proyecto de ley de ciberseguridad y la reforma al código penal.
- Adecuar el proyecto de ley de ciberseguridad a los estándares internacionales fijados entre otros por el Relator Especial para la promoción y protección del derecho a la opinión y la expresión de las Naciones Unidas.
