(FLIP/IPYS/IFEX) – Lo que sigue es una versión abreviada de un informe especial de FLIP e IPYS, con fecha del 26 de junio de 2007: Informe especial – Periodistas reclaman garantías para cubrir el proceso de justicia y paz En medio de la zozobra trabajan los periodistas que cubren las audiencias judiciales de los desmovilizados […]
(FLIP/IPYS/IFEX) – Lo que sigue es una versión abreviada de un informe especial de FLIP e IPYS, con fecha del 26 de junio de 2007:
Informe especial – Periodistas reclaman garantías para cubrir el proceso de justicia y paz
En medio de la zozobra trabajan los periodistas que cubren las audiencias judiciales de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Con mayor frecuencia, su labor está siendo observada y documentada – a través de grabaciones y fotografías – con fines desconocidos. Adicionalmente, reciben mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que llevan a cabo afuera del centro administrativo de esa ciudad, donde se realizan las diligencias. Además de autocensurar a los periodistas, este espiral de miedo y desconfianza comenzó a silenciar a las víctimas de las AUC, quienes habían salido del anonimato para exigir verdad y reparación.
(. . . )»Normalmente, en este tipo de eventos los periodistas se encuentran en el lugar mientras hacen «lobby» para conseguir entrevistas. Como no pueden ingresar a los recintos donde los paramilitares rinden sus testimonios a los fiscales de Justicia y Paz, esperan afuera, donde confluyen familiares de víctimas y amigos de los mismos paramilitares», explicó la Revista «Semana» el pasado 8 de junio sobre la manera como se hace el cubrimiento. Es allí donde algunos desmovilizados de las AUC y desconocidos allegados a este grupo han registrado de manera sutil la actividad de los periodistas. Con algo de recelo y miedo, los comunicadores se acostumbraron a la extraña vigilancia: rondas en moto, fotografías y apuntes.
El 6 de junio de 2007 la situación se tornó crítica. Por un lado, el ex jefe paramilitar del «Bloque Élmer Cárdenas», Fredy Rendón Herrera, alias «El Alemán», afirmó en la audiencia que la prensa era tendenciosa y estaba «infiltrada por la guerrilla». Por el otro, en las afueras de la Fiscalía un grupo de desmovilizados, familiares y gente al parecer contratada para el efecto, realizaron una enorme concentración. Una manifestación de jolgorio que se convirtió en un ultraje y una provocación para el disminuido número de víctimas. Mientras los primeros celebraban, los segundos trataban simplemente de leer un comunicado con los delitos atribuidos a «El Alemán».
El periódico «El Colombiano» afirmó que se trató de por lo menos 370 seguidores del ex jefe paramilitar que llegaron en 13 buses de la población de Necoclí, con alimentación y alojamiento pago durante dos días. Explicaron que apoyaban el «trabajo social» realizado por Rendón Herrera en la región de Urabá. Apabullaron y opacaron a las cerca de 70 víctimas, familiares y representantes de éstas, con un «carnaval» con banda de música papayera, conjunto vallenato, danzas, papel picado, animación con megáfonos, aplausos, gritos y flores. Rendón Herrera acompañó la manifestación de los desmovilizados bailando asomado por una ventana. Según le dijo una funcionaria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación a un grupo de periodistas, Rendón explicó que pararía de bailar si realmente aliviara el sufrimiento de las víctimas, pero como no era así, continuaría haciéndolo.
Una periodista de un noticiero de televisión explicó la sensación generalizada de ese día: «Si bien otras veces hemos notado la presencia de ellos, pendientes de qué hablamos con las víctimas, ese día fue algo muy descarado. Todo el tiempo hubo dos tipos parados a menos de metro y medio. Nunca me dijeron nada, pero miraban de una manera agresiva, diciendo ‘aquí estamos’. Era una forma de intimidar. El camarógrafo me hacía señas, me decía «pilas con estos tipos». La misión de ellos era estar pegados al lado mío como un chicle. El temor ronda las salas de redacción y de prensa, y las preguntas son obvias: ¿para qué nos toman fotos, nos graban y nos siguen en las entrevistas que hacemos?, ¿qué uso le van a dar a ese material?, ¿qué va a venir en las próximas audiencias si no se toman las medidas necesarias?»
«Es una forma de amedrentamiento e intimidación. No creemos que esas fotos se tomen para hacer una memoria o un libro histórico. Son fotos e imágenes individualizadas de cada uno de los periodistas», comentó Fernando Cifuentes, periodista de Teleantioquia y Presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA).
También son intimidaciones los calificativos de los desmovilizados, voceros políticos y jefes de prensa de las AUC para referirse a los periodistas. (. . . )
«No conozco una sala de audiencias, no conozco una sala de víctimas. Jamás he podido entrar. Dejan entrar una cámara de todos los medios para que grabe unos minutitos antes de la audiencia. Cómo se instaló, cómo está la sala de víctimas y para afuera», indicó Fernando Cifuentes de APA.
(Ante la inconformidad de los medios y asociaciones de víctimas con la falta de acceso de los medios y las víctimas a las audiencias en donde los paramilitares dan sus «versiones libres» sobre sus crimines, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, dijo en enero de 2007 que la Fiscalía no tenía objeción alguna para que se transmitan por radio y televisión las versiones libres . . . «)
(. . . ) Hasta el día de hoy, ninguna audiencia preliminar ha sido transmitida y la cobertura periodística es del todo irregular, como lo señala Cifuentes.
Algunos periodistas han ingresado a escuchar algunas de las audiencias, pero sin la posibilidad de grabar o registrar las declaraciones de los ex paramilitares. Así, se limitan a las versiones que entregan en las afueras de la sala los familiares de las víctimas y sus voceros, desmovilizados o miembros de las Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Muchas de las informaciones se construyen a partir de testimonios de terceros.
Para los periodistas en Medellín, en el contexto de las audiencias se está jugando una batalla mediática. Los líderes paramilitares utilizan estos espacios para contradecir las informaciones periodísticas o para aclarar puntos que consideraron malinterpretados. De la misma manera, cada declaración que entregan a los periodistas está calculada, con la intención de influir en la agenda periodística y mantener un ambiente de suspenso o desconcierto. Frente a los micrófonos, los paramilitares prometen revelar pruebas contundentes en la próxima audiencia, como si se tratara de una novela. Y en ocasiones, son los propios desmovilizados quienes restringen a otros que intentan hablar con los medios.
A comienzos de junio de este año, la Fundación Villa de la Esperanza, organización civil cercana a las AUC, pagó una página completa en el semanario «El Espectador» donde resaltaba la labor social del líder desmovilizado Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», y lo calificaba como un «empresario de la paz». El publirreportaje – similar a otro publicado por la misma ONG en el diario «El Tiempo» para desagraviar al paramilitar «Cuco Vanoy» – indignó a varios sectores de opinión y representantes de organizaciones de víctimas. Una semana después, «El Espectador» emitió un comunicado donde se disculpaba por haber publicado «un reportaje publicitario que promovía las opiniones y las actuaciones de ciudadanos acusados de delitos atroces».
Como medida de autoprotección, y frente al poco respaldo de las autoridades, los periodistas hacen su trabajo en grupo. Consideran injustas las prohibiciones que se les imponen frente a la libertad con la que actúan los desmovilizados. En el caso de las grabaciones, informaron a la Policía sobre un desconocido que tenía una cámara de video escondida en su maletín, sin ningún resultado. Suele suceder lo mismo con las demás irregularidades que constantemente denuncian. Al contrario, afirman sentirse igualmente vigilados por miembros de la Fuerza Pública.
Un periodista de la alianza FLIPYS trató infructuosamente de entrevistar personalmente o vía telefónica al comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Marco Antonio Pedreros Rivera, o al subcomandante de ésta, coronel Jorge Rodríguez. Además de conocer su opinión sobre los hechos más recientes, el propósito era plantear la situación de los periodistas, las medidas de seguridad que se podrían tomar y el respaldo institucional a la labor de los medios de comunicación. (. . . )
Consideraciones
La FLIP y el IPYS, en nuestra condición de defensores de la libertad de prensa y de expresión manifestamos lo siguiente:
– Resulta preocupante el ambiente de intimidación y acoso que vienen afrontando los periodistas y las víctimas en desarrollo del proceso de Justicia y Paz en la ciudad de Medellín.
– La Fuerza Pública debe controlar las manifestaciones provocadoras e instigadores de la violencia, y garantizar la libertad de expresión pacífica y simbólica de las víctimas.
– La Fiscalía General de la Nación debe aclarar las normas aplicables sobre acceso a la información durante las audiencias libres y en las etapas posteriores. De la misma manera, deberá resolver el tema de la transmisión por televisión de las diferentes etapas del proceso.
– La Fiscalía, la Policía y el DAS deben investigar los fines del registro de la identidad de los periodistas que cubren las audiencias por parte de desconocidos, y el gobierno debe exigirle a los líderes paramilitares que cesen estas actividades de intimidación y estigmatización.
– La Policía debe prestar la protección necesaria para los periodistas que cubren el proceso de la Ley de Justicia y Paz, y prestar su colaboración para que puedan ejercer su labor de manera adecuada y sin riesgos en las instalaciones de la Fiscalía en Medellín, Antioquia, y en los demás sitios donde se lleven a cabo las audiencias.
Para la versión completa del informe, ver: http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=215
