(AMARC/IFEX) – AMARC manifiesta su rechazo y profunda preocupación ante la agresión por comandos armados a periodistas, así como a medios de comunicación, en el estado de Oaxaca, con miras a acallar el quehacer informativo de los comunicadores. La principal responsabilidad por estos actos compete tanto al gobierno estatal como al federal, ya que la […]
(AMARC/IFEX) – AMARC manifiesta su rechazo y profunda preocupación ante la agresión por comandos armados a periodistas, así como a medios de comunicación, en el estado de Oaxaca, con miras a acallar el quehacer informativo de los comunicadores. La principal responsabilidad por estos actos compete tanto al gobierno estatal como al federal, ya que la confrontación entre los distintos actores sociales en la entidad es resultado de la ineficacia de las autoridades para establecer canales de diálogo y negociación.
La crisis actual de Oaxaca, que ha alcanzado niveles de ingobernabilidad, refleja el endurecimiento de los actores y la falta de oficio político tanto del gobierno federal como estatal para resolver este conflicto. Recordamos que dicho Estado ha realizado acciones coercitivas frente a la libertad de prensa, tal como sucedió durante este año con el periódico «Noticias, Voz e Imagen» (ver las alertas de IFEX del 10 de agosto de 2006, 16 y 1 de noviembre, 30 de septiembre, 20 y 1 de julio y 27 de junio de 2005).
La polarización de las partes ha llevado primero a que el movimiento popular de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) tomara 12 radiodifusoras y el canal de televisión estatal como respuesta a la cerrazón de los diversos medios de comunicación por abrir sus espacios a la expresión de este movimiento.
Aunque estos actos son desafortunados y lamentables, por cuanto afectan derechos de terceros, no podemos soslayar que se viven momentos de polarización y hartazgo social que llegó más allá de la tolerancia de los grupos sociales que han visto marginado su derecho a la libertad de expresión, es una respuesta no deseable ante la política del Estado mexicano, que evita el acceso de los ciudadanos a la propiedad de los medios y a la pluralidad informativa.
El contexto de la agresión a medios de comunicación y a periodistas en México es una situación que se ha venido denunciando desde hace varios años, pues resulta ser uno de los países donde más periodistas han sido asesinados, desaparecidos o perseguidos judicialmente por actos directamente relacionados con su ejercicio, superando a países como Colombia. También durante este sexenio la sociedad mexicana ha sido testigo de la agresión a medios de comunicación que han sido cerrados sospechosamente como el Canal 40, o con abierta represión como lo fue el caso del periódico «Noticias, Voz e Imágen».
De igual manera, la ausencia de una política de Estado en materia de medios de comunicación y de una legislación que garantice la pluralidad que permita encausar el debate social, da como resultado un modelo mediático en crisis que violenta el derecho a la información de un sector mayoritario de la población, y tiende a generar sólo más confrontación e inequidad como lo vemos con la ley televisa, sin que el Estado asuma su responsabilidad en este conflicto.
Adicionalmente, frente a actos arbitrarios e ilegales que han cometido autoridades municipales del Partido Revolucionario Institutional (PRI), y ante la ausencia de instituciones estatales capaces de responder a estas denuncias, hay comunidades que han tomando municipios. Es el caso de San Antonino donde se encuentra la radio comunitaria Calenda La Voz del Valle. Frente a la posible intervención de la policía estatal y federal, AMARC reitera el llamado urgente que han hecho un sinnúmero de organizaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que envíe visitadores al Estado y prevenga futuros actos de violaciones a los derechos humanos.
La situación ha llevado a una espiral de violencia en la que ahora todos los actores se encuentran confrontados (ver las alertas del 24, 23, 22 y 10 de agosto, 25 y 24 de julio, y 19 de junio de 2006). Por eso, AMARC- América Latina y el Caribe, y su representación en México, hacen un llamado urgente a las autoridades federales para que, con estricto apego al respeto a los derechos humanos, garanticen la seguridad física de los periodistas que cumplen con su labor informativa en Oaxaca. También AMARC considere impostergable una política de estado que garantice la participación de todos los sectores sociales para ejercer el derecho a la libertad de expresión y encausar el debate social; de lo contrario, se generará sólo más confrontación e inequidad, como lo estamos experimentando ahora de manera dramática en Oaxaca.
