(FLIP/IFEX) – Lo que sigue es una versión abreviada de un informe de la FLIP, con fecha del 14 de septiembre de 2007: Buenaventura. El periodismo entre el silencio y la violencia Buenaventura es el municipio más grande del Valle del Cauca en territorio y el segundo en población . . . Es uno de […]
(FLIP/IFEX) – Lo que sigue es una versión abreviada de un informe de la FLIP, con fecha del 14 de septiembre de 2007:
Buenaventura. El periodismo entre el silencio y la violencia
Buenaventura es el municipio más grande del Valle del Cauca en territorio y el segundo en población . . . Es uno de los municipios con el mayor índice de desempleo (32 por ciento), sin contar con el alto índice de subempleo y el porcentaje de la población en estado de indigencia (9 por ciento).
Estas cifras de pobreza contrastan con la importancia de este municipio para la economía del país. En el puerto de Buenaventura se maneja cerca del 55 por ciento de las importaciones y exportaciones de la nación . . . Su extensa área rural lo hace una de las zonas más importantes en materia ambiental para la nación.
Sin embargo, tanto el puerto como la zona rural de este municipio son utilizados por los grupos armados para controlar la entrada de insumos químicos para el narcotráfico. La zona rural se emplea para el cultivo y producción de drogas y el control estratégico para la salida al exterior.
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La disputa de los actores armados por el control del negocio del narcotráfico sumerge al puerto y a su población en un caos. En el 2006, esta situación ha cobrado más de un centenar de víctimas en múltiples atentados en la cabecera municipal del puerto.
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Los periodistas acogidos por el programa de protección del Ministerio del Interior se quejan de que las medidas preventivas de seguridad – como rondas policiales a las residencias de los periodistas y a los medios de comunicación – no se han vuelto a realizar. Estas medidas, ordenadas por el Ministerio, fueron refrendadas con el compromiso de las autoridades locales.
Finalmente, en medio de esta multiplicidad de crisis políticas, administrativas, policiales, humanitarias y económicas, se encuentra el periodismo que se debate entre el silencio y la desaparición. En medio de los fuegos cruzados de los actores del conflicto armado y el narcotráfico, en medio de la corrupción administrativa y de la problemática social, el periodismo lucha por ser independiente y combatir la autocensura, cruzada que lo lleva a ser amenazado o a sucumbir a la mordaza impuesta por la violencia y la corrupción.
Entre 2003 y lo transcurrido de 2007, la FLIP ha registrado cerca de 19 violaciones a la libertad de prensa en este municipio del departamento del Valle del Cauca. La amenaza es sin lugar a duda uno de los mecanismos más utilizados por la guerrilla, las autodefensas, los narcotraficantes y la corrupción para silenciar el periodismo del puerto. De estas 19 violaciones a la libertad de prensa, 16 corresponden a amenazas a periodistas. A dos de esos periodistas las amenazas los obligaron a salir de la región y posteriormente del país.
William Soto Cheng, periodista del canal local Telemar, quien dirigía varios programas de opinión en este medio, fue asesinado en diciembre de 2003 luego de denunciar algunos casos de corrupción administrativa y la intervención de algunos funcionarios públicos de la época en delitos electorales (ver alerta de IFEX del 13 de diciembre de 2003). Este asesinato, como el de tantos otros periodistas en años anteriores, aún sigue en la impunidad.
En diálogo con la FLIP, Adonai Cárdenas Castillo, corresponsal del diario «El País» de Cali, y uno de los periodistas más afectados por las amenazas en el puerto, señaló: «La autocensura es la única estrategia de seguridad de los periodistas en el puerto de Buenaventura. Pese al despliegue de seguridad en el puerto, las garantías para que ejerzamos el periodismo no existen».
Frente a este panorama, las autoridades desconocen el papel de la prensa en Buenaventura, incluso algunas de ellas se atreven a afirmar que en el puerto no existe el periodismo. Otros, contradiciendo esta afirmación, señalan que el periodismo goza de todas las garantías de seguridad y que el ambiente del puerto, en términos de orden público, se presta para que los periodistas, y en general la población, se sientan amenazados.
Por su parte, el representante de la Fiscalía General de la Nación seccional Buenaventura, en medio de un consejo ordinario de seguridad del municipio llevado a cabo el pasado 18 de abril, afirmó que no se conocen denuncias de periodistas por el delito de amenazas. La FLIP indagó esto con los comunicadores del puerto, quienes señalaron que las denuncias por sus amenazas no reposan en las oficinas del la Fiscalía en Buenaventura, sino en otras unidades o seccionales, ya que desconfían de sus funcionarios y de la respuesta que se le dé a sus denuncias.
Esta desconfianza no sólo esta centrada en los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, sino también en los agentes de la Policía, el DAS y miembros de la administración municipal, pues según lo afirman algunos periodistas, se reconoce la relación de algunos de ellos con los grupos la margen de la ley que operan en la zona.
Lucy Giraldo, representante de Pastoral Social en Buenaventura, señala que los periodistas enfrentan serios inconvenientes para el acceso a la información que se produce a diario en los diferentes barrios del puerto, dominados por uno y otro bando. Así pues, localidades como el barrio Lleras y el barrio Córdoba, son territorios en los que los periodistas no entran y las autoridades no ejercen la ley.
Sin embargo, Giraldo destaca la importancia del periodismo en medio del conflicto que se vive hoy en Buenaventura, pues aunque circule poca información, ésta trata de destacar algo de la verdadera problemática social que vive este municipio. Giraldo añade: «pese a los serios inconvenientes, como las amenazas, la autocensura y la corrupción, el periodismo de Buenaventura se resiste a callar».
Para leer el informe completo, ver: http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=249