Honduras se ha convertido en "uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio informativo, con al menos nueve periodistas asesinados en nueve meses," dijo la comisión.
(AMARC/ARTICLE 19/IFEX) – 9 de septiembre de 2010 – Casi nueve meses después de que el presidente Porfirio Lobo llegó al poder en Honduras, las investigaciones de asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas y medios de comunicación comunitarios están plagadas de errores e incongruencias, dijo una comisión de investigación de tres organizaciones internacionales. La Comisión, integrada por ARTICLE 19, International Media Support (IMS) y AMARC – América Latina y el Caribe a través de su Programa de Legislaciones, encontró que las constantes amenazas y ataques contra periodistas y medios han fomentado un clima de temor y desinformación.
«Honduras se convirtió este año en uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio informativo, con al menos 9 periodistas asesinados en 9 meses,» dijo la Comisión. «Periodistas locales e independientes y radios comunitarias son los más vulnerables.»
Ante las continuas violaciones en contra la libertad de expresión en Honduras, estas tres organizaciones internacionales de apoyo a los medios de comunicación y de defensa de la libertad de expresión llevaron a cabo una comisión de investigación en Tegucigalpa, Tocoa, Zacate Grande y en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, del 24 de agosto al 2 de septiembre de 2010, con el fin de verificar la situación en la que se encuentran los casos de asesinatos y agresiones en contra de medios de comunicación.
La Comisión investigó la respuesta y acciones de las instancias estatales en el asesinato el 14 de marzo de Nahúm Palacios, reportero del Canal 5 de Tocoa, así como el incendio contra la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) el 6 de enero. Las amenazas a la emisora Radio Progreso, ocupada por los militares durante el Golpe de Estado, continúan y un juez exculpó a los agresores aduciendo que la radio igual saldría del aire por el decreto que ordenó el cierre de medios. Todos estos medios tenían medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«El gobierno nacional no asume su responsabilidad, la policía local no protege a los periodistas y la policía judicial ignora protocolos en las fases claves de sus investigaciones,» encontró la Comisión. «Es la inacción misma de las autoridades que permitió que estos y otros ataques se perpetraran.»
La Comisión también investigó el caso de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, en la costa suroeste de Honduras, abierta en abril de este año. El magnate agroindustrial Miguel Facussé Barjum acusó a sus representantes, desde el momento en que se abrió la emisora, por «usurpación» de sus tierras. El 3 de junio de 2010, un contingente de soldados y agentes de la policía entró y cerró la emisora, que se enfrenta ahora a una batalla legal. El 22 de agosto, se produjo un enfrentamiento entre miembros de la comunidad, enviados por Facussé, en el que tres personas resultaron heridas. La policía que se encontraba presente no hizo nada para evitar las agresiones.
La CIDH, después de su visita en mayo de 2010 a Honduras, concluyó que estos asesinatos y las amenazas no han sido investigados adecuadamente y solicitó a Honduras que determinara si los crímenes estaban relacionados con el ejercicio de la profesión. La Policía Nacional sostiene que todos los casos han sido investigados adecuadamente y que ninguno de ellos está relacionado con el ejercicio de la profesión. Los hallazgos de la Comisión demuestran lo contrario.
Aunque el presidente Porfirio Lobo ha expresado su preocupación por los asesinatos de periodistas, sus palabras no se han traducido en acciones, ni en resultados. Una orden de aprehensión ha sido dictada para cuatro individuos acusados de ser los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista de radio David Montesinos Meza el 11 de marzo en la ciudad de La Ceiba en la costa atlántica. En contraste no existen avances en el asesinato de su colega, Nahum Palacios Arteaga, quien fue baleado tres días después, tras las amenazas que presuntamente proceden del ejército y/o de personas vinculados con el narcotráfico.
En la mayor parte de los casos las autoridades muestran pocos avances en las investigaciones sobre los homicidios y las amenazas continuas y no se han producido otras detenciones o procesamientos.
El 1 de septiembre, el Congreso de Honduras dio a conocer un informe sobre los avances por las autoridades policiales y judiciales en las investigaciones de asesinatos de periodistas. A pesar de ser el primero de su tipo en Honduras, el informe no disipa los temores de la colusión política en una serie de investigaciones fallidas.
La Comisión encontró que más allá de emitir informes que confirman la ineficacia de la policía en la investigación de los casos, el Congreso hondureño debería implementar acciones concretas como el proporcionar apoyo financiero sustancial a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, que se ocupa de las investigaciones de los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos.
«El 15 de septiembre, el Congreso comienza a discutir el presupuesto nacional,» señalo la Comisión. «Sin el respaldo financiero serio, las instancias claves de seguridad y las fuerzas judiciales siguen teniendo como pretexto la falta de presupuesto para cumplir con sus obligaciones, manteniendo el clima de impunidad.»
El Congreso también debe reformar la Ley de Telecomunicaciones para el reconocimiento de los medios comunitarios en condiciones de equidad, y garantías para la pluralidad y la diversidad en los medios.
Los miembros de la Comisión se reunieron con periodistas independientes, miembros de las radios comunitarias, familiares de los periodistas, los abogados de derechos humanos y activistas, así como con organismos internacionales en el país. En octubre próximo, la misión presentará su informe de investigación final a la CIDH en Washington, D.C., que dará cuenta si el estado hondureño está investigando de forma adecuada los ataques contra las radios comunitarias y otros medios locales y los asesinatos de periodistas en el país.
