Una mirada panorámica sobre la situación actual de derechos humanos en Nicaragua, considerando su relación con las tecnologías digitales.
Cet article a été initialement publié sur derechosdigitales.org.
El presente informe tiene el propósito de compartir una mirada panorámica sobre la situación actual de derechos humanos en Nicaragua, considerando su relación con las tecnologías digitales. Nos concentraremos en los hechos acaecidos desde 2018, año en que se suscitaron enormes protestas y manifestaciones públicas, que a su vez fueron sucedidas por una fuerte reacción gubernamental.
Como exploraremos a continuación, frente al complejo contexto político que vive el país, en el que el poder ejecutivo concentra el poder y el control sobre las instituciones del Estado y sobre la población,[1] los entornos digitales han representado un espacio de disputas. Por una parte, internet ha sido un medio privilegiado por personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tanto dentro como fuera de Nicaragua, para difundir información y denunciar abusos, incluso a la comunidad internacional. Por otro, estas personas han sido objeto de censura, represión y hostigamientos por parte de entes gubernamentales, legitimados por normas abusivas.
El análisis de las implicaciones del contexto de vulneraciones de derechos humanos en el ámbito digital es crucial para entender el proceso de cierre del espacio cívico nicaragüense en los últimos años, por lo que esperamos que este informe sirva como insumo a las organizaciones y autoridades internacionales de derechos humanos.
El texto se construye a partir de la revisión de fuentes de información secundarias, así como de algunas entrevistas con activistas cercanas al contexto local. Está dividido en tres apartados. En el primero exploraremos la situación de derechos humanos en Nicaragua, recuperando los principales marcos regulatorios que han criminalizado las conductas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y oposición política al Gobierno.
En el segundo apartado expondremos las principales tendencias de la vulneración de derechos y su vínculo con las tecnologías digitales. Finalmente, analizaremos el contexto al que se enfrentan los medios de comunicación independientes.
Marco normativo aplicable al entorno digital
Tras la serie de grandes protestas sociales ocurridas en Nicaragua en 2018 y la violenta reacción del Gobierno, los índices de vulneraciones de derechos humanos se han agravado en el país.[2] En aquellas movilizaciones se registraron 76 personas asesinadas y 868 heridas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de una serie de detenciones arbitrarias.[3] La represión estatal vino acompañada de medidas para legitimar dichas acciones.
En un periodo de cinco años se ha consolidado un marco legislativo que le brinda al Gobierno las atribuciones para censurar, reprimir y condenar a la ciudadanía, periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
El espacio cívico ha sido significativamente sofocado debido a legislaciones que imponen medidas administrativas a las organizaciones de la sociedad civil, que funcionan como barreras para limitar el trabajo y la permanencia legal de dichas instituciones en el país. Esto ha tenido como consecuencia la cancelación de la personería jurídica de 2.634 organizaciones entre 2018 y 2022, según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirma que “el 95% de ellas habrían sido canceladas en 2022” (RELE, 2023, p.299).