(IPYS/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa del IPYS con fecha del 5 de mayo de 2005: Venezuela: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información, Informe 2005 Durante 2005 se registraron 121 casos y 164 víctimas por violaciones al derecho a la libertad de expresión. Aunque el número de […]
(IPYS/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa del IPYS con fecha del 5 de mayo de 2005:
Venezuela: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información, Informe 2005
Durante 2005 se registraron 121 casos y 164 víctimas por violaciones al derecho a la libertad de expresión. Aunque el número de situaciones limitativas se redujo 14,18 % con relación al 2004, la cantidad de afectados aumentó 7,93%. Esto evidencia que las acciones ejecutadas contra la prensa tuvieron un mayor alcance y afectaron a más personas.
Así lo revela el libro «Venezuela: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información: Informe 2005», del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la organización Espacio Público, presentado este miércoles 3 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa.
El informe, coordinado por Carlos Correa, integrante de la organización Espacio Público, y Andrés Cañizález, presidente del IPYS Venezuela, y que se presenta por cuarto año consecutivo, consta de cinco capítulos en los que se analiza, de manera exhaustiva, cómo se desarrolló durante el año 2005, el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela.
La primera parte del informe contiene un balance estadístico analítico sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión e información.
De las 121 situaciones registradas en 2005 se desprenden 144 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información, lo que se traduce en una considerable reducción (52,79%) en comparación con 2004, cuando se registraron 305.
Las violaciones más frecuentes fueron la Intimidación (21,53%), Hostigamiento Judicial (19,44%), Hostigamiento Verbal (11,11%), Agresión (10,42%), Amenaza (11,11%), Censura (9,03%), Restricción Administrativa (9,03%), Ataque (6,94%) y Restricción Legal (1,39%). No se registraron muertes de trabajadores de la prensa.
Con relación a la profesión u oficio de las víctimas los más afectados fueron los Reporteros, tanto individualmente (28,66%) como integrante de un equipo (4,27%). Este año, como hecho novedoso, se registraron casos donde fueron afectados todos los periodistas de una fuente, en su mayoría, por decisiones de jefes o directores de organismos estatales o vigilantes y porteros. En total fueron 9 situaciones, lo que se presenta el 5,49%.
Con respecto a los victimarios directos, se observa que durante 2005 la responsabilidad recae con mayor incidencia (69,92%) en el Estado, que en los particulares (30,08%), lo que rompe con el patrón de 2004, cuando la relación era mucho más paritaria: 61,78% de responsabilidad estatal y 38,22% para los particulares.
Los victimarios estatales para 2005 se ordenan de la siguiente forma: Autoridades Regionales (17,44%), Jueces (15,12%), Fiscalía (12,79%), FAN (12,79) Seniat (11,63%), Ejecutivo Nacional (8,14%), Seguridad de Organismos Públicos (4,65%), Asamblea Nacional (4,65%), Conatel (3,49%), CICPC (3,49%), TSJ (2,33%), DIM (1,16), Autoridades municipales (1,16) y Policía Estadal (1,16).
Con respecto a los victimarios particulares, la categoría Otros es la más representativa con 51,35%. Dentro de esta categoría se incluye a personas que iniciaron juicios privados contra periodistas y manifestantes (sobre todo estudiantes) que agredieron a reporteros y destrozaron cámaras fotográficas y de video al calor de protestas desvinculadas de la polarización política. Seguidamente se encuentran Presuntos simpatizantes del gobierno (24,32%), No identificados (13,51%) y Medios de comunicación (10,81%).
Este año se incluyó la categoría Medio de Comunicación, porque se registraron casos de censura dentro de los propios medios. Además, en una ocasión medios de comunicación solicitaron vigilancia sobre la cobertura electoral de sus pares.
Con respecto a la distribución geográfica de las violaciones a la libertad de expresión e información, estas continúan siendo más frecuentes en el Distrito Capital, donde se presentaron 59 casos (48,76%). Seguidamente se encuentran los estados Bolívar (10,74%), Carabobo (8,26%), Aragua (7,44%), Anzoátegui (4,13%), Táchira (4,13%), Lara (3,31%), Mérida (2,48%), Monagas (2,48%), Zulia (2,48%), Otros (2,48%), Falcón (1,65%) y Sucre (1,65%).
Comparado con 2004, las limitaciones se están desplazando hacia las regiones. El año pasado la capital sumó más de la mitad de los casos registrados (67,38%), mientras que en 2005 no. Aunque el patrón continúa siendo el mismo, la frecuencia ha aumentado en el estado Bolívar en 46,15% y se ha mantenido igual Carabobo. El estado Aragua registró un aumento del 77,77%.
El segundo capítulo del libro aborda el tema de la censura y autocensura en los medios de comunicación venezolanos. Este texto esboza, a partir de los datos de una investigación del IPYS, las características del ejercicio del periodismo en el país y del fenómeno de la autocensura en las redacciones y salas de prensa nacionales. Su redactor es el periodista Hugo Prieto, actual colaborador del vespertino Tal Cual y la revista Veintiuno de la Fundación Bigott.
El siguiente texto corresponde al doctor en Ciencias de la Comunicación Carlos Correa, quien explica de forma sencilla cómo el acceso a la información pública es un derecho intrínseco al de la libertad de expresión. Este ensayo hace un breve recorrido por las disposiciones de los pactos y convenios internacionales y en las leyes venezolanas que amparan este derecho. Además, ofrece claves para su ejercicio en el país.
El cuarto capítulo, redactado por el investigador Andrés Cañizález, plantea cómo el derecho a la libertad de expresión resulta imprescindible para el desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento de un sistema democrático, puesto que este derecho comprende la libertad de todo individuo a buscar, recibir y difundir información y opinión, así como también el desarrollo colectivo de participar en forma plena a través del libre intercambio de ideas e información.
Finalmente se presenta una cronología pormenorizada en la que se relatan los hechos relacionados con el ejercicio periodístico ocurridos durante cada mes del año en el país.
El informe es el resultado de un trabajo conjunto entre el IPYS y Espacio Público, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Alemania.
La KAS trabaja en Venezuela desde 1962 y entre sus líneas de acción está la ampliación del debate público sobre temas de importancia para el desarrollo de los medios de comunicación y su papel en las sociedades democráticas.
El IPYS es una sociedad de periodistas que promueve la libertad de prensa y el periodismo independiente y de investigación. Fue fundado en Perú en 1993 y se estableció en Venezuela en mayo de 2002.
Espacio Público es una asociación civil venezolana dedicada a impulsar una práctica de comunicación social, pública y privada de calidad que contribuya a fortalecer una sociedad democrática y participativa.
