Edición especial: Laura Vidal examina los apagones o cortes de internet y las complejidades que esta práctica supone en la región. Basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En la región, los cortes o apagones de internet no son un tema que se pueda percibir claramente. Las tácticas que buscan interferir con el acceso a internet suelen ser sutiles y difíciles de detectar y constituyen una forma particularmente insidiosa de censura. Esto puede plantear desafíos importantes, tanto para investigadores como para activistas que se dedican a rastrear y combatir ese tipo de violaciones.
El uso de apagones de internet por parte de regímenes autoritarios se ha extendido a nivel mundial y supone una amenaza grave para la libertad de expresión. Si bien en América Latina se considera que es una práctica poco frecuente, una mirada más detenida revela una realidad distinta. Organizaciones y expertos detectan cada vez más una variedad de matices en los métodos que buscan interferir con el acceso a internet y en los contextos en los que esos métodos se despliegan. Advierten que es importante entenderlos para poder detectarlos y contrarrestarlos.
En esencia, un apagón es una interrupción intencional de servicios de comunicación que los torna inaccesibles o inutilizables en un territorio específico y en circunstancias particulares.
Los apagones o cortes impuestos por gobiernos autoritarios suelen darse durante (o antes de) situaciones sociales complicadas, como pueden ser protestas públicas, estallidos sociales o períodos electorales. Las justificaciones que se dan de la imposición de estos cortes varían. En ocasiones toman la forma de decretos administrativos o judiciales; en otras no existe una orden explicita. Pero hay algo que no se debe perder de vista: un apagón de internet no puede ser nunca una respuesta proporcional y justificable a una crisis.
Los gobiernos de América Latina suelen emplear una estrategia más amplia para intervenir en el acceso. Esto puede incluir desde la degradación de la calidad del servicio hasta un bloqueo directo de sitios web específicos. Estos hechos coartan la libertad de expresión, el acceso a la información y la salud del espacio público en general, pero no suscitan el mismo nivel de crítica que los apagones.
Veamos algunos ejemplos de cómo se da esto en países de la región.
En Colombia, durante las protestas sociales de 2021 en el marco del Paro Nacional se produjeron cortes de internet e interrupciones de aplicaciones de mensajería y redes sociales, entre otros servicios. En un informe titulado Pistolas contra celulares, la Fundación Karisma documentó muchos de estos incidentes. Movistar, un importante Proveedor de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) de la región, atribuyó el corte de internet a un robo de cables que habría causado una interrupción del 25 % de internet, afectando sobre todo a la zona de Aguablanca. También explicó que las reparaciones se vieron obstaculizadas por las manifestaciones del Paro Nacional. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se hizo eco de estas declaraciones, pero también citó actos vandálicos como factores causales.
Sin embargo, las quejas en redes sociales pintan otra imagen. El principal problema no estuvo en Aguablanca sino en Siloe y tuvo que ver específicamente con la conectividad de los teléfonos móviles. La naturaleza de las quejas y lo que describen los usuarios estaría indicando que hubo una intervención deliberada, posiblemente a través de un bloqueador de señal, más que daños en la infraestructura.
Según Carolina Botero, varias regiones se vieron afectadas por censura. Esa fue la sensación que también manifestaron muchos en Cali el 4 de mayo, donde cortes importantes de internet coincidieron con un estallido social y con la represión de las protestas, que dejó un saldo de decenas de muertos y heridos.
La situación ambigua de Colombia contrasta con la de Cuba, donde el control gubernamental de las conexiones de internet hace que los bloqueos y las intervenciones sean más evidentes (y fáciles). En 2021, por ejemplo, manifestantes y población en general sufrieron cortes de internet y electricidad como respuesta a las protestas que caracterizaron a ese año en la isla. Durante el apagón, el gobierno respondió con una fuerte represión en la que fueron detenidas más de 5.000 personas, entre ellas 120 periodistas y activistas. Muchos de estos manifestantes y activistas continúan tras las rejas.
También se realizan cortes selectivos y específicos a líneas de comunicación contra voces disidentes. La estrategia no es nueva; el gobierno ha estado cortando líneas de comunicación específicas desde principios de los años 2000, mientras que los proveedores de servicios de internet culpan las dificultades técnicas.
En Paraguay, la situación presenta una dinámica distinta. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) documentó posibles apagones de internet en la zona norte del país, que está altamente militarizada. Ahí los cortes de señal de internet suelen anticipar intervenciones gubernamentales. Sin embargo, el hecho de que la conectividad en estas zonas rurales ya sea de por sí muy baja puede ocultar la verdadera magnitud de estos apagones.
El informe final de la misión de observación sobre la situación de los derechos humanos en la zona norte, publicado por CODEHUPY, destaca varias violaciones, entre ellas el uso de apagones de internet por la Fuerza de Tarea Conjunta, en particular durante operaciones de defensa interna. Estas interrupciones invisibilizan a zonas enteras, cortando su comunicación y agudizando los ya graves problemas de vulneraciones de los derechos humanos y la integridad física de las poblaciones de estas regiones.
En el caso de Venezuela, su capacidad de conectividad se ha ido reduciendo con los años debido a diversas limitaciones. Organizaciones locales como Espacio Público y Venezuela Inteligente registran limitaciones al acceso a internet. No siempre es posible determinar si esos cortes son intencionales o no, pero lo que es seguro es que contribuyen a configurar el desierto informativo que el gobierno venezolano refuerza a través de otros medios de censura de internet, incluidos bloqueos de sitios web.
Como en el caso paraguayo, las limitaciones técnicas – que muchas veces implican también cortes de electricidad – dificultan la determinación de un patrón de apagones. Lo que es evidente, sin embargo, es que los esfuerzos del gobierno venezolano de limitar el acceso a la información son sistemáticos. Desde bloqueos de sitios web hasta acoso a periodistas y medios de prensa, está claro que estas acciones de censura no son solo deliberadas, sino estructurales y estratégicas.
Las respuestas a los apagones tienen que ser tan variadas como lo son los apagones
Ante este complejo panorama, según los expertos, la respuesta también debe ser diversa.
La situación en Colombia, particularmente durante las protestas de Cali, es un ejemplo notable. Ante la confusión y la falta de información clara sobre las interrupciones de internet, organizaciones como El Veinte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Karisma e ISUR adoptaron una estrategia jurídica e interpusieron una acción de tutela – un mecanismo dirigido a obtener por medio judicial la protección inmediata de derechos fundamentales contra posibles violaciones por las autoridades. Esta acción busca obligar al gobierno a dar explicaciones y tomar medidas preventivas.
La acción se sustentó en el argumento de que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a internet. Si bien no había pruebas concluyentes de que el gobierno hubiera interrumpido deliberadamente el servicio de internet, se argumentó que el aumento de su presencia en la región sumado a la intervención del ejército para controlar el orden público habían creado una obligación del gobierno de mantener el acceso a internet y proporcionar proactivamente información sobre sus actividades.
A pesar de que se falló en contra de las organizaciones dos veces, el caso llegó finalmente a la Corte Constitucional de Colombia. Un año después, la corte dictó una sentencia en la que hacía lugar parcialmente a los argumentos esgrimidos por las organizaciones. Dado que ninguna de ellas estaba en Cali, se falló que se había violado su libertad de expresión debido a su imposibilidad de recibir información, lo que había afectado su trabajo como organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, FLIP no podía recibir informes en tiempo real de las agresiones a periodistas y Karisma no podía hacer un seguimiento efectivo de la situación.
La Corte Constitucional reconoció que la interrupción de internet había afectado esos derechos, subrayando la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir y procurar información.
La lucha contra los apagones de internet requiere un enfoque colaborativo que reúna a personas con competencias y conocimientos diversos. Aunque puede haber señales de alerta, es muy difícil predecir con certeza cuándo y dónde un gobierno puede decidir cortar el acceso a internet. Esta incertidumbre complica las acciones de defensa de derechos. La mitigación de sus efectos depende enormemente de una observación atenta y una comprensión más a fondo del fenómeno tanto en la región como más allá.
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