(IPYS/IFEX) – Lo que sigue es una declaración del IPYS, con fecha del 29 de abril de 2008: DECLARACIÓN DEL IPYS SOBRE APCI Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE APRODEH El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechaza el uso político que el gobierno intenta darle a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que abrió […]
(IPYS/IFEX) – Lo que sigue es una declaración del IPYS, con fecha del 29 de abril de 2008:
DECLARACIÓN DEL IPYS SOBRE APCI Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE APRODEH
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechaza el uso político que el gobierno intenta darle a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que abrió una investigación especial a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) porque ésta emitió una opinión sobre el movimiento terrorista MRTA en un foro internacional, la misma que es objeto de debate público.
La vigilancia por parte del estado de las opiniones de una ONG a fin de establecer su correspondencia con sus fines y fondos abre el camino a un sinfín de arbitrariedades y es contraria a la Constitución del Perú y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estos instrumentos prohíben a los estados limitar la libertad de expresión en cualquier forma, incluida la que se esconde bajo controles oficiales, como es el caso.
Esta vía de fiscalización a la opinión de una ONG implica que la APCI, en la práctica, podría imponer aquello que el Tribunal Constitucional desestimó por inconstitucional en su momento. Es decir, autorizar únicamente puntos de vista que guardan relación con la finalidad de las donaciones, obligando a una alineación con las ideas de los financiadores, y, a través de la permisión, con la del Estado. Esto niega la libertad de expresión.
El IPYS, que se halla registrado ante la APCI y colabora en todo lo que requiere su necesaria labor de supervisión, considera que esta vez se ha excedido en sus atribuciones. Esto nos obliga a hacer pública nuestra preocupación, decididos como estamos a defender la libertad de expresión sin distingo de la posición política de los ciudadanos que se vean afectados.
El Consejo Directivo
