(PROBIDAD/IFEX) – Periodistas de la Asociación civil por una Sociedad más Justa (ASJ) son objeto desde hace tres semanas de una serie de hostigamientos e intimidaciones por parte de personeros de la empresa privada de seguridad Delta Segurity, a raíz de unos trabajos de investigación periodística y denuncias de incumplimiento laboral a sus trabajadores. Delta […]
(PROBIDAD/IFEX) – Periodistas de la Asociación civil por una Sociedad más Justa (ASJ) son objeto desde hace tres semanas de una serie de hostigamientos e intimidaciones por parte de personeros de la empresa privada de seguridad Delta Segurity, a raíz de unos trabajos de investigación periodística y denuncias de incumplimiento laboral a sus trabajadores.
Delta Segurity es propiedad del empresario Elvin Richard Swasey, y tiene su sede principal en la ciudad de La Ceiba, en la costa atlántica del país. En la investigación de los periodistas, se develó que esta empresa, para poder seguir licitando contratos con el Estado, habría creado otra compañía afín denominada Setech.
En Setech, según los periodistas, labora el mismo personal que trabaja en Delta Segurity, quienes son cancelados sin prestaciones y luego recontratados, violando todos los procedimientos legales, según las investigaciones hechas por los periodistas. En su trabajo, los periodistas encontraron no sólo violaciones laborales a los derechos de los empleados, sino que irregularidades en los procedimientos para obtener contratos de seguridad privada con el Estado.
De momento, Delta Segurity, tiene contratos de seguridad privada en cinco importantes empresas del Estado, entre las que destacan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el ministerio de Educación, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la empresa telefónica Hondutel.
La periodista Dina Meza, responsable de proyectos de ASJ, y una de las amenazadas, declaró al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que «estamos siendo objeto de intimidaciones y amenazas telefónicas por funcionarios de esa dependencia en donde nos manifiestan que nos van a destruir, que nos cuidemos, y que incluso van a destruir a la organización».
En las últimas dos semanas, dijo, «vehículos sin placa rondan las oficinas de ASJ y se ha comunicado que quieren investigar la legalidad de nuestra organización, al tiempo que en ciertos medios de prensa han comenzado a salir notas difamando nuestra labor al poner en duda la reputación de sus ejecutivos y empleados, así como la procedencia de los recursos con que laboramos. Hay toda una campaña de desprestigio», acotó.
Meza, junto a la periodista Claudia Mendoza, son parte del equipo periodístico que ha sido amenazado. El 8 de septiembre, denunciaron, ex agentes de la policía de investigación criminal al servicio de Delta Segurity, llamaron a la organización para advertirles que los tenían «vigilados» y sabían con exactitud todos sus movimientos.
Asimismo, indicaron que a uno de los directivos de ASJ, un alto funcionario del poder judicial le pidió en un evento público «copia» de la personería jurídica para verificar su legalidad.
ASJ es una organización que labora en el país por más de una década y entre sus propósitos se encuentra apoyar proyectos orientados a la tenencia de la tierra, el tema forestal, desarrollo comunitarios, apoyo a trabajadores explotados, principalmente de comidas rápidas y ahora de las empresas de seguridad, así como difundir sus acciones en una revista mensual denominada «Revistazo.com», donde los comunicadores publican resultados de sus trabajos investigativos, denuncias y notas informativas.
De acuerdo a Meza, la explotación que son objeto los trabajadores de las empresas privadas de seguridad, «es deplorable, y en el caso de Delta Segurity ellos se han comprometido ante la Secretaría de Trabajo a respetar la ley y los derechos de los empleados, pero en la práctica no es cierto. Se burlan de la ley».
Manifestó Meza que a raíz del trabajo periodístico y de apoyo a los diversos proyectos que ejecutan, «sentimos que hemos tocado estructuras muy ligadas al actual poder político y al poder económico de este país, y ello no solo ha molestado, sino desatado en las últimas tres semanas una fuerte campaña de intimidación, hostigamiento y difamación pública en algunos medios de prensa».
En Honduras operan más de un centenar de empresas privadas de seguridad en forma legal, y otro tanto al margen de la ley. Recientemente funcionarios del ministerio de Seguridad declararon su impotencia para poder controlarlas.
Meza indicó que pondrían la denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos porque «hemos detectado que detrás de esta gente no sólo hay influyentes sectores políticos y económicos, sino que también ex agentes de policía que fungieron en los cuerpos represivos del Estado en los años ochenta».
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por C-Libre.
